Un grupo independiente logró grandes progresos en las condiciones de trabajo en una fábrica de ropa de El Salvador que trabaja para firmas estadounidenses, aseguraron activistas.
Casi dos años después de un acuerdo entre organizaciones sindicales de Estados Unidos y la empresa estadounidense The Gap, el grupo de supervisión independiente Centra ayudó a mediar en los conflictos entre trabajadores y propietarios de la fábrica salvadoreña Mandarín.
"El trabajo de la comisión observadora fue excelente", según Marina Ríos, coordinadora del proyecto de maquila (tipo de subcontratación internacional en zonas de procesamiento de exportaciones) y derechos humanos del Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes (MAM).
"La comisión funciona y hay estabilidad en la fábrica. Las obreras realmente reciben un trato distinto", aseguró Ríos.
Los progresos en Mandarín, luego de una breve campaña de consumidores estadounidenses contra The Gap en 1995, son considerados importantes en un país donde unas 40.000 mujeres producen prendas para el mercado de Estados Unidos por 56 centavos de dólar la hora.
Benjamín Cuéllar, director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de América Central y observador de Centra, destacó los avances de su equipo en la reafirmación de los derechos de las obreras en Mandarín.
"Ingresamos al 'monstruo de la maquila', supervisando las condiciones de trabajo y asegurando el respeto por los derechos de las obreras", declaró Cuéllar durante una visita a Estados Unidos este año.
"Casi nos estamos convirtiendo en representantes de Mandarín", agregó Cuéllar, quien destacó la paradoja de que la fábrica, que produce ropa para las firmas estadounidenses Liz Claiborne y The Gap, dependa de Centra para mediar en importantes disputas laborales.
No obstante, los logros de los supervisores independientes en los últimos años tuvieron sus límites.
Cuando The Gap accedió junto al Comité Nacional de Trabajo, de Nueva York, a designar observadores para asegurar que su código de conducta fuera respetado en Mandarín, la firma prometió que su subcontratista respetaría los derechos humanos y el derecho de sindicalización en las fábricas, señaló Ríos.
The Gap también acordó presionar a Mandarín para que contratara nuevamente a las obreras despedidas en 1995 por intentar formar un sindicato. Pero la mayoría de las trabajadoras no recuperaron sus empleos en la fábrica, señaló Ríos.
"El director de Mandarín arguyó que, debido al retiro temporal de Liz Claibourne y The Gap (luego de las protestas de consumidores de Estados Unidos sobre las condiciones de trabajo en la fábrica) y la disminución de pedidos, no hay suficientes empleos", señaló Ríos.
"Así que sólo pudieron recontratar 70 obreras", una pequeña parte de las 400 que fueron despedidas por intentar sindicalizarse, explicó.
Centra no pudo examinar las condiciones de Mandarín como pretendía. Un analista de Estados Unidos arguyó que la subcontratista no permitió que los observadores visitaran todos los sectores de la fábrica, sino sólo aquellos en que se confecciona ropa para exportación de The Gap.
El grupo tampoco pudo extender su labor a otras fábricas donde los obreros solicitan supervisión independiente, lo que restringió en forma considerable las funciones del grupo, añadió el analista.
A pesar de todo, los supervisores ayudaron a movilizar el interés por los derechos de los trabajadores entre consumidores salvadoreños y estadounidenses, sostuvo Ríos. En el último año, la activista organizó a las trabajadoras y las educó sobre sus derechos.
Ríos afirmó que en todas las maquilas existen discriminaciones y violaciones a los derechos humanos y laborales.
Cerca de 80 por ciento de los trabajadores de las zonas francas, donde se produce la mayoría de los productos para exportación de El Salvador, son mujeres, de las cuales 48 por ciento están al mando de sus hogares, calculó Ríos.
Las obreras no ganan lo suficiente ya que el salario mínimo de 1.150 colones (unos 135 dólares) es muy inferior a la cantidad necesaria para mantener una familia (unos 500 dólares).
El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional presiona a los propietarios de maquilas "porque no ofrecen salarios suficientes para comprar los productos de la canasta básica de consumo", señaló David Hernández, diputado y miembro de la Comisión Laboral del Poder Legislativo.
"Vamos a seguir presionando a las empresas que violen los derechos de los trabajadores", señaló Hernández, cuyo partido es el principal en el parlamento, con un tercio de las bancas.
El gobierno de Estados Unidos hizo promesas similares, aunque más vagas, a medida que aumentaba la inquietud en ese país sobre las fábricas con malas condiciones de trabajo que trabajan para empresas estadounidenses.
En abril, la Casa Blanca formó un grupo de trabajo sobre dichas fábricas, que incluyó a Liz Claiborne y The Gap, el cual acordó fijar límites al trabajo infantil, las horas de trabajo y el salario mínimo en las factorías del exterior.
Pero las recomendaciones del grupo de trabajo permiten que las propias empresas supervisen el cumplimiento de las limitaciones, aunque organizaciones locales e independientes estén mejor preparadas para realizar el trabajo, objetó Ríos.
La activista añadió que un estudio de la Asociación de la Industria Textil Salvadoreña reveló que 16 compañías de Estados Unidos trabajaban con subcontratistas en El Salvador.
Si las violaciones en las fábricas locales continúan, "sería legítimo llamar al boicot, pero sólo como último recurso", sugirió. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq-ml/lb/97
