Dos dirigentes indígenas de Honduras acusados de participar hace un mes en el derribo de una estatua de Cristobal Colón, prófugos desde hace tres semanas, se entregaron hoy a la justicia, con la intención de probar su inocencia.
Los dos líderes de la etnia lenca, Salvador Zúniga y Cándido Martínez, acompañados de miembros de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), aducen que la acción fue una forma de protesta popular por la conmemoración el 12 de octubre del día de la llegada española a América.
Iniciaron al mismo tiempo una huelga de hambre como presión para obtener su libertad. En principio la huelga la encabezan 10 indígenas lencas, pero la idea es sumar a otros según se desenvuelva el caso ante los tribunales.
Salvador Zúniga, del Comité Coordinador de Pueblos Indígenas de Occidente (COPIN), aglutinado en la CONPAH, manifestó que "venimos a entregarnos para demostrar que no somos delincuentes, pero queremos justicia porque no es posible que nos manden presos por derribar una estatua de yeso".
"Pareciera que en este país significan más los líderes de barro que los verdaderos problemas que enfrentamos los indígenas. Si hay justicia, se nos dejará en libertad, pero no nos arrepentimos del acto de dignidad efectuado el 12 de octubre", afirmó.
En esa fecha, unos 150 indígenas lencas derribaron la estatua de Colón, ubicada en la entrada a Tegucigalpa. El monumento es considerado patrimonio cultural del país, porque fue esculpido hace 81 años y al parecer sólo existen tres réplicas en el mundo.
La acción indígena fue repudiada por amplios sectores. El presidente hondureño, Carlos Reina, afirmó que sólo personas "irracionales" eran capaces de cometer ese hecho. En la acción, los lencas sacaron sangre de sus brazos con una jeringa para derramarla sobre la estatua.
La Fiscalía de las Etnias, que tiene también la función de vigilar por el Patrimonio Cultural del país, entabló acción penal contra Zúniga y Martínez por considerarlos los promotores de la acción y existir evidencias de su participación.
De acuerdo al juez Dagoberto Aspra, quien lleva el caso, al margen de las razones interpuestas por los indígenas, su acción fue un delito que según la ley puede ser penado con seis años de cárcel y "mejor será que se busquen un buen abogado".
Aspra dijo que en Honduras debe empezarse a respetar la ley "y no podemos confundir las acciones como lo quieren hacer los indígenas al alegar que su acto fue una cosa de dignidad cuando no tenían ningún derecho a destruir algo que es patrimonio del país".
A su vez, el fiscal de las Etnias, Eduardo Villanueva, dijo a IPS que el caso de los indígenas es complicado porque violaron la ley y no lo quieren aceptar. "Yo me comprometo a que tengan un juicio justo, pero no a torcer la ley a favor de nadie".
Los indígenas pidieron este miércoles la destitución de Villanueva por considerar que no defiende sus intereses. Según ellos, el derribo de la estatua de Colón obedece a cuestiones vinculadas con su "cosmovisión", diferente a la de otros sectores de la sociedad.
Marcos Gutiérrez, de la CONPAH, dijo que "para la cosmovisión de nuestros antepasados, lo que hicimos fue justo y legal, pero como la sociedad la presiden otras personas, entonces nuestros actos son delitos. Eso no es justicia".
La popularidad del movimiento indígena en Honduras inició hace tres años, pero acciones como la toma de la embajada de Costa Rica en Tegucigalpa a mediados de año, y la destrucción de la estatua de Colón, han puesto en entredicho su credibilidad al cerrarse los espacios de negociación cedidos por el gobierno.
Julieta Castellanos, socióloga de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que las peticiones de los indígenas iban muy bien, tenían respaldo y calor popular, pero "en algún momento se perdieron y están cayendo en una especie de fundamentalismo peligroso para la sociedad".
En Honduras hay 500.000 indígenas en la región norte, centro, sur y noreste del país, donde viven en abandono y miseria, en espera de respuestas concretas a sus demandas ancestrales, que por primera vez en la historia del país fueron escuchadas y parcialmente resueltas por el actual gobierno.
Pero sus exigencias, según el mandatario, "fueron más allá de lo racional y no puedo resolver de un solo golpe facturas acumuladas desde hace siglos, y eso, ellos no lo quieren entender".
Reina, en principio un férreo defensor de las causas indígenas, rehusó cualquier negociación directa con ellos cuando sus reclamos pasaron de la protesta pacífica a medidas poco usuales como la toma de embajadas, destrucción de la estatua de Colón y la acusación a su gobierno de ser un régimen represivo contra los pueblos autóctonos. (FIN/IPS/tm/jc/pr/97
