El rechazo al trabajo del obispo católico del estado mexicano de Chiapas, Samuel Ruiz, por parte de hacendados y grupos vinculados al partido de gobierno, llegó a su punto máximo al registrarse un ataque armado contra el prelado y su equipo pastoral.
Según denunciaron fuentes de la Iglesia Católica, miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, identificado con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), dispararon la tarde del martes contra un convoy automotriz en el que viajaba Ruiz, hiriendo a tres indígenas catequistas.
"El atentado, en el que Ruiz y el obispo coadjutor Raúl Vera salieron afortundamente ilesos" es un golpe adicional al proceso de pacificación en Chiapas, dijo este miércoles Gonzalo Ituarte, vicario de la diócesis de San Cristóbal.
Ruiz y Vera, quienes han protestado ante el gobierno por la militarización de Chiapas, la tolerancia con grupos armados irregulares y una actitud poco clara frente al diálogo con la guerrilla, integran la Comisión Nacional de Intermediación, que alienta la pacificación en el estado sureño.
El equipo pastoral del obispo Ruiz, al que sectores conservadores acusan de azuzar y favorecer a la guerrilla zapatista, fue agredido por los miembros de Paz y Justicia tras recorrer una zona rural de Chiapas donde se reunió con indígenas para preparar una visita del nuncio apostólico, Justo Mullor.
Ituarte indicó que a pesar del atentado contra el obispo de San Cristóbal, la tercera ciudad de Chiapas, el grupo de religiosos continuará realizando recorridos por varias comunidades, sean éstas afines u opositoras a la Iglesia.
"No se pidió ni se pedirá protección policial, pues en más de una ocasión Paz y Justicia ha demostrado que actúa en contubernio con las autoridades y con apoyo del diputado del PRI Samuel Sánchez, uno de sus fundadores", denunció el vicario.
Paz y Justicia, integrado por indígenas y respaldado por hacendados, acusa a las autoridades de tolerar la presencia y el accionar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sostiene que Ruiz apoya a grupos opositores y promueve la invasión de tierras y la lucha contra el gobierno.
A pesar de que el grupo armado fue acusado los últimos meses de alentar la violencia, atacar a simpatizantes del EZLN, asesinar y secuestrar a varios campesinos y amenazar de muerte a Ruiz y sus seguidores, ninguno de sus dirigentes visibles, incluido Sánchez, ha sido detenido o procesado.
En los últimos años, a la sombra del escaboroso y hoy detenido diálogo de paz entre el EZLN y el gobierno, los enfrentamientos entre indígenas, hacendados y miembros de la Iglesia y de grupos humanitarios han sido constantes.
Según cifras extraoficiales, desde la irrupción de la guerrilla, a incios de 1994, más de 400 personas han muerto asesinadas en Chiapas.
Además, se han presentado innumerables secuestros, invasiones de tierras, atentados a instalaciones de la Iglesia, detenciones y expulsión de curas, choques armados y cruentos ataques a instalaciones carcelarias, donde se han liberado a personas acusadas de diversos delitos.
La convivencia social en Chiapas se ha degradado al punto que parece haber una lucha de "todos contra todos", apunta un informe de la Iglesia difundido en abril, en el que se denuncia hostigamiento militar contra la población, entrega de servicios de manera selectiva y la existencia de desplazados.
El trabajo de Ruiz con los indígenas de Chiapas, que se prolonga ya por cerca de cuatro décadas, despertó los últimos años críticas de hacendados y recelos en el gobierno, que incluso lo acusó en algún momento de haber ocultado información sobre la gestación del EZLN.
Para la dirigencia del grupo armado, la diócesis de San Cristóbal, encabezada por Ruiz, representa una Iglesia comprometida "con la lucha por la justicia terrenal".
Las posturas del obispo, quien se identifica públicamente con la llamada Teología de la Liberación, le causaron no sólo problemas con autoridades y grupos paramilitares sino también con la jerarquía católica, desde donde incluso se ha pedido su renuncia.
Ruiz, el "obispo rojo", como lo llaman los hacendados, reclama al gobierno de Zedillo mayor decisión para cumplir con compromisos firmados con la guerrilla, terminar con la militarización y promover la reconciliación en Chiapas, uno de los estados más pobres y violentos del país. (FIN/IPS/dc/dg/ip-hd/97)
