Unos 15.000 obreros bananeros de Panamá amenazaron con declarar una huelga general si el gobierno otorga un polémico contrato de arrendamiento de tierras a la empresa transnacional Chiquita Brands, el cual lesiona sus intereses.
En 1993, los obreros bananeros obligaron al gobierno de esa época a cancelar otro contrato de venta de las 15.600 hectáreas arrendadas desde 1976 por la Chiquita Brands para producir banano para la exportación.
El secretario general del sindicato bananero del sector Pacífico, José Morris, indicó que el nuevo contrato de arrendamiento que pactó el gobierno con Chiquita Brands viola principios constitucionales, laborales y de uso de tierras fiscales.
Morris afirmó que además de "otorgar fueros y privilegios" prohibidos por la Constitución, el contrato que debe ratificar el parlamento viola el código de trabajo panameño y deja la puerta abierta para la anulación de los contratos colectivos de trabajo.
Explicó que si "por causas fortuitas" la Chiquita Brands decide cerrar operaciones en las tierras arrendadas al Estado "no estaría obligada a pagar las prestaciones laborales y cualquier demanda habrá que derimirla en los tribunales de Estados Unidos", donde tiene su casa matríz.
Además de ello, se establece un monto fijo de pago de impuestos a los municipios donde opera Chiquita Brands y se elimina totalmente el impuesto de salida a la exportación de banano, que rige desde 1974, el cual reporta unos 18 millones de dólares anuales al fisco panameño.
El banano es el principal rubro de exportación de Panamá.
El secretario general del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Reynaldo Rivera, indicó el jueves a los 72 miembros del parlamento que las facilidades otorgadas a la Chiquita Brands en el nuevo contrato procura asegurar los actuales puestos de trabajo y las exportaciones de banano para el país.
Hasta octubre pasado, la transnacional estadounidense había colocado banano en el exterior, la mayoria en países de la Unión Europea, por un monto superior a 146 millones de dólares.
El gerente general de la filial de la Chiquita Brands en Panamá, Adrián Guzmán, justificó las prebendas que le otorgó el gobierno local en la necesidad que tiene la empresa "de mayor seguridad a la hora de invertir".
Explicó que el actual contrato de cinco años de vigencia "se convierte en un obstáculo a la hora de solicitar un préstamo en los bancos, que piden mayor estabilidad cuando se van a realizar inversiones".
Las 27.262 hectáreas que ofrece arrendar el Estado panameño a la Chiquita Brands por 1.840.000 dólares anuales se mantendrán en poder de los arrendatarios por 20 años, con prórrogas sucesivas de 12 años sin límite de tiempo.
Además, le otorga prioridad para el uso de puertos, líneas férreas y carreteras, así como a vender al público los excedentes de agua potable y electricidad producida por la Chiquita Brands dentro de las fincas arrendadas al Estado.
Actualmente, la Chiquita Brands paga una renta anual de un millón de dólares por la renta de 15.600 hectáreas de bananales en las occidentales provincia de Chiriquí, sobre el Pacífico, y Bocas del Toro, en el litoral Atlántico.
Morris consideró justas las concesiones a la empresa, debido a la reducción que ha afectado a la venta de banano panameño en Europa por las restricciones de la Unión Europea a la importación de fruta de América Latina, pero no tal punto.
Mario White, dirigente bananero de Bocas del Toro, afirmó que en el nuevo contrato de arrendamiento de las tierras la Chiquita Brands introdujo disposiciones que "en forma inexplicable regula derechos básicos de los trabajadores, modificando y violentando el código de trabajo" vigente.
A su juicio, el propósito de la transnacional es "destruir en forma solapada el sindicato y de paso desconocer la vigencia de la actual convención colectiva de trabajo y menoscabar la mano de obra nacional".
El diputado Alfredo Arias, del opositor Partido Arnulfista, afirmó que "el nuevo contrato está redactado bajo los mismos esquemas que los barones del banano imponían a los gobiernos que ellos denominaban Banana Republics" antes de la década del 70, cuando ocurrió la "guerra del banano".
En esa ocasión, los gobiernos de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Panamá decidieron mancomunar esfuerzos contra el poder transnacional cuando constituyeron en 1974 la ahora prácticamente inexistente Unión Nacional de Países Exportadores de Banano (Upeb).
Cuatro de esos países -Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá- han aplicado por más de dos décadas un impuesto a la exportación de bananos que ha dejado a sus arcas fiscales unos 1.500 millones de dólares en ingresos. (FIN/IPS/sh/ag/if/97
