8 nov (IPS) Los mandatarios de América Latina, España y Portugal coincidieron hoy en recuperar una acción primordial del Estado para lograr un crecimiento económico con equidad y justicia social, durante la VII Cumbre Iberoamericana en esta isla venezolana.
El espíritu de la reunión pudo sintetizarse en palabras del presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien afirmó que "el mercado no está conformado para disminuir las diferencias sociales".
Por el contrario, añadió, "ha contribuido a agudizar la miseria, como fuente de generación de crisis y quiebra de países en desarrollo, además de servir de instrumento para perpetuar un contexto internacional que legitima fuertes contradicciones sociales".
Cardoso advirtió de la responsabilidad de los mandatarios de poner a condicionar el mercado a reglas de juego que no permitan que destruya a las sociedades", en la sesión inagural de la Cumbre en Margarita, que se clausura este domingo, en forma anticipada.
En el mismo sentido, el presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, sostuvo que para enfrentar los efectos de la globalización son necesarios programas, acciones "y sobre todo concordancias políticas para poder darle cada vez más fuerza a nuestros Estados".
La Declaración de Margarita, firmada este sábado por los mandatarios que participan en la VII Cumbre Iberoamericana, manifiesta que corresponde "primordialmente al Estado" combatir la exclusión social, superar la pobreza, a desnutrición, la marginalidad y el analfabetismo.
En ese aspecto, los mandatarios conciben "la justicia social como la realización material de la justicia en el conjunto de las relaciones sociales, la cual exige medidas de compensación" a favor de quienes menos tienen.
Los derechos de las personas cubren una amplia gama. Por ello, los firmantes subrayan "la obligación de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales".
Entre esos derechos que deben promover los estados, incluyen "el derecho al desarrollo" y afirman que todos ellos "son interdependientes e interrelacionados", siendo su universalidad "incuestionable".
Asimismo, ponen énfasis en afirmar que "la realización progresiva de políticas nacionales e internacionales para asegurar su pleno reconocimiento y ejercicio requieren de la acción conjunta de la sociedad y del Estado".
Por último, sostienen que "la consolidación de la democracia tendrá plena validez en el marco de economías que se sustentan en los principios de solidaridad, justicia social y equidad".
Esas definiciones marcan diferencias con lo establecido en la declaración final de la sexta cumbre, realizada en Chile en noviembre de 1996.
En aquella se pedía que el Estado promueva la equidad, conciliando los imperativos de desarrollo económico y desarrollo social. También se decía que es importante que el Estado "contribuya" a garantizar la complementariedad entre el crecimiento económico y la equidad social.
En la declaración aprobada este sábado, el Estado no es "contribuyente", sino que se le adjudica un papel "primordial" en esas tareas.
En ese sentido, declaran que "el reto de la democracia en los albores del siglo XXI, será responder cada vez más al compromiso de la eficiencia basándonos en los postulados de libertad, igualdad y justicia que inspiran a los sistemas democráticos".
Y que "una empresa de tanta trascendencia no debe limitarse, sin embargo, a organismos oficiales sino que debe convocar a la sociedad civil". (FIN/IPS/af/eg/97)
