Casi todos los 540 desaparecidos en Sri Lanka en los últimos 18 meses murieron como resultado de la tortura o fueron ejecutados durante su detención por el ejército, denunció hoy un informe de Amnistía Internacional (AI).
No hay evidencia que sugiera que el gobierno ordenó los crímenes, pero las autoridades reaccionaron con lentitud frente a denuncias, bien documentadas, de desapariciones en la península de Jaffna a mediados del año pasado, según el documento de la organización de derechos humanos.
El informe también elogia al gobierno de la presidenta Chandrika Bandaranaike Kumaratunga por las medidas tomadas para terminar con los abusos.
Sin embargo, a pesar del descenso ulterior de la cantidad de desapariciones, la organización con sede en Londres afirmó que sigue recibiendo denuncias de desapariciones en la zona, incluyendo 41 casos durante el primer semestre de este año.
La situación de los derechos humanos en Sri Lanka es de las peores en Asia desde que se desencadenó la guerra civil entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla separatista del grupo étnico tamil, liderada por los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam. Se estima que al menos 50.000 personas murieron en el conflicto.
Ambas partes cometieron serias violaciones de los derechos humanos, incluyendo desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Los Tigres tienen su base en Jaffna, donde la abrumadora mayoría de la población pertenece a la etnia tamil. El grupo se apoderó del distrito y sus habitantes luego de la partida de una fuerza de paz india en 1990.
Los ciudadanos, agotados por la guerra, eligieron a Kumaratunga y su coalición Alianza Popular en 1994 con un programa que prometía el respeto de los derechos humanos y negociaciones con los Tigres para lograr la resolución pacífica del conflicto.
Pero en 1995 los Tigres pusieron fin en forma unilateral a las conversaciones de paz y reanudaron los combates. Entre fines de 1995 y principios de 1996, el ejército lanzó cuatro importantes operaciones militares para recuperar el control del distrito de Jaffna, lo que logró en mayo del año pasado.
Desde entonces, cientos de miles de ex residentes de la ciudad de Jaffna volvieron a sus hogares.
El nuevo informe surgió tras una visita que Amnistía realizara a Jaffna en agosto, la primera desde 1981. La delegación se entrevistó con oficiales del ejército, residentes, representantes de organizaciones comunitarias y funcionarios de gobierno.
La misión también se reunió con jerarcas gubernamentales en Colombo, incluyendo miembros de la Comisión de Derechos Humanos designada por el gobierno y tres comités de investigación. El informe también está basado en la labor de grupos activistas de Sri Lanka.
Amnistía concluyó que unas 540 personas desaparecieron luego de su arresto por el ejército en la península a mediados del año pasado. Casi todas las víctimas murieron probablemente por la tortura o fueron ejecutadas durante su detención.
La mayoría desapareció en julio y agosto de 1996, aparentemente como represalia por dos ataques devastadores realizados por los Tigres de Tamil contra el ejército, explicó el informe.
El primero tuvo lugar el 4 de julio cuando la bomba de un atacante suicida mató a 12 civiles y ocho soldados, incluyendo un general de brigada, en un operativo contra un convoy que escoltaba al ministro de Vivienda, Construcción y Empresas Públicas de Sri Lanka.
El segundo ataque ocurrió luego de una ofensiva de los Tigres contra el campamento Mullaitivu del ejército en la costa oriental del país, el 19 de julio. Los militares habrían sufrido más de 1.300 bajas en la ocasión, el peor golpe recibido por el gobierno en la guerra.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas durante este lapso, muchas de las cuales no volvieron a aparecer. En un caso, al menos 39 hombres jóvenes desaparecieron tras ser arrestados en una operación inmediatamente después del ataque contra Mullaitivu.
"No hay evidencia que sugiera que la orden de las 'desapariciones' provino de las jerarquías políticas de Sri Lanka", sostuvo el informe. A la vez, Amnistía expresó que el gobierno debe "asumir la responsabilidad por no proteger la vida de civiles bajo su jurisdicción".
No obstante, el gobierno pudo reducir la cantidad de desapariciones mediante una serie de medidas, como la creación de un Comité de Investigación en el Ministerio de Defensa, una unidad de investigaciones especiales en la Policía Militar y una Comisión de Derechos Humanos, explicó el informe.
La Comisión investiga en la actualidad 274 casos de desaparición.
El informe elogia especialmente las "firmes medidas" tomadas para investigar la desaparición de Krishanthy Kumarasamy, una joven de 18 años de Kaithady. El ejército la detuvo cuando volvía a su casa tras un examen escolar, en septiembre de 1996.
La madre de Krishanthy, un hermano y un amigo de la familia también desaparecieron luego de indagar sobre su arresto. Los cuatro cadáveres fueron descubiertos en tumbas superficiales.
Nueve integrantes de las fuerzas de seguridad fueron arrestados en conexión con el caso que, según Amnistía, "sirvió como señal de que el gobierno no toleraría violaciones de derechos humanos de ese tipo".
El caso, que recibió amplia publicidad, resultó en el establecimiento de un Comité de Investigación.
En sus entrevistas con los habitantes de Jaffna, Amnistía concluyó que "existe consenso entre la población de la península sobre la evidente mejoría en la situación de los derechos humanos desde el comienzo de 1997".
La organización también alabó las medidas tomadas por el oficial comandante de Jaffna, el general Lionel Balagalle, incluyendo la emisión de "recibos de arresto" a un familiar o líder local cuando se lleva a cabo una detención.
El recibo contiene el rango, nombre, unidad y número del oficial a cargo del arresto.
De todas maneras, el gobierno podría hacer más para mejorar la situación, según Amnistía. La organización urgió que se publiquen las conclusiones del nuevo Comité lo antes posible y que el gobierno garantice el proceso penal de los supuestos responsables.
Amnistía también solicitó la creación de un equipo forense independiente que actúe cuando se desentierren e identifiquen restos mortales. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-lp/hd/97
