El proyecto del gobierno argentino de privatizar 33 aeropuertos por decreto se erigió hoy en eje de la primera gran polémica con la nueva oposición sobre temas claves como corrupción, falta de independencia judicial y avance del Ejecutivo sobre el Congreso.
La concesión del negocio a un monopolio privado -que ahora depende de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia-, desató esta semana los más fuertes choques entre el presidente Carlos Menem y sus ministros por un lado, y los dirigentes de la Alianza de oposición, por el otro.
El diputado aliancista Carlos Alvarez consideró que el camino del gobierno para privatizar los aeropuertos sin el acuerdo de la oposición ni de los propios legisladores del gobernante Partido Justicialista "va en contra de lo que la gente votó en octubre".
Se refirió así al triunfo de la Alianza en los comicios del 26 de ese mes que fueron interpretados por la oposición como un límite de la ciudadanía a la corrupción, a la falta de independencia de la justicia y a la excesiva apelación gubernamental a los decretos.
Desde hace casi dos años, el gobierno de Menem apura la sanción de una ley que permita transferir a una sóla empresa o grupo privado los negocios en torno a 33 aeropuertos a cambio de un canon. La concesión excluye la seguridad, que seguiría a cargo de la Fuerza Aérea.
Tanto la oposición como los propios legisladores del oficialismo se opusieron al proyecto por considerar que creaba un monopolio al entregar a un mismo concesionario 33 estaciones, y porque parecía hecha a la medida del controvertido empresario Alfredo Yabrán.
La acusación es la misma que cuando se privatizó por decreto el correo, donde también Yabrán tiene fuertes intereses. Por eso para el gobierno, que transfirió empresas por más de 20.000 millones de dólares, la concesión del correo y los aeropuertos se constituyeron en las operaciones de privatización más difíciles.
Los negocios de una y otra actividad son puntos claves para el control del comercio ilegal de estupefacientes y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
"El gobierno tienen intereses con Yabrán y este es un negocio hecho a su medida", denunció Alvarez. Lo mismo había dicho el ex ministro de Economía y ahora diputado opositor Domingo Cavallo. "Yabrán tiene al gobierno de rehén", sentenció otra legisladora de la oposición.
Los legisladores de la oposición creen que Yabrán -el empresario sospechoso de instigar el crimen de un periodista- maneja mediante testaferros el negocio de las tiendas libres de impuestos, el servicio de rampas y los depósitos fiscales de los aeropuertos.
Esos negocios representan 40 por ciento de la facturación de los aeropuertos y fueron otorgados en concesión hasta 2010. Si el ganador de la licitación tiene interés en esos negocios debería pagar a las empresas -presuntamente de Yabrán- una indemnización de 500 millones de dólares.
Esa suma fue fijada por otro decreto presidencial. La diputada de la Alianza Elisa Carri se preguntó este jueves "quién puede entrar en este negocio si no es el mismo Yabrán o alguien que se presenta en su nombre", dijo refiriéndose a la "desalentadora cláusula Yabrán".
"Ningún privado que quiera entrar a este negocio aceptaría renunciar a esa parte de la facturación, pero tampoco podría ser negocio pagar esa suma millonaria en concepto de indemnización", razonó la diputada Carri.
El jefe de gabinete Jorge Rodríguez desmintió que entre los interesados haya empresas de Yabrán, acusó a la oposición de cubrir con un manto de sospecha todo el proceso y consideró "urgente" modernizar los aeropuertos.
Ante los cuestionamientos de la oposición que no daba vía libre al proyecto, en los últimos 15 meses el gobierno emitió una serie de decretos que le permitieron avanzar en el proceso licitatorio. Pero los decretos fueron rechazados por la justicia.
A instancias de los diputados de la oposicin, diversos jueces dictaminaron que los decretos eran inconstitucionales. El gobierno no obstante sigue adelante pues considera que un decreto es una prerrogativa legal del presidente y que "no es materia judiciable".
El gobierno de Menem apeló más de 300 veces a los decretos de necesidad y urgencia. Pero la reforma constitucional aprobada en 1994 limit esas atribuciones y fijó que sólo se acepta el recurso en caso de urgencia, cuando está en juego la seguridad de la Nación.
La seguridad aérea, la radarización y el manejo de la torre de control quedan fuera del negocio porque siguen siendo competencia exclusiva de la Fuérza Area y, por lo tanto, del Estado, que espera utilizar el monto del canon para invertir en esos renglones de la actividad.
Para la oposición, la privatización de los negocios de las estaciones aéreas no es urgente. En cambio el gobierno intenta demostrar que esté en juego la seguridad area y el cierre de aeropuertos del interior del país por la falta de inversiones en las pistas.
El gobierno ignoró los fallos de la justicia y pidió a la Corte Suprema de Justicia que aplique el per sáltum, un recurso que saltea instancias judiciales adversas y podría servir para la aprobación del máximo tribunal que según la oposición es mayoritariamente favorable al oficialismo.
Los integrantes de la Corte escucharon este miércoles los argumentos de las partes en favor y en contra de los decretos y la semana próxima podrían dictaminar pero ya se anticipa que hay cinco de los nueve jueces -cercanos al gobierno-, que avalaran el negocio.
"Los miembros de la corte tendrán la oportunidad de demostrar si ese tribunal es el sitio en el que se defienden en ltima instancia los intereses de los ciudadanos, o si es el lugar donde se receptan las quejas de un gobierno que quiere imponer su voluntad", desafió Carri.
Entretanto, hay 24 empresas que se presentaron al proceso licitatorio divididas en cuatro grupos. Los interesados deberán invertir más de 2.000 millones de dólares en infraestructura, a cambio de un canon de 40 millones.
El miércoles 17 el gobierno debería dar a concer cuál de los cuatro oferentes precalifica para el negocio, que incluye la construcción de hoteles y restaurantes junto a las pistas. El 8 de enero próximo, el gobierno quiere abrir las ofertas económicas.
En los últimos días, este proceso provocó el más duro cruce de acusaciones entre el presidente y los máximos dirigentes de la Alianza.
El jefe del gobierno de Buenos Aires, el aliancista Fernando de la Rúa, dijo que era "sospechoso" privatizar los aeropuertos por decreto, y el presidente respondió que el gobierno de su antecesor Raúl Alfonsín, del mismo partido que De la Rúa, había sido "el paraíso de la corrupción".(FIN/IPS/mv/dg/ip-if/97
