La seguridad interna de Guatemala, que los acuerdos de paz del gobierno y la guerrilla encomiendan sólo a la policía, volverá a quedar en manos del ejército, si el parlamento de mayoría oficialista aprueba una iniciativa del Poder Ejecutivo.
Se trata del proyecto de Ley Temporal de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, destinado a formalizar y ampliar las operaciones que los militares ya realizan contra bandas de delincuentes.
La violencia que azota el país, traducida en asesinatos, secuestros, violaciones y asaltos a mano armada, se ha constituido en el talón de Aquiles del gobierno de Alvaro Arzú y opaca el éxito logrado con la firma de la paz en diciembre de 1996, que puso fin a 36 años de guerra interna.
El acuerdo para el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito en septiembre de 1996 por el gobierno y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), establece claramente que las atribuciones de los militares se limitarán a la defensa de la soberanía nacional.
"La misión del Ejercito de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación", se consignó en el acuerdo.
El ejército ha sido acusado por organizaciones humanitarias nacionales e internacionales de infinidad de violaciones a los derechos humanos durante el prolongado conflicto armado, que causó más de 150.000 muertos, 45.000 refugiados reconocidos que huían de la violencia y un millón de desplazados internos.
Pero, en realidad, el ejército nunca dejó de inmiscuirse en la seguridad interna, ya que fue autorizado por el gobierno a patrullar las calles. Por ese motivo, el Ministro de Gobernación (Interior), Rodolfo Mendoza, considera innecesario el proyecto de ley que se está impulsa en el Congreso.
Uno de los artículos del proyecto de Ley Temporal de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil dice que "las fuerzas de seguridad civil coordinarán con el Estado Mayor de la Defensa Nacional la planificación de las operaciones de apoyo y cooperación del personal militar".
Así, será nuevamente el cuestionado general Marco Tulio Espinoza, jefe del estado mayor de Defensa, quien decida la forma en que los militares ayudarán a la policía.
Espinosa comandaba la guardia presidencial cuando esa fuerza, encargada únicamente de la seguridad del presidente y de su familia, fue acusada de actividades ilegales por la misión de la Organización de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua).
Otro de los artículos del proyecto de ley indica que los oficiales "podrán ejecutar sin carácter limitativo todo tipo de operaciones". O sea, los mandos militares tendrían amplia libertad de acción.
El gobierno pretendería seguir la sugerencia de la Minugua de legalizar la participación de las fuerzas armadas en el combate contra la delincuencia.
La Minugua ha señalado en repetidas oportunidades la ilegalidad de detenciones realizadas por el ejército y denunció la actividad de un comando antisecuestros organizado por la guardia presidencial.
El ejército y el Ministerio de Gobernación negaron la existencia del comando, aunque la Minugua, fuentes militares, y víctimas de secuestros y sus familiares sostienen que existe y actúa.
Al presentar el proyecto de ley, las autoridades reconocen la impotencia de la policía ante el crimen organizado. Fuerzas combinadas del ejército y de la policía ya realizan operativos de vigilancia en la capital y en los principales departamentos del interior, al mando de civiles.
Pero esas patrullas no han sido suficientes para reducir la violencia.
Según informes de la policía, semanalmente se cometen en promedio 65 asesinatos, ocho violaciones, cuatro secuestros, 70 asaltos a unidades de transporte colectivo, 125 robos de vehículos, tres asaltos a agencias bancarias y 28 asaltos a comercios.
El entrenamiento de la nueva Policía Nacional Civil (PNC) está a cargo de agentes de la Guardia Civil Española, llegados a Guatemala a fines de febrero. Desde entonces han sido capacitados unos 3.000 agentes.
La PNC, creada en cumplimiento de los acuerdos de paz, deberá contar para el 2000 con unos 20.000 efectivos debidamente entrenados.
Sin embargo, hasta ahora ha sido duramente criticada por diversos sectores que consideran que lo que se ha hecho es un "reciclaje" de agentes de la antigua Policía Nacional, un verdadero nido de corrupción , violación a los derechos humanos y delincuencia. (FIN/IPS/cz/ff/ip/97)
