La debilidad del Estado, especialmente en el area fiscal, es el último gran obstáculo que enfrenta la reforma agraria en Brasil, declaró hoy el ministro de Política Agraria, Raul Jungmann.
"El latifundio está politicamente muerto a nivel nacional, sólo mantiene algún poder local", dijo Jungmann, para aclarar que ya no se trata del conflicto entre terratenientes y campesinos, sino entre demandas de la pobreza y la incapacidad del Estado el que caracteriza los problemas agrarios en el país.
Aún así el gobierno cumplirá su meta de asentar 80.000 familias en este año, aseguró el ministro, en un balance de su gestión para la prensa nacional y extranjera.
En los cuatro años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que termina en 1998, el total será de 280.000 familias, mucho más que lo hecho en los últimos 30 años en que se habla de reforma agraria, destacó.
La derrota de los terratenientes en Brasil fue determinada por la estabilización de la moneda, que le quitó a la tierra el papel de reserva de valor, de defensa contra la inflación, "quebrando políticamente al latifundio", evaluó Jungmann.
Esa nueva situación permitió al gobierno que el Congreso aprobara varias medidas, incluso el gran aumento del impuesto sobre propiedades rurales, provocando una devaluación sin precedentes de la tierra. Este fue el más importante triunfo político en favor de la reforma agraria, según el ministro.
Eso permitió al gobierno de Cardoso expropiar 4,8 millones de hectáreas, un área superior a la suma de los territorios de Bélgica, Holanda y Suiza, gastando un tercio de la suma prevista, celebró el Ministerio de Política Agraria.
Además, se multiplicaron los mecanismos para obtención de tierras destinadas a los asentamientos. Finalmente se logró en la justicia destinar a la reforma agraria las tierras confiscadas por servir al cultivo de drogas ilegales.
En el noreste de Brasil hay una extensa área ocupada por la marihuana. Muchas propiedades fueron incautadas por ese motivo, pero sólo ahora empiezan a ser liberadas para asentamiento de campesinos, cumpliendo una disposicin de la Constitución de 1988.
La reforma agraria pasó a contar también con recursos de cuentas bancarias abandonadas por sus titulares, en general por tratarse de dinero sucio, añadiendo cerca de 900 millones de dólares a su presupuesto de 2.400 millones.
La distribuición de tierra es hoy la tarea más facil en Brasil, dijo Jungmann. El gran problema es asegurar condiciones para que los asentados puedan producir y superar la pobreza, lo que exige crédito barato, escuelas, asistencia sanitaria y fuentes de ingreso. Es ofrecer "calidad en los asentamientos".
El ministro indicó que falta capacidad fiscal al gobierno. Por eso las reformas del Estado, en trámite parlamentario, son esenciales también para la reforma agraria.
El Congreso trata de aprobar actualmente enmiendas constitucionales sobre administración pública y seguridad social. El objetivo es eliminar el creciente déficit fiscal y recuperar la capacidad gubernamental de ahorrar e invertir.
Jungmann estimó que podrá concluir la reforma agraria en ocho años, la mitad del plazo previsto por la Organizacin de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), teniendo en cuenta que el proceso se realiza en período normal, y no en situación de emergencia, como la posguerra, ni revolucionaria.
El próximo gobierno podrá elevar a 150.000, 180.000 familias sus metas de asentamiento anual, señaló.
Sin embargo, las organizaciones sindicales y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), estiman que 4,8 millones de familias necesitan tierra en el país.
El MST es la organización más activa en defensa de la reforma agraria. Sus formas de lucha incluyen invasión de propiedades consideradas improductivas y de sedes gubernamentales. El martes ocuparon por algunas horas el edificio del propio Ministerio de Política Agraria, en Brasilia.
El ministro restó importancia también a las estadísticas oficiales, que indican que de 1995 a 1996 perdieron su empleo 1.507.000 trabajadores rurales, a causa de la mecanización, el aumento de la productividad y la reducción de la actividad agrícola.
La mayoría de esas personas son mujeres y niños, que trabajaban sin remuneracin, relativizó el ministro. Lo importante será identificar si esa desocupación representa un aumento de la pobreza, pérdida de ingresos por las familias, aspectos que las estadísticas no apuntan, concluyó Jungmann. (FIN/IPS/mo/ag/if/97
