El sindicato de electricistas de Panamá se pronunció contra la anunciada segmentación y privatización de la compañía de electricidad, la mayor empresa del país luego del canal interocéanico.
El llamado Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (Irhe) es uno de los últimos bienes estatales que el presidente Ernesto Pérez Balladares se propone vender como parte de su plan de modernización del Estado, iniciado a fines de 1994.
Panamá obtuvo el mayor precio por habitante en materia de privatización de telecomunicaciones en América Latina, al ceder en mayo 49 por ciento de las acciones de la telefónica Intel a la compañía británica Cable and Wireles
Además de los 652 millones de dólares que pagó por esa fracción del capital del Intel, cuyos activos fijos estaban evaluados en 463 millones de dólares, Cable and Wireles debe invertir 500 millones en la modernización de la empresa.
La compañía británica también pagó 72,5 millones de dólares por la explotación de la banda B de la telefonía celular.
La estadounidense South Western Bell logró a principios de este año el derecho a explotar la banda A de telefonía celular, tras ofrecer una suma semejante a la de Cable and Wireles.
Intel generó una ganancia neta de 152,6 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 1996.
Pero el director del Irhe, Fernando Aramburú, calculó en sólo 1.000 millones de dólares el valor de las ocho compañías en que esa empresa será segmentada antes de su privatización.
Con una cartera de 421.000 usuarios cautivos, ventas por 357 millones de dólares y una ganancia neta de 45 millones en 1996, el Irhe será reestructurado en cuatro empresas de generación, tres de distribución de energía y una de transmisión.
Excepto la de transmisión, que quedará bajo control total del Estado, las siete unidades restantes serán ofrecidas al sector , generó una controversia con el sindicato de electricistas. privado en licitaciones a realizarse a principios de 1998, informó Aramburú.
El secretario general del Sindicato de Obreros del Irhe, José Arosemena, cuestionó el valor estipulado por la dirección, así como la segmentación por áreas geográficas que se proyecta para las tres empresas de distribución de energía.
Arosemena dijo que Aramburú "da la sensación" de intentar "devaluar la institución" y afirmó que el Irhe tiene un valor superior a los 2.000 millones de dólares.
La base productiva de la empresa está compuesta por tres centrales hidroeléctricas: La Fortuna y Estrella-Los Valles, ubicadas en la occidental provincia de Chiriquí, y Bayano, en la provincia capital.
La termoeléctrica Bahía de las Minas, en la provincia de Colón, y la de San Francisco, en la capital, completan el sistema de grandes y medianas plantas de producción de energía eléctrica, cuyo potencial supera los diez millones de kilovatios-hora.
"Nosotros, como trabajadores y parte de la sociedad civil, tenemos la obligación de garantizar que este patrimonio que pertenece a todos los panameños se venda al precio que verdaderamente corresponde", declaró Arosemena.
También señaló que, tal como se está reestructurando, "el cliente (del Irhe) no tendrá la alternativa de escoger a la (proveedora) que mas le convenga, sino que estará atado, al igual que actualmente, al consorcio que preste el servicio en la zona donde vive".
Un sistema similar se aplica en el caso de Intel, pese a que esa compañía salió de la órbita estatal para ser operada por una empresa privada extranjera.
El sistema de refinamiento de hidrocarburos también está en manos de una sola empresa.
Por su parte, Aramburú considera que la reestructuración del Irhe "va a fomentar la competencia" entre todos los grupos económicos que participen en el reparto del pastel eléctrico.
Así mismo, el gobierno estudia la posibilidad de vender al público las acciones retenidas por el Estado a través de la bolsa de valores, "para evitar la concentración de capital", dijo Aramburú.
La privatización de la compañía eléctrica panameña ocurre en momentos en que se ha ampliado el proceso de enajenación de activos del Estado en América del Sur y que comienza a cobrar fuerza en América Central.
Costa Rica no ha previsto deshacerse de sus plantas de producción de electricidad, y en Honduras el proceso es aún incipiente. Pero la privatización del sector eléctrico progresa con firmeza en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá. (FIN/IPS/sh/ff/if/97
