El Fondo Monetario Internacional (FMI) ensayará en Honduras una nueva modalidad de evaluación con la puesta en práctica de un seguimiento "telefónico" de la marcha de la economía.
La técnica, que despertó un inusual entusiasmo en los funcionarios gubernamentales, responde al éxito obtenido en la ejecución de un programa de monitoreo impuesto en mayo por el FMI, luego de que cancelara la suscripción de una nueva carta de intenciones porque el país no reunía las condiciones necesarias.
El programa monitoreado contempla, en principio, un mayor control del gasto fiscal y del índice inflacionario, medidas que por ahora han sido fielmente cumplidas por el gobierno del presidente Carlos Roberto Reina.
La inflación acumulada hasta septiembre fue de 11 por ciento y el déficit fiscal alcanzó a 2,3 por ciento, que equivale a 86,3 millones de dólares, una cifra muy inferior a los 250 millones de dólares de déficit con que inauguró Reina su gobierno en 1994.
El presidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, informó que, ante los buenos resultados en la aplicación del plan de monitoreo, los funcionarios del FMI descartaron una visita a Tegucigalpa, prevista para fines de octubre con el fin de evaluar la marcha de la economía.
Indicó además que el seguimiento se hará "vía telefónica y eso muestra la confianza que tienen en el país", al considerar que no es necesaria su visita, partiendo de la base de que ya "tienen personas destacadas aquí que reportan constantemente la situación del país".
Optimista sobre el avance de la economía a nivel marcroeconómico, Pino afirmó que la nación cuenta con reservas económicas netas del orden de los 400 millones de dólares, estabilidad cambiaria y un crecimiento económico del tres por ciento.
A su vez, el asesor económico del gobierno, el banquero Guillermo Bueso, manifestó que el programa evaluatorio es una muestra de que "el país maneja con manos limpias sus finanzas y la próxima administración que asuma en enero de 1998 no recibirá la nación condicionada" como sucedió con la actual.
Bueso, quien también es accionista de uno de los principales bancos, entiende que el país ya "superó las metas señaladas por los organismos internacionales de financiamiento" y afirmó que "el gobierno de Reina está dejando una mesa limpia" para las próximas autoridades.
No obstante, el gobierno se prepara para negociar con los organismos financieros internacionales nuevas cargas tributarias, a implementarse en marzo de 1998, cuando el país tenga una nueva administración y se defina la privatización de las principales empresas estatales como parte de la factura a pagar al FMI.
Pero la visión optimista de las autoridades sobre la economía no convenció al grupo de pobladores del barrio marginal de Tegucigalpa, Canaán, que protestó la semana anterior frente al Ministerio de Economía, Comercio e Inversión, por las alzas del precio de los productos de la canasta básica y del combustible.
Los pobladores, armados de palos y garrotes, criticaron también la incidencia del FMI en la política económica nacional y abogaron para que el gobierno exiga la condonación de la deuda externa de 4.000 millones de dólares.
Francisco Izaguirre, dirigente de Canaán, una colonia que ha dado muchos dolores de cabeza al gobierno por sus protestas y movilizaciones, sostuvo que "de nada sirve que ahora no vengan los funcionarios del FMI, si nos tienen jodidos (mal) y vía teléfono siempre seguirán aplicándonos los trancazos (ajustes)".
Izaguirre dijo a IPS que las malas políticas monetarias aplicadas desde inicios de los años 90 "tienen al pueblo en la miseria"
"Un ejemplo somos nosotros. La colonia no tiene las condiciones básicas de salud e infraestructura y ni siquiera se legalizaron las tierras", reclamo que ya lleva cuatro años, agregó.
Los pobladores de la colonia Canaán se caracterizan por ser los únicos que apoyan las marchas de protesta que de vez en cuando realizan las organizaciones sociales de base, particularmente de mujeres.
Honduras puso en práctica en 1990 un drástico plan de ajuste con devaluación de la moneda y aumento de los impuestos. Al asumir el presidente Reina, en 1994, se comprometió a seguir el modelo económico anterior que, hasta ahora, ha profundizado la brecha social entre ricos y pobres.
Según las cifras oficiales, la pobreza alcanza a 80 por ciento de los 5,8 millones de habitantes, con la incorporación a esta franja social de 200.000 personas en los últimos tres años.
Informes privados indican, además, que más de medio millón de hondureños carece de empleo en un país cuyo ingreso per cápita es uno de los más bajos de América Latina. (FIN/IPS/tm/dam-dg//if-ip/97)
