El ataque de irregulares colombianos a un poblado de Panamá pudo deberse a la supuesta tentativa del ejército de Colombia de internacionalizar el conflicto en su país y aún a una iniciativa de Estados Unidos, según conjeturas de un analista y un político panameños.
Unos 100 irregulares con armamento pesado habrían participado el sábado en el ataque y saqueo del poblado de Boca de Cupe, de la provincia de Darién, según cree la policía panameña.
Los agresores, que destruyeron el cuartel local de policía, dieron muerte al policía Luis Alberto Madrid, y otros tres defensores resultaron heridos.
Pobladores de Boca de Cupe señalaron que los atacantes se identificaron como guerrilleros colombianos, pero no explicaron a qué grupo pertenecían.
En la franja fronteriza entre Panamá y Colombia actúan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Brigadas Campesinas de Córdoba y Urabá, un grupo paramilitar derechista que presta asistencia al ejército colombiano, también presente en la región, y varios grupos de bandoleros.
Ibrahim Asvat, ex director civil de la Policía Nacional de Panamá, indicó que le parece poco probable que el ataque fuera obra de las FARC, ya que las mismas operan sobre la costa del Caribe colombiano y no en la zona central, donde se encuentra Boca de Cupe.
Además, según Asvat, a ese grupo "no le conviene" entrar en conflicto con Panamá, donde siempre encuentra un refugio seguro cuando debe replegarse.
Entre tanto, una fuente no identificada de la izquierda panameña anunció al diario Panamá América que las FARC emitirán en las próximas horas un comunicado para negar su participación en el ataque.
Asvat opinó que este y otros ataques contra poblados de Panamá cercanos a la frontera con Colombia pueden haber sido propiciados por el ejército colombiano para "involucrar a la policía panameña y así internacionalizar el conflicto" que padece ese país desde 1948.
El ataque y asesinato de cinco habitantes de localidad de La Bonga, en abril, fue reivindicado por un comando de las Brigadas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Según Asvat, el ejército colombiano está interesado en enfrentar a la policía panameña con las FARC para que la guerrilla deba sostener "un nuevo frente" de lucha y no pueda utilizar la selva de Darién para replegarse.
Mientras, Julio Yao, del Frente Panamá Soberano, una agrupación que lucha contra la presencia militar estadounidense en Panamá, dijo que la actividad armada en Darién podría ser parte "de un conflicto de baja intensidad" organizado por Estados Unidos.
A juicio de Yao, ese conflicto sería "el escenario" que Washington necesita para mantener sus tropas en las riberas del canal de Panamá luego de 1999, en caso de que fracacen las negociaciones para constituir el Centro Multilateral Antidrogas propuesto por Panamá a Estados Unidos y otros estados del area.
Los tratados canaleros firmados en 1977 entre Estados Unidos y Panamá establecen que Washington debe renunciar el 31 de diciembre de 1999 a su presencia civil y militar en el canal.
Sin embargo, la propuesta de creación del Centro Multilateral Antidrogas, que tendría asiento en una de las bases que Estados Unidos se comprometió a entregar, abre la posibilidad de que se mantenga una significativa presencia de tropas estadounidenses en el canal luego de 1999.
Yao aseguró aseguró que el ejército de Estados Unidos acantonado en las riberas del canal "viene actuando desde hace meses en Darién a través de sus Equipos de Análisis Táctico".
Entre tanto, los presidentes Ernesto Samper, de Colombia, y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá, iniciaron el martes una serie de contactos telefónicos para resolver la crisis en Darién, según se informó este miércoles.
Pérez Balladares y Samper decidieron "implementar un programa de inteligencia y medidas conjuntas" para evitar nuevos incidentes en la zona, explicó una fuente de la cancillería panameña.
Informes procedentes de Darién señalan que varios poblados cercanos a la frontera han sido abandonados en forma precipitada por sus moradores.
Ricardo Castillo, del no gubernamental grupo Asistencia Legal Informativa, informó que cientos de habitantes de los poblados de Yapé, Pirre 1, Pirre 2 y Basal, la mayoría de ellos de origen indígena emberá-wounaan, huyeron de la región por temor a nuevos ataques.
"En los últimos días hubo hostigamiento de hombres armados que exigen alimentos y mantienen atemorizados" a los pobladores del lugar, explico Castillo, cuya organización asiste a los desplazados por el conflicto colombiano. (FIN/IPS/sh/ff/ip/97
