Representantes de organismos humanitarios de Honduras protestaron hoy contra la sorpresiva liberación del coronel retirado Manuel Antonio Suárez, detenido hace dos meses por estar vinculado a la "desaparición" de dos opositores en 1982.
La Corte de Apelaciones, sin haber agotado las instancias legales, decidió la noche del miércoles liberar al militar sin explicar las razones, al denegar un recurso de reposición de la la Fiscalía del Estado y el no estatal Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).
La decisión generó indignación en los grupos de derechos humanos, especialmente el Comité de Familiares Detenidos- Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que ironizó sobre la "eficiencia y rapidez" con que funciona la justicia.
"No queremos creer que cada vez que un militar prófugo de la justicia sea capturado saldrá en libertad sin explicación alguna y contra la existencia de pruebas fehacientes que evidencian que hubo delito de lessa humanidad", dijo a IPS Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH.
El militar, quien fungió por muchos años como portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, fue capturado por la policía civil técnico-judicial tras permanecer prófugo por más de un año.
Está acusado del secuestro y probable asesinato del nicaragüense Amado Espinoza Paz, y el hondureño Adán Avilez, capturados en la frontera sur de Honduras en 1982.
Los reportes migratorios legalizan el ingreso de Espinoza y Avilez, algo que en principio fue negado por las autoridades militares, especialmente Suárez, jefe de Migración en la época.
De acuerdo a los grupos humanitarios, Espinoza y Avilez fueron torturados y luego asesinados.
Otros doce oficiales del ejército, activos y en retiro, permanecen prófugos tras haber sido acusados de actos similares.
En los años ochenta, unas 184 personas "desaparecieron" por cuestiones políticas e ideológicas en manos de militares que contaron con la complicidad de civiles y fueron asesorados por oficiales argentinos y miembros de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, según consta en un informe oficial.
"No nos vamos a dar por vencidos y si tenemos que enjuiciar pública e internacionalmente a los militares lo haremos, pero no descansaremos en la búsqueda de la justicia", dijo a IPS el presidente del CODEH, Ramón Custodio. (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/97)
