UNA OBLIGACION ETICA

Los países iberoamericanos hemos afirmado nuestro compromiso con la ética y los valores que orientan la democracia y que permiten la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos.

En ese sentido la democracia es no sólo un sistema de gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan consistencia y perdurabilidad.

Estos valores adquieren mayor trascendencia en el mundo contemporáneo, caracterizado por la globalización de la economía y la creciente interdependencia, que han determinado que ningún país pueda ahora pretender vivir aislado y ser autosuficiente.

Tampoco podrá conseguir bienestar y seguridad fuera de esquemas de la integración y cooperación que le permitan contar con mercados más amplios para una mayor y más eficiente producción, la cual se traduce en mejores y más numerosas oportunidades de trabajo, en progreso y calidad de la vida que den contenido real a la democracia y a los derechos humanos.

En este contexto el reto de hoy es el desarrollo económico y social. Terminó la época de los lirismos y de las luchas meramente ideológicas.

La demanda actual de nuestros pueblos está orientada al avance económico, a la creación de condiciones para mejores niveles de vida de nuestras poblaciones así como al desarrollo social en su más amplia concepción.

Por ello, no debemos alentar en nuestro países el simple crecimiento, sino ir hacia un auténtico desarrollo económico entendido como el cambio cualitativo de la convivencia social, el cambio de las condiciones de vida de nuestros pueblos, removiendo los obstáculos para la mejor distribución de la riqueza.

Los pueblos deben, entonces, cooperar entre sí en estas tareas tan importantes porque los problemas que afrontan las sociedades latinoamericanas superan los límites de las fronteras nacionales.

Solamente a través de la ampliación de los ámbitos económicos y de la cooperación efectiva se pueden cumplir los imperativos del desarrollo.

Tenemos, por consiguiente, que integrarnos y buscar soluciones conjuntas a este gran reto de alcanzar el bienestar de nuestros pueblos en el marco de la democracia y la justicia social.

América Latina ha surgido en esta década como una de las dinámicas regiones en crecimiento del globo.

Notable progreso se ha alcanzado en la convergencia de los grupos de integración regional con miras hacia la formación de un mercado único caracterizado por un regionalismo abierto y guiado por los principios del multilateralismo en las relaciones comerciales.

Hemos concordado que esta etapa de crecimiento debe enmarcarse en los parámetros de un desarrollo sostenible, en su concepción integral, es decir, que incluya una mayor participación ciudadana, la reducción de las diferencias sociales y la erradicación de la pobreza de forma que sea compatible con la preservación del medio ambiente.

La cooperación internacional es una obligación ética y un imperativo en el mundo de hoy. Los países industrializados deben contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los países en desarrollo, así como a la preservación del medio ambiente. Estos son intereses comunes en un mundo interdependiente.

La inseguridad y las amenazas para nuestras sociedades tienen causas múltiples y profundas: la inseguridad está en la violencia de las grandes aglomeraciones urbanas y en la difícil situación de los campesinos; en el deterioro del medio ambiente y en la calidad de la vida.

También en las míseras condiciones de trabajo y del ingreso; en las prácticas sofocantes del poder financiero; en los desequilibrios alimentarios y en las necesidades de salud insatisfechas; en la carencia de oportunidades para la juventud.

Y lo está en la no democratización de un orden internacional injusto; en el irrespeto al hombre en sus derechos y a las naciones en su soberanía.

No tenemos, entonces, en América Latina tarea más urgente y demanda social más exigente que hacer de la democracia una realidad práctica para los marginados de nuestras sociedades.

Históricamente, la eficiencia de nuestra democracia se medirá por su capacidad para dar respuestas concretas a más de 130 millones de seres humanos que en América Latina subsisten en condiciones de miseria inaceptable.

Por estas razones, los países iberoamericanos consideramos que la justicia social internacional obliga a cada país, de acuerdo con sus capacidades, a hacer todo lo necesario frente a otros pueblos para lograr el bien común universal.

La solidaridad humana no se agota en un Estado, cubre a toda humanidad. En consecuencia, los países más desarrollados económica y tecnológicamente deberán prestar su colaboración a los países menos desarrollados.

En distintos foros internacionales se ha reflexionado sobre la barbarie de la fabricación de armas y las apremiantes necesidades de Ios países en desarrollo.

Creo que es hora de que comencemos a trabajar para la paz y no para la guerra, para la vida y no para la muerte, para el desarrollo social y no para el estancamiento, para la educación y no para la amenaza belicista. La responsabilidad de los países industrializados en esta materia es muy grande.

Con razón se afirma que la cooperación internacional para el desarroIlo debería significar en los próximos treinta años una transferencia de la riqueza en el ingreso de las áreas desarrolladas hacia el mundo en desarrollo.

Esta debe llegar a alcanzar la cifra del 5% del PIB de los países industrializados y que además garantice precios justos y condiciones de acceso equitativas do las materias primas de exportación.

Finalmente, debo reiterar que los países iberoamericanos tenemos un sólido compromiso con la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Así podremos enfrentar eficientemente la problemática de la pobreza y el reto de alcanzar la plena armonía entre la democracia y el mejoramiento sustantivo de la calidad de la vida de nuestras poblaciones.

La consolidación de la democracia tendrá, entonces, un significado auténtico en el marco de economías que se sustenten en los principios de solidaridad, justicia social y equidad. —— (*) Fabián Alarcón es presidente de la República del Ecuador. (FIN/Comunica-IPS/97

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