Jueces acusados de recibir soborno y que hacen ostentación de sus propiedades, denuncias de ingerencia del poder político en sus decisiones, demoras en las sentencias y locales a punto de derrumbarse muestran a la justicia en Argentina en su peor momento de credibilidad.
La mujer de la balanza con los ojos vendados lloraría si pudiera leer las encuestas.
La consultora Graciela Romer sostiene que sólo 10 por ciento de los argentinos tienen una imagen positiva de la justicia. La institución está peor catalogada que las Fuerzas Armadas, que gozan de 16 por ciento de confianza entre los encuestados.
Entre los más confiables se ubica la iglesia con 49 por ciento de votos, la escuela pública con 54 por ciento. Los mejor ubicados son los periodistas con 59 por ciento de credibilidad. En síntesis, en Argentina, la gente confía mucho más en el "veredicto" de la prensa que en los fallos judiciales.
Otra encuesta realizada entre abogados y estudiantes de derecho indica que el funcionamiento de la justicia les resulta "poco satisfactorio" o "nada satisfactorio" en 77 por ciento de los casos y nadie (cero por ciento) lo considera "satisfactorio".
Respecto de la Corte Suprema, 93 por ciento la juzgó "poco" o "nada independiente".
La desconfianza tiene sus fundamentos. En los últimos años se produjo un deterioro en la imagen del Poder Judicial que comenzó con la decisión oficial de ampliar de cinco a nueve el número de jueces que integran la Corte Suprema de Justicia, introduciendo una mayoría adicta al gobierno del presidente Carlos Menem desde 1991.
Los magistrados fueron acusados por actuar en favor del gobierno -tal como reconoció uno de sus miembros que dijo colocarse "siempre en favor del Estado"- y en una oportunidad algunos de sus integrantes fueron llamados "delincuentes y corruptos" por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.
Actualmente la justicia federal investiga si un juez recibió un millonario soborno -denunciado por un semanario-, otro fue acusado por el Congreso de estar ausente en casi todos los fallos que llevan su firma, y otro denunciado por cruzar un semáforo en rojo y eludir el pago de la multa argumentando su condición.
El caso de un juez que posó para una revista de la farándula junto a su esposa en un lujoso departamento terminó en un escándalo de corrupción por el cual el magistrado enfrenta un juicio político.
Hubo varios casos también de jueces filmados o grabados por periodistas e invistigadores cuando recibían o reclamaban sobornos.
Los fallos sesgados en favor del gobierno también causaron escándalo.
En apenas tres meses, una camarista revocó la prisión preventiva de la cuñada del presidente Menem, Amira Yoma, en una causa por lavado de dólares provenientes del narcotráfico, un expediente gigante de 40 cuerpos y 8.000 folios.
Tampoco faltan las denuncias periódicas de jueces honestos que trabajan en las peores condiciones. Sin estufas en invierno, con techos que gotean por la humedad sobre las carpetas con expedientes, edificios que deben ser evacuados porque están al borde del derrumbe.
En este sentido, el problema es presupuestario pero también responde a la falta de voluntad por respaldar la tarea, según revelan los jueces.
Este mes, el fuero correccional denunció que hay sólo 14 jueces para 70.000 causas nuevas al año. La mayoría de los delitos prescribe por el paso del tiempo, antes de que se haga justicia.
El sindicato que nuclea a los trabajadores judiciales calcula que se requieren 2.000 millones de dólares al año para garantizar el buen funcionamiento de la justicia.
Pero en 1997, el presupuesto aprobado fue de 800 millones, y en el transcurso del año hubo un recorte de 300 millones, que redujo la partida a un cuarto de lo necesario.
La ineficiencia en el funcionamiento de la justicia no sólo preocupa a los argentinos.
El Banco Mundial dio a conocer este año un informe en el que señala serias debilidades en el sistema judicial argentino, sobre todo en el fuero penal, por donde escapan cada año 25.000 millones de dólares en evasión impositiva.
Al comenzar este mes, en la primera reunión de Ministros de Justicia de la Organización de Estados Americanos en Buenos Aires, el secretario del organismo, César Gaviria, advirtió con preocupación que 70 por ciento de los empresarios no confía en los jueces de los países en vías de desarrollo.
En 1994, cuando el gobierno de Menem reclamaba una reforma de la Carta Magna para habilitar la reelección presidencial, la opositora Unión Cívica Radical, liderada entonces por el ex presidente Raúl Alfonsín, propuso un pacto.
A cambio de la cláusula de la reelección, se introducirían reformas para dotar de independencia al Poder Judicial.
La reforma se aprobó, y Menem obtuvo su reelección hace más de dos años, pero la oposición sigue reclamando que se creen las instituciones judiciales propuestas como el Consejo de la Magistratura, nucleamiento que debería encargarse de la designación de los jueces y cuya conformación sigue siendo debatida.
La misma demora impide que se cree el Ministerio Público, un organismo nuevo para conformar una Fiscalía que no tenga dependencia del Poder Ejecutivo como la actual, y cuyos integrantes tengan autarquía financiera y funcional.
Tampoco se avanzó en la creación de juicios por jurados, otra propuesta pendiente de concretarse.
La abogada y diputada radical Elisa Carrió consideró que la falta de sanción del Consejo de la Magistratura tiene relación con la impunidad reinante en Argentina frente las denuncias de corrupción.
Carrió sostiene que el gobierno teme que muchos funcionarios vayan presos si la designación de jueces se hace de manera independiente.
"Por eso la bancada oficialista quiere controlar la designación y remoción de magistrados", explicó.
La creación del Ministerio de Justicia por parte del gobierno de Menem tampoco ayudó a remover esta imagen de desconfianza. El ex ministro Rodolfo Barra, que había sido miembro de la Corte, debió renunciar en 1996, cuando un diario reveló su pasado antisemita.
Barra había sido encarcelado en su juventud por haber participado en la agresión contra sinagogas. La colectividad judía, golpeada por dos atentados ocurridos en este país en 1992 y 1994 -aún no esclarecidos-, pidió al presidente que le solicitara la renuncia.
Su sucesor no tuvo mejor suerte. Elías Jassán renunció este año cuando en la investigación por el asesinato del periodista José Luis Cabezas se supo que después del crimen había recibido numerosos llamados a su celular de parte del empresario telepostal Alfredo Yabrán, sospechoso de ser instigador del homicidio.
Jassán había trabajado para una de las empresas de Yabrán antes de ser designado ministro, fue reiteradamente señalado por Cavallo como uno de los funcionarios permeables a la corrupción, y renunció por mentir cuando se le preguntó si conocía a Yabrán, antes de que se probaran los llamados.
Actualmente, el ministro es Raúl Granillo Ocampo. La justicia federal lo sobreseyó minutos antes de su nombramiento en una causa que tenía pendiente por haber gestionado un crédito millonario en favor de su esposa, mientras era funcionario público. (FIN/IPS/mv/dg/ip/97)
