La rebelión de 850 presos en la Casa de Detención de Sorocaba, a cien kilómetros de Sao Paulo, cumplió hoy su tercer dia con más de 600 personas retenidas como rehenes, clausurando un año record en motines en las cárceles de Brasil.
El movimiento, encabezado por una docena de detenidos en Sorocaba, comenzó en la tarde del domingo, cuando unos 650 parientes visitaban a los encarcelados. Algunos de estos intentaron fugarse, armados y disfrazados de mujeres, pero fueron descubiertos.
Hubo un tiroteo, en el cual murieron un preso y una visitante. Los reclusos tomaron el control de la cárcel, tomando como rehenes a los visitantes y a 17 carceleros.
Los líderes de la rebelión empezaron por exigir vehículos para escapar, y el lunes liberaron a 38 mujeres y niños. El coronel Luis Carlos de Oliveira, jefe de los 400 policías militares que cercaron el penal, esperaba este martes la rendición de los amotinados, que ya sólo reclaman su traslado a otra cárcel.
Las rebeliones en las prisiones de Sao Paulo aumentaron 2,5 veces este año respecto del total registrado el año pasado, que fue de 72 casos. Hasta el 9 de este mes ya se contaban 178 motines, según el diario Folha de Sao Paulo.
La cantidad de presos en Brasil duplica la capacidad de las penitenciarías, prevista para 75.000 reclusos.
El coordinador de la reforma del sistema carcelario, Aloisio de Oliveira, aseguró que en dos años se podrá acabar con "ese enorme déficit", al implementarse un programa que comprende desde la construcción de 52 nuevos centros de reclusión a la aplicación de penas alternativas a los condenados.
En el estado de Sao Paulo, que concentra casi mitad de los presos brasileños y presenta el más grave problema de superpoblación carcelaria, se construyen 11 penales para acoger a las personas irregularmente detenidas en comisarías.
Por lo menos otras 13 prisiones serán construidas para recibir en nuevas condiciones a quienes cumplen condena en el complejo Carandiru, donde la policía ejecutó a 111 presos en 1992, y en otras penitenciarías de la ciudad de Sao Paulo con exceso de población, anunció Oliveira.
Las comisarías mantienen en sus celdas a miles de presos ya condenados por la justicia, ante la falta de sitio en las prisiones. Se trata de una irregularidad que desvirtúa la función de la policía, convirtiéndola en carcelera, reconoció el funcionario del Ministerio de Justicia.
Las violaciones de los derechos humanos en las cárceles brasileñas fueron denunciadas con muchas cifras y detalles por Human Rights Watch, una organización no gubernamental estadounidense. Los responsables de la masacre de Carandiru en 1992, por ejemplo, permanecen impunes. (FIN/IPS/mo/ff/hd/97
