la Iglesia Católica uruguaya asumió la vanguardia en la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), tras guardar silencio durante más de dos décadas, como institución, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquel periodo.
La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) decidió este fin de semana impulsar y respaldar el esclarecimiento del destino de los detenidos-desaparecidos.
Ese objetivo tiene como fundamento "pedir y aceptar el perdón mutuo y fomentar la convivencia tolerante, pacífica y fraterna", por lo cual la Iglesia Católica "continúa abierta a colaborar" con toda iniciativa en esa dirección.
La CEU respaldó al obispo Pablo Galimberti, que hace seis meses, en forma solitaria, ofreció la intervención de la iglesia para recibir información sobre la suerte de los desaparecidos, con garantía de secreto para los informantes y los responsables de los hechos.
Galimberti lanzó su iniciativa ante la denuncia del senador Rafael Michelini, del centroizquierdista Nuevo Espacio, que en marzo aseguró ante la justicia que dos unidades militares albergaban tumbas clandestinas.
Pero la justicia y el Poder Ejecutivo consideraron que la investigación solicitada por Michelini está excluida por la llamada ley de caducidad de la potestad punitiva del Estado, de 1986, que clausuró todos los procedimientos judiciales contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos.
Sin embargo, un artículo de esa misma ley instruye al Poder Ejecutivo a investigar e informar sobre el destino de los desaparecidos.
Durante la dictadura militar desaparecieron 33 prisioneros políticos en Uruguay y 132 exiliados uruguayos en Argentina, que fueron secuestrados por militares o policías que actuanan en conjunto en ambos países.
Entre los secuestrados y asesinados en Argentina se cuenta el ex senador Zelmar Michelini, padre del legislador denunciante.
"Hoy estamos a punto de saber la verdad", dijo Michelini el domingo, durante una reunión de su partido, al tiempo que alentó la acción de la Iglesia Católica.
Aunque el 15 de abril las jerarquías católicas habían señalado públicamente el derecho de los familiares de los desaparecidos a conocer el destino de éstos, el pronunciamiento corporativo de este fin de semana marca una clara señal de la dirección a la que se encamina la CEU.
A juicio de la CEU, los contactos desarrollados por Galimberti con gobernantes y familiares de desaparecidos "han promovido una mayor sensibilidad y una más madura conciencia" y muestran "algún avance, aunque no todo lo que la Iglesia desesa y el país necesita".
Esta postura de la Iglesia Católica tiene lugar en un momento en que se registra una merma entre sus fieles y un avance en la sociedad uruguaya de grupos religiosos evangélicos y afrobrasileños.
La Iglesia Católica se marginó públicamente del combate contra la dictadura, en el que participaron casi todos los partidos políticos y las organizaciones sociales y estudiantiles.
El arzobispo de Montevideo, José Gottardi, rompió el silencio hace dos semana, para justificar en una carta pastoral la actitud tomada por la jrarquía eclesiástica en aquel período.
"Torturas, despariciones, destiticiones injustas, exilios forzosos, entraron a formar parte de los dolores de muchos compatriotas. Muchos reclamaron a los obispos que realizaran denuncias públicas", dijo la carta.
Desde diversos sectores de la sociedad y de la misma igesia "llegaron a los obispos clamores referidos a la violación de los derechos humanos", añadió.
Gottardi dijo que entonces se optó por "gestiones reservadas" en procura de "alivio" para los que sufrían esos padecimientos denunciados, aunque no dijo ante quienes fueron realizadas ni qué resultado tuvieron.
"Aún cuando no todos compartan esa actitud, ella no fue inspirada por el miedo, sino por la convicción de que actitudes más públicas y declarativas habrían sido contraproducentes, habrían provocado un recurudecimiento de la represión y un mayor sufrimiento de las personas", argumentó el obispo.
Un sector del izquierdista Frente Amplio se dispone a pedir una interpelación al ministro de Defensa Raúl Iturria, que se había comprometido ante varios legisladores a dar una respuesta sobre la cuestión de los desaparecidos, sin cumplir con su promesa.
"No se puede decir alegremente que el problema de los desaparecidos lo resolvió una ley, porque la ley (de 1986) es un todo y hay un artículo que no se ha cumplido", dijo este lunes el diputado Víctor Semproni.
La izquierda pretende es que el Poder Ejecutivo responda públicamente qué medidas e investigaciones se realizaron para conocer el destino de los desaparecidos, explicó Semproni. (FIN/IPS/rr/ff/hd/97
