Los empresarios colombianos instaron hoy a la Cámara de Diputados a que apruebe sin condicionamientos la reforma constitucional que vuelve a instaurar la figura de la extradición con el fin de evitar sanciones de Estados Unidos.
La última fase del debate de ese proyecto de ley se realizará este martes.
El empresariado también pidió al presidente Ernesto Samper "hacer valer su influencia ante la mayoría" del Congreso.
"Hemos pedido al gobierno que mantenga su posición de exigir a la Cámara la aprobación de la extradición sin condicionamientos", afirmó Jaime Cabal, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN).
De lo contrario, "el país y en especial su economía seguirá corriendo un grave riesgo en el concierto internacional", estimó.
El vicepresidente del CGN y presidente de la Asociación Nacional de Industriales Fabio Villegas afirmó que con la aprobación de la extradición sin restricciones Colombia podrá nuevamente "mostrar su cara en alto ante la comunidad internacional".
"Es la forma de culminar un proceso de cambio de curso de la sociedad colombiana", que en menos de un año se ha provisto de mecanismos como la expropiación de bienes y aumento de penas para los narcotraficantes y de acuerdos de cooperación con la justicia con 18 países, dijo Villegas a IPS.
La sociedad colombiana "ha hecho mucho para luchar contra el crimen organizado a través de una legislación moderna", agregó.
El gobierno pidió a la Cámara aprobar el proyecto en su versión original, sin tener en cuenta las modificaciones que enl curso de los siete debates anteriores introdujo el Senado, quen por ejemplo rechazó la aplicación de la extradición con retroactividad a la adopción del texto.
La retroactividad de las extradiciones fue uno de las exigencias de Estados Unidos a Colombia para aprobar su desempeño en la lucha antonarcóticos en el presente año.
Una evaluación negativa, como ha ocurrido en 1995 y 1996, pone al país en riesgo de que se le apliquen sanciones económicas y comerciales.
Para este último debate, dos de los tres ponentes del proyecto, Roberto Camacho (del Partido Conservador) y Jorge Carrillo (del gobernante Partido Liberal) presentarán un informe en el que piden a sus colegas aprobar la extradición sin condicionamientos.
El tercer ponente, el liberal Jaime Chavarriaga, recomienda avalar el proyecto que aprobó el Senado.
Según el grupo mayoritario de la Cámara, la extradición con retroactividad vulneraría los requisitos mínimos del código penal, según el cual las leyes comienzan a aplicarse desde el momento en que son promulgadas, y violaría el derecho de los narcotraficantes que se sometieron voluntariamente a la justicia.
El gobierno debe explorar vías diferentes a las impuestas por Washington, como la creación de tribunales internacionales dirigidos por jueces de la Organización de las Naciones Unidas, estimaron.
Juan Manuel Charry, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política, sostuvo que más allá del tema de la retroactividad, el debate ha puesto en evidencia "la falta de autonomía del Congreso y el gobierno" frente a diferentes presiones.
La normatividad jurídica ha quedado expuesta al enfrentamiento de los intereses estadounidenses y de los narcotraficantes, que pretenden burlar la aplicación de la justicia, señaló. (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
