Santiago de Chile se convertirá desde el lunes en la capital mundial del movimiento de consumidores, que registra en los últimos años un ostensible proceso de fortalecimiento en América Latina y el Caribe.
El 15 congreso mundial de la organización Consumers International (CI) reunirá en esta capital desde el lunes al viernes a más de 500 delegados de grupos de defensa de los consumidores de los cinco continentes.
CI es una organización internacional no gubernamental fundada en 1960 que cuenta con más de 200 grupos afiliados en un centenar de países y esta es la primera vez que realiza su congreso mundial en un país latinoamericano.
La importancia de este acontecimiento se verá realzada con el anuncio que hará el presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el uruguayo Juan Adolfo Singer, sobre la adopción por ese ente regional de un Código de Defensa del Consumidor.
Esto no significa que el encuentro mundial vaya a tener un sesgo marcadamente latinoamericano pero sí proyectará la presencia de esta parte del planeta en un movimiento hasta ahora radicado casi exclusivamente en los países del Norte.
La presencia activa de los consumidores en la sociedad civil y su fortalecimiento de cara a los desafíos del siglo XXI es la propuesta que orientará las conferencias, foros, talleres y cursos de capacitación de este décimo quinto congreso.
En torno a este eje se desarrollará un temario que, con el referente ineludible de la globalización, abordará materias como los valores sociales y los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía en las relaciones de los consumidores con el Estado.
Entre los grandes bloques de preocupaciones que tratará el congreso está igualmente la vertiente ambiental, bajo la fórmula de promover el consumo sustentable, así como la participación de los consumidores en la regulación del mercado.
"La relación del movimiento de consumidores organizado con un concepto de ciudadanía activa y participativa apunta a la construcción de una democracia estable, más permanente, más sólida y equitativa", dijo a IPS el uruguayo Juan Trímboli, subdirector de la oficina regional de CI para América Latina, con sede en Santiago.
La articulación de los conceptos de consumidor y ciudadano se conjuga a su vez con el objetivo de que las organizaciones de la sociedad civil se sientan parte de un movimiento más amplio para el ejercicio de sus derechos, añadió.
Se trata, dijo el dirigente, de superar en la acción y mediante acuerdos institucionales el aislacionamismo y unir las preocupaciones de los consumidores con las demás reivindicaciones de la sociedad civil en áreas como género, derechos humanos, población y sobre todo ambiente.
Para alcanzar esta meta definió como indispensable llevar el tema a las diversas expresiones del sistema educacional, ya sea en el ámbito académico como en las diversas expresiones de la educación de adultos.
"La educación de los consumidores es esencialmente una educación de valores", subrayó Trímboli.
El hecho de que este encuentro de CI se realice en América Latina "es efectivamente un reconocimiento al desarrollo desde distintos ángulos del tema de la defensa de los consumidores en la región", dijo el dirigente a IPS.
Este desarrollo se muestra a través de la existencia de organizaciones de protección de consumidores prácticamente en todos los países, que aunque con diversos grados de incidencia expresan un fenómeno inimaginable hace menos de una década.
A su vez, prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños cuentan con institutos, oficinas o servicios especializados en esta materia.
A diferencia de otros continentes y particularmente de los países industrializados, donde no existe relación institucional entre el estado y los grupos de consumidores, en América Latina "los gobiernos ven este tema como un complemento natural de las políticas de libre mercado", comentó Trímboli.
Las entidades gubernamentales son un referente para la población y tienen una presencia muy marcada en países como México, Brasil, Costa Rica y Chile, añadió.
En 16 países latinoamericanos y caribeños se cuenta con legislaciones de protección de los consumidores y en siete el tema está incorporado a sus cartas constitucionales.
Se observa así mismo una creciente incorporación de los problemas del consumo en planes de enseñanza, ya sea básica, media o universitaria, y en algunos países se tiende a asumir en esta materia en los procesos de reforma educacional.
Trímboli citó igualmente los vínculos con CI y grupos nacionales de consumidores de organismos como el Parlatino, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El PNUMA suscribió un convenio con CI para impulsar el consumo sustentable en su programa de ciudadanía ambiental, en tanto con Unesco se desarrolla desde hace tres años un proyecto de educación de consumidores.
Al crecimiento del movimiento de consumidores durante los últimos años en América Latina se suma una expansión más reciente en Africa, donde CI abrirá una nueva oficina regional, e igualmente la expansión del tema a los antiguos países socialistas de Europa del Este, destacó Trímboli. (FIN/IPS/ggr/dg/dv-if-pr/97
