Reducir o no la jornada de trabajo para combatir la desocupación es la gran cuestión que discuten los españoles y que el 20 y 21 de este mes se debatirá en Luxemburgo, en la Cumbre Europea sobre Empleo.
Aunque el tema siempre ha sido manejado, su irrupción en las primeras planas se produjo poco después de ganar las elecciones en Francia el socialista Lionel Jospin.
Apenas designado primer ministro, Jospin sacó adelante una ley por la cual a partir del 2000, la jornada semanal se reducirá de 39 a 35 horas en las empresas con más de 20 trabajadores y sin que implique recorte salarial.
En España, el gobierno del centroderechista Partido Popular y las organizaciones empresariales se pronuncian en contra de disminuir la jornada laboral, argumentando que haría aumentar el desempleo.
Por el contrario, los partidos de izquierda y las organizaciones sindicales se manifiestan a favor, precisamente porque entienden que es una manera de distribuir el trabajo disponible.
La semana laboral de España, de 40,7 horas, está ligeramente por encima de la media europea, que es de 40,3. Por debajo del promedio están Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia, Francia y Alemania, y por encima aparecen Portugal, con 41,2 horas, y Gran Bretaña, con 43,9.
Pero España es también el país con mayor desocupación, 19,8 por ciento de la población activa, seguida de Italia, 12,8 por ciento, Francia, 12,6, y Alemania y Bélgica, 9,6 por ciento. El promedio de la Unión Europea es de 10,6 por ciento.
El secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, José María Cuevas, coinciden en afirmar que la reducción de la jornada perjudicará a las empresas.
Al perder competitividad, las empresas deberán reducir su nómina de personal, advierten Pimenetel y Cuevas.
Pimentel dice que el gobierno mantendrá en Luxemburgo la posición de que la reducción de la jornada no debe imponerse por ley, como en Francia, sino que esa posibilidad debe ser discutida por los agentes sociales, teniendo presente que toda decisión debe entrar en un marco global.
La coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista y tercera fuerza electoral), propone la reducción a 35 horas semanales y combatir las horas extras con impuestos. Si eso se hiciera, se generarían un millón de puestos de trabajo, según el diputado Pedro Vaquero, de IU.
El Partido Socialista Obrero Español, segunda fuerza electoral, se inclina también por la reducción, pero de una manera gradual y sin imponerla por ley. El diputado socialista Antonio Griñán cree que el tema debe ser discutido en el marco de la negociación colectiva.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (procomunista) y la Unión General de Trabajadores (prosocialista) califican de incomprensible la posición gubernamental, y exigen que se discuta la reducción del horario laboral.
El gobierno, por su parte, insiste en que se debe marchar hacia la penalización de las horas extras y concentrar el esfuerzo en el crecimiento de la economía, para crear puestos de trabajo.
Además, el gobierno anunció un Plan Plurianual, que prevé la creación de un millón de empleos "sociales" antes del 2000. Se trata de tareas como el cuidado de niños y ancianos y la promoción de la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Las ONG ya emplean a 100.000 personas en España, con las que colaboran otras 300.000 en carácter de voluntarios. El gobierno entiende que esa cantidad puede y debe aumentar. (FIN/IPS/td/ff/lb/97
