La VII Cumbre Iberoamericana proclamará el derecho de los ciudadanos a recibir y emitir una información libre y veraz, según el borrdor del documento al que tuvo acceso IPS y que sería firmado el domingo por los mandatarios de 21 países.
Esa definición, dijo este viernes el canciller español Abel Matutes, fue consensuada la noche del jueves por todos sus pares.
El derecho a la información veraz fue tema de debate público desde que el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, lo propuso al concluir la VI Cumbre en Chile, noviembre de 1996.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, que agrupa a los mayores editores de diarios de América) se pronunció contra esa formulación, por considerar que constituiría un anticipo de futuras leyes represivas de la libertad de expresión.
Por el contrario, la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) realizó en esta ciudad venezolana su cuarto Encuentro Iberoamericano de Periodismo en el que proclamó que "los gobiernos y propietarios de medios deben respetar el derecho de los pueblos a recibir información veraz".
Periodistas, profesores, políticos y expertos de América Latina, España y Portugal también se pronunciaron por el tema, al finalizar un seminario convocado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo de Investigación y Comunicación de Venezuela (Conveic), efectuado, al igual que el de la FELAP, esta semana.
El seminario proclamó que "la comunicación de una información libre, veraz y contrastada es un derecho fundamental de las personas y un requisito indispensable para la buena salud de la democracia".
Otra reunión, organizada por la Asociación de Periodistas Europeos y celebrada una semana antes, calificó a la propuesta de defender una información veraz como "un amago de venideras censuras".
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Federico Mayor Zaragoza, dijo este viernes a IPS que la información no puede ser sometida a ningún tipo de censura previa o de control gubernamental.
El presidente Caldera negó la existencia de un propósito de dictar leyes reguladoras de la libertad de expresión en su proyecto.
"Una y mil veces he repetido que no voy a proponer ninguna ley, ni ninguna medida coercitiva", señaló.
Pero nadie, añadió, puede quitarle "la convicción profunda de que uno de los valores éticos para que la democracia sea libre es una información que diga la verdad".
Además de proclamar el derecho a una información libre y veraz, el texto firmado por los cancilleres constata que la desigualdad en el acceso a los adelantos tecnológicos agranda una brecha Norte- Sur entre los países y dentro de éstos y se constituye en un obstáculo para la participación democrática de la sociedad civil.
El derecho a difundir y recibir libremente información, ideas y opiniones no debe ser restringido mediante ningún tipo de censura previa ni por acciones monopolistas, señala.
Por último, condena con energía los atentados y cualquier otra forma de violencia o coacción contra medios de comunicación, periodistas y comunicadores.
Con los textos aprobados por los cancilleres y que cuentan con toda la probabilidad de ser firmados por los mandatarios fue desestimada la intensa presión de la SIP y de la Asociación de Periodista Europeos.
El hecho constituye, asimismo, un triunfo del presidente Caldera, que ha encontrado el apoyo de las organizaciones profesionales de periodistas y de los demás mandatarios de América Latina, España y Portugal. (FIN/IPS/td/dg/ip-cr/97)
