La tensión en las 168 cárceles de Colombia se agudizó hoy ante el aplazamiento hasta el martes 16 de la discusión en el Senado de un proyecto de ley que busca aliviar el hacinamiento.
Las cárceles colombianas tienen capacidad para 30.000 reclusos, pero que ya cuentan con 43.000.
La norma, que ofrece un conjunto de beneficios para los procesados, beneficiaría, por su carácter general, a los presos por delitos como narcotráfico, testaferrato y enriquecimiento ilícito.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) hizo frente este jueves a unos nueve motines en varias ciudades del país, en los que los presos reclaman aprobación sin restricciones del proyecto de alternatividad penal.
Esta iniciativa legislativa será estudiada por una comisión especial compuesta por siete miembros del gobierno y del propio parlamento, la cual producirá un informe que facilitará su trámite.
El proyecto ya generó una fuerte polémica días atrás en la Cámara de Diputados, pese a lo cual el texto se aprobó tal como fue enviado por la ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo.
La ministra dijo en rueda de prensa que "con el proyecto se va a beneficiar una población carcelaria de unos 7.000 internos de los 15.000 que están condenados".
El proyecto de ley consagraba originalmente concordancia con las normas penales vigentes, como el derecho a la rebaja de dos días de condena por tres de trabajo, y le anexó la prerrogativa de gozar de 15 días de vacaciones luego de cumplir las dos quintas partes del total de la pena.
El Consejo de Política Criminal, principal órgano asesor del gobierno en la materia, resolvió el martes excluir de los beneficios a los delitos que suscitaron la polémica (narcotráfico, testaferrato y enriquecimiento ilícito) y los de secuestro, homicidio en primer grado y violación.
Además, modificó la fórmula vacacional ampliando el período para hacerse acreedor al beneficio, que pasó a cuatro quintas partes en lugar de dos quinta partes.
El primero en pronunciarse contra la alternatividad penal tras aprobarse en la Cámara de Diputados fue el fiscal general, Alfonso Gómez, quien indicó que "los culpables deben cumplir la totalidad de la condena".
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Galvis, dijo a IPS que "la Corte emitirá una ponencia en la que sugerirá el archivo de este proyecto de ley de alternatividad", porque se está manejando en forma política y populista el tema del hacinamiento en las cárceles.
El parlamento, entre tanto, busca aprobar el proyecto tras acordar una solución que contemple los intereses de todos los sectores.
El senador Antonio Gómez, presidente del opositor Partido Conservador, dijo a IPS antes de comenzar el debate que "este proyecto es equivocado, el gobierno ha cometido errores, la opinión pública no lo ha recibido bien" y la población carcelaria presiona porque se encuentra en condiciones difíciles.
Del otro lado están los poco más de 6.000 guardias de prisiones, número considerado insuficiente.
Las autoridades carcelarias intentan controlar los motines desatados este jueves. En los alzamientos ocurridos en los meses de enero a abril de este año, el instituto penitenciario registró 12 bajas.
En la cárcel Modelo y el reclusorio Nacional El Bosque, en la norteña ciudad de Barranquilla, los presos se amotinaron en forma pacífica mostrando un muñeco que representaba la desaparición de la justicia penal sin rostro y la aprobación de la ley de descongestión.
Los presos de los municipios de Palmira y Tulua, en el occidental departamento del Valle, se hicieron acompañar de sus visitantes, para protestar dentro de los penales exigiendo las mismas prerrogativas.
La sublevación se extendió por el este del país, donde se levantaron los reclusos de la cárcel de Villavicencio, en el departamento del Meta, y por el noreste, con el alzamiento en la ciudad de Cúcuta.
La mayor situación más tensa se presentó en la ciudad de Sincelejo, al norte del país, donde 80 reclusos se subieron al techo de la cárcel controlando el lugar.
En Bogotá, los detenidos en la cárcel Modelo y las reclusas del penal El Buen Pastor amenazan con tomar los locales penitenciarias si el Senado no aprueba la iniciativa gubernamental.
El ministro del Interior, Carlos Trujillo, quien fue señalado como instigador de los motines, al exigir al parlamento que aprobara sin restricciones la alternatividad penal, ofreció disculpas y aseguró que "el gobierno está haciendo todo lo posible por frenar esta delicada situación de orden público".
El proyecto de ley de alternatividad penal fue presentado el 10 de diciembre de 1996 por el entonces ministro de Justicia, Carlos Medellín. (FIN/IPS/mjll/dam-ag/ip-hd/97
