Una fundación argentina dedicada a investigar el secuestro y tráfico de niños para adopciones irregulares fue objeto de un incendio, presuntamente intencional, que destruyó el único archivo del país con información sobre ese delito.
La fundación Pibe, situada en la noroccidental provincia de Tucumán, denunció que su sede central se incendió el miércoles pasado y se perdió el archivo que reunía información sobre niños secuestrados, desaparecidos, y en algunos casos adoptados en países extranjeros.
La organización, que se mantiene con aportes privados de empresas y particulares desde hace 10 años, busca actualmente a siete niños que desaparecieron en Argentina. Los datos de los menores están en la dirección de Internet www.pibe.org.ar.
La directora de la entidad, Beatriz Alperovich, aseguró que este viernes se había probado fehacientemente que no hubo un cortocircuito que desencadenara el incendio, sino que podría tratarse de un atentado ocurrido en la capital provincial, San Miguel de Tucumán.
Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, unos 12.000 niños latinoamericanos son adoptados anualmente de manera irregular en países extranjeros. En algunos países suministradores, las leyes avalan la adopción internacional que no está permitida en Argentina.
La legislación argentina no permite la labor de agencias de adopción internacional y sólo autoriza una adopción a una pareja extranjera cuando pueda probar que desde hace cinco años vive en el país o que no se consiguen adoptantes para el menor.
Si bien hay países donde es difícil conseguir padres adoptantes, como Bolivia o Guatemala, en Argentina 6.000 parejas se encuentran en lista de espera para adoptar.
Noruega es uno de los países que mantenía varias agencias de adopción en Buenos Aires. Según datos de la embajada del país escandinavo en Buenos Aires, 13 los niños argentinos fueron adoptados legalmente por familias noruegas y viven en Oslo.
El responsable del Consejo del Menor y la Familia, Atilio Alvarez, dijo a IPS que las adopciones noruegas "no pudieron ser legales" y, a su juicio, la adopción internacional "estimula la venta" de niños en países pobres.
Pero paralelamente, se acumulan las denuncias de desapariciones o secuestros de niños fundamentalmente en las provincias del interior, que podrían haber sido adoptados de forma irregular.
Uno de los casos que investiga la fundación Pibe es el de un niño de tres años, Duilio Fernández, que desapareció en un balneario en la provincia de Tucumán hace dos años.
Se acercó con su hermana a un vendedor ambulante de helados y cuando la niña fue por el dinero desaparecieron el menor y el heladero, al que no se ha podido identificar hasta el momento.
La familia recibió mensajes anónimos en los que se pidió dinero – 30.000 dólares- y luego una voz denunció que Duilio estaba en Noruega, razón por la cual la fundación comenzó una investigación.
Los padres están convencidos de que Duilio está vivo, pues meses después de su desaparición fueron encontrados restos óseos con sus ropas en Tucumán, pero las pruebas genéticas indicaron que no pertenecían al niño.
Este año, la fundación Pibe denunció que recibió amenazas contra su personal e inclusive uno de los responsables fue amedrentado mediante la presencia de un adulto que intentó retirar a su sobrina de la escuela, simulando ser un familiar.
Los expertos en este tema aseguran que los padres adoptivos extranjeros pagan hasta 30.000 dólares por un menor sano. Los padres sanguíneos en algunos casos los entregan a un intermediario por 1.000 o 2.000 dólares, y en otros casos les son robados. (FIN/IPS/mv/ag/pr-hd/97
