El Comité de Víctimas de la Violencia (CVV) de Colombia denunció hoy al gobierno nacional ante una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) por su "indolencia" ante el asesinato de 55 campesinos en tres días.
Siete expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA iniciaron este lunes una visita a zonas de conflicto pocos días después de una de las más violentas escaladas de los grupos paramilitares.
La misión, que tiene a su cargo el informe anual sobre la situación colombiana, permanecerá en el país hasta el día 8 examinando los factores generadores de la violencia, la situación de la población civil y el comportamiento de las autoridades.
Unos 70 campesinos desplazados de la localidad de Debeiba (al noroeste) denunciaron que el miércoles último cerca de 50 hombres armados asesinaron a 14 personas, incendiaron el caserío y dispersaron a la población, que huyó hacia poblados vecinos.
El mismo día fueron masacrados a su vez en la norteña Ciénaga, centro urbano de la segunda región mayor productora de banano para exportación, otros siete campesinos.
Así mismo, en la región central de Colombia el viernes en la siete campesinos murieron en la localidad de Costa Rica, y otras 14 en la de Cundinamarca.
La matanza de Dabeiba se suma a otros hechos atribuidos a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) ocurridos en los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba, en la región conocida como el Nudo de Paramillo.
El Nudo de Paramillo es una reserva natural que da acceso desde el oeste a las tierras del jefe de las ACCU, Carlos Castaño, por quien en 1996 el gobierno ofreció una recompensa de un millón de dólares.
Fernando Vargas, presidente del CVV, dijo a IPS que "la no aplicación de justicia y promover grupos criminales haciendo leyes que permiten su accionar y les conceden indultos acelerados" son actitudes del Ejecutivo que violan los derechos humanos de los colombianos.
Según León Valencia, militante de la Corriente de Renovación Socialista (integrada por ex guerrillero, los grupos paramilitares pretenden con su escalada aniquilar la que suponen es la base social de la guerrilla.
"Aún si se tratase de base social de la guerrilla" no se justifica la agresión, la muerte o el desalojo ni en términos jurídicos ni políticos, así como tampoco se justifican los ataques de la guerrilla a sectores donde predominan paramilitares", dijo.
Cerca de un millón de colombianos fueron obligados a desplazarse en los últimos cinco años al quedar en el fuego cruzado entre guerrilla y paramilitares.
Los desplazados son las principales víctimas "de una guerra civil" de la que los centros urbanos "se enteran muy ocasionalmente", comentó Alejo Vargas, investigador de la Universidad Nacional.
El ciudadano común tiende "a no dar ningún sentido político a una confrontación que por momentos se asemeja a una carnicería protagonizada por mercenarios", señaló.
Carlos Ayala, vicepresidente de la CIDH, expresó este lunes su expresó su confianza en que los autores de estos asesinatos masivos serán sancionados adecuadamente por las autoridades colombianas.
"Es preocupante y doloroso que ocurran masacres" como las de los últimos días, comentó la canciller María Ema Mejía al término de una reunión con Ayala.
El gobierno "está muy preocupado por el incremento de las acciones de los llamados grupos de justicia privada", cuyos actos están desbordando "todas las proporciones en materia de los que son las reglas de una guerra".
Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos Humanos atribuyen a los grupos paramilitares cerca de 60 por ciento de las masacres ocurridas en lo que va del año. (FIN/IPS/yf/dg/ip-hd/97
