La respuesta del Banco Mundial a las violaciones de su política causantes del desastre económico, social y ambiental en la represa de Yacyretá, en la frontera entre Argentina y Paraguay, puede resumirse en la frase "deja que el zorro cuide a las gallinas".
La junta directiva de la agencia prestamista, haciendo a un lado recomendaciones de su propio Panel de Inspección independiente, solicitó a los gerentes del Banco que se hagan cargo de poner orden al caos de Yacyretá.
Pero los mismos gerentes son en gran parte responsables de los problemas que ahora se les pide resolver, según el Panel de Inspección.
Miembros de la junta directiva dejaron la semana pasada en manos de funcionarios del Banco la implementación de "Planes de Acción" presentados a comienzos de este año, durante las conclusiones del Panel de Inspección sobre las dos décadas de historia y polémica ininterrumpida sobre la represa.
En cuestión están las medidas para frenar la corrupción, mitigar los perjuicios ambientales y sociales, compensar a más de 50.000 personas por la pérdida de hogares y empleos y ayudarlas a reubicarse y retomar sus estilos de vida.
El problema es que los planes del Banco para remediar la situación "estaban determinados a ser inadecuados hace ya bastante tiempo", dijo a IPS Richard Bissell, ex presidente del Panel de Inspección. "Así es como la junta en general ha respondido a las recomendaciones del Panel".
'Se apoyaron mucho en afirmaciones de la gerencia según las cuales un plan de acción solucionaría todos los problemas, pero, claramente desde el punto de vista de la gente afectada, la implementación de estos planes nunca es satisfactoria", señaló Bissell.
Además, los planes "fueron diseñados sin ninguna consulta con las personas afectadas o el Panel de Inspección", dijo Elías Díaz Pena, de Sobrevivencia, grupo afiliado a Amigos de la Tierra en Paraguay. Este es el grupo que en 1996 puso en evidencia los errores del proyecto y solicitó la investigación del Panel.
Sobrevivencia tuvo la esperanza de que el informe del Panel indicará a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que construye y opera la represa, y al Banco Mundial, cómo fijar un plan de acción sólido e insistir en que la gente y el Panel tuvieran un papel activo en su supervisión e implementación.
Pero este plan lleno de errores es ahora "la Biblia del Banco", dijo Pena a IPS. La junta aún debe decidir si el Panel tendrá alguna otra función en el caso, sostuvo una una declaración del Banco.
El panel encontró que el Banco no logró evaluar los daños ambientales y sociales que podría causar la represa, se negó a consultar a las comunidades locales, y fracasó en sanar los daños provocados.
Por el contrario, el prestamista mantuvo el flujo de fondos para la problemática represa a pesar de su propia evidencia de que el proyecto había salido mal.
Gerentes del Banco, en su respuesta a Sobrevivencia, dijeron no estar "de acuerdo en que los problemas (…) y sus posibles consecuencias para la población local son el resultado de una supuesta violación de parte de la gerencia de las políticas y procedimientos del Banco".
Los gerentes defendieron su decisión de continuar los desembolsos de dinero a pesar de las violaciones contractuales, simplemente porque les correspondía tomarla.
El proyecto tiene antiguos antecedentes de fracaso, según los inspectores y auditores internos. El primer préstamo de Yacyretá fue firmado en 1979, pero un contrato de construcción se demoró hasta octubre de 1983, en medio de disputas por licitaciones.
En 1982, e incluso antes de iniciada la obra de construcción, "la demanda real de electricidad se situaba 25 por ciento por detrás de la estimación original, y no había señales de una pronta recuperación de la demanda", según un informe confidencial de auditoría de 1996.
"Ya no había la misma urgencia para construir Yacyretá", agregó.
La confirmación de grandes reservas de gas en Argentina hizo "más atractiva" la cancelación del préstamo, dijeron los auditores, agregando que, en un mínimo, el análisis económico "debía haber sido replanteado a comienzos de la década de 1980, antes de iniciar las licitaciones".
El Banco, no obstante, "no actuó con decisión al ser confrontado con los hechos".
En los años siguientes, el Banco aceptó repetidas violaciones de importantes normas, las cuales en general atribuyó a la EBY.
Mientras los críticos más duros del Banco reconocían que la EBY estaba en el centro de los problemas de Yacyretá, los costos de ingeniería y administrativos se inflaron hasta cuatro y siete veces el valor de las estimaciones generales.
Esto llevó a Carlos Menem, presidente de Argentina, quien llegó al poder en 1989, a calificar el proyecto como "un monumento a la corrupción".
Desde entonces, Buenos Aires y Asunción jugaron con la idea de privatizar la represa y lavarse las manos del asunto, una opción respaldada por autoridades del Banco que también querían zafar de los problemas.
Pero los compradores estuvieron alerta, y activistas locales, temiendo que la privatización los dejara sin recursos para hacer valer sus derechos, persuadieron a los parlamentarios a descartar la venta.
La represa de 67 kilómetros une las orillas del río Paraná de Argentina y Paraguay. Ambos países tienen partes iguales de la represa a través de la EBY, pero la financiación del proyecto fue asegurada por Argentina, que planifica utilizar toda la electricidad generada.
Yacyretá tiene casi una década de atraso, y un sobrepresupuesto de casi 8.000 millones de dólares.
El Banco Mundial, en documentos vistos por IPS, cuestiona ahora si la represa alguna vez generará suficientes ingresos para permitir al gobierno de Argentina pagar los préstamos, incluyendo unos 1.800 millones de dólares desde 1979 entregados por el Banco y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más de 5.000 personas hasta ahora han sido forzadas a abandonar riberas inundadas del río Paraná. La mayoría de ellas no fueron apropiadamente compensadas por sus pérdidas, y muchas fueron trasladadas a colonias de reasentamiento que comenzaron a destruirse tan pronto fueron terminadas.
Los trabajadores deben hacer grandes esfuerzos para llegar a sus empleos, los niños a menudo no logran llegar a la escuela, y las enfermedades aumentaron por la falta de saneamiento y pocos servicios médicos.
Nuevas reservas naturales, instaladas para compensar la pérdida de hábitats únicos, incluyen una que contiene una base militar, una carretera internacional, un vertedero de basura y tierras de las que se sacó piedra para la represa.
Los esfuerzos por prevenir estos desastres debían haber comenzado antes del inicio de las inundaciones del embalse de Yacyretá, según las políticas y los préstamos del Banco Mundial. Sin embargo, dos años después de las protestas, muchas medidas aún deben comenzar, según el informe del Panel.
Funcionarios del Banco admitieron que, aunque sabían que la gente sería desplazada, no estaban informados ni fueron consultados hasta el inicio de las inundaciones, en 1994.
Fue en esa etapa que, según dijo un funcionario a la televisión canadiense, el contacto con la gente local fue considerado "oportuno". (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/lp/en-dv-ip/97
