Una misión de la ONU partiría este mes para investigar denuncias de supuestas masacres de refugiados de Ruanda en República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire), declaró Bill Richardson, principal mediador de Estados Unidos en Africa central.
Richardson, embajador de Estados Unidos ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas), presentó testimonio ante una audiencia del Congreso estadounidense el miércoles, dedicada a la política estadounidense en Africa central, y declaró que Washington retomará la cautela en su actitud hacia RDC.
El mediador, quien volvió la semana pasada tras mantener conversaciones con el presidente de RDC, Laurent Kabila, anunció que Estados Unidos participaría de una conferencia de donantes de Kinshasa, que se celebrará en Bruselas del 3 al 4 de diciembre.
"La misión tuvo éxito", dijo Richardson a los legisladores y añadió que espera que la delegación de la ONU, que estuvo seis semanas en Kinshasa sin poder acceder a los supuestos sitios de las masacres antes de retornar a Nueva York el mes pasado, parta para RDC este mes.
"La reunión de Bruselas será mucho más fácil si está vigente el acuerdo (sobre la investigación de la ONU) entre Kabila y Richardson", señaló Joe Wilson, director para Africa del Consejo de Seguridad Nacional, órgano asesor de la presidencia estadounidense, horas después del testimonio de Richardson.
Richardson, quien se reunió con otros líderes de Africa central durante su misión, también señaló que había presentado "fuertes objeciones" a la intervención militar de Angola en Congo- Brazzaville (República de Congo) el mes pasado.
El enviado extrajo la promesa del canciller de Angola de retirar las fuerzas angoleñas de la ex colonia francesa, rica en petróleo, "lo antes posible".
El derrocado presidente de Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, solicitó a Washington, ante el mismo comité del Congreso que declaró Richardson, que apoyara el envío a Brazzaville de una fuerza internacional de paz para supervisar el retiro angoleño y la preparación de elecciones democráticas.
Los comicios se realizarían bajo el régimen, recién instalado, del general Denis Sassou Nguesso. " Sin este tipo de fuerzas, las elecciones bajo el régimen de Sassou serán una farsa", advirtió el exiliado Lissouba.
Pero Wilson dijo a la prensa extranjera que dicha iniciativa sería prematura. "No me parece que la situación se preste necesariamente a una operación de paz en este momento".
Washington y otras capitales deben primero utilizar su poder diplomático para obligar a Sassou a cooperar, añadió.
Lissouba, el primer presidente electo en forma democrática de Congo-Brazzaville, fue derrocado el 15 de octubre por Sassou, luego de cuatro meses de un feroz conflicto civil que prácticamente destruyó a Brazzaville, considerada una de las capitales más modernas y confortables de Africa occidental.
La intervención angoleña inclinó la balanza a favor de Sassou. El presidente estadounidense Bill Clinton denunció la toma de poder como un golpe de Estado militar y suspendió toda la ayuda, excepto la humanitaria, a Brazzaville, mientras presionó a Angola para que retirara rápidamente a sus soldados.
Pero Lissouba se vió prácticamente ignorado durante la audiencia del miércoles, que se dedicó casi en exclusividad a la política de Washington hacia RDC y Ruanda.
La mayoría de los legisladores que asistieron a la audiencia querían escuchar sobre las medidas que adoptó Washington con respecto a las persistentes denuncias de masacres de miles de refugiados, en su mayoría hutus, en el este de RDC.
Las mismas serían responsabilidad de fuerzas ruandesas y la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL), de Kabila, durante y después de su campaña de nueve meses para derrocar al régimen del fallecido Mobutu Sese Seko, en el poder desde hacía 32 años.
Legisladores y grupos de derechos humanos arguyen que las pruebas de las matanzas y su encubrimiento son tan graves que Washington debe vincular la futura ayuda que otorgue al nuevo gobierno a su cooperación con la misión de la ONU y sus avances en el respeto de los derechos humanos y la democratización.
"No nos preocupa que la ayuda se dirija a las organizaciones no gubernamentales (ONG) o a los gobiernos locales, pero sí que se envíe al gobierno central", de Kabila, señaló Scott Campbell, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch/Africa.
El gobierno no solo no cooperó con la misión de la ONU, sino que Kabila sigue ejerciendo la "política de la exclusión" por la que excluye a las ONG de participar en la reconstrucción del país, los partidos políticos siguen prohibidos y las "fuerzas de seguridad siguen multiplicándose", aseguró Campbell.
Otros grupos arguyeron que Estados Unidos debe comprometerse más con Kabila. Washington debe tomar la delantera para conseguir "vasto apoyo internacional" para los 47 millones de habitantes de RDC, sostuvo ante el Congreso Salih Booker, del Consejo de Relaciones Exteriores.
La población necesita un ambiente más seguro, la reconstrucción de la economía y el fomento de la cooperación entre la AFDL y otras fuerzas democráticas, opinó.
"La concentración casi exclusiva sobre la investigación de la ONU socava nuestra capacidad para promover lo que debe ser la meta más elevada de ayudar a los congoleños a efectuar una transición exitosa", añadió Booker.
En cambio, Richardson insistió que, además de su acuerdo con Kabila sobre la misión de la ONU, se están haciendo avances hacia la democratización. "El nuevo gobierno intentó ampliar su base al incluir en el gabinete ministerial y como gobernadores locales a personas que no integran la AFDL".
"Las ONG siguen activas en el país y la mayoría continúa operando en libertad", aseguró.
Richardson también elogió la creación de una Comisión Constituyente el mes pasado, aunque Campbell señaló que la misma está integrada en forma exclusiva por miembros del AFDL. El órgano tiene la función de preparar el camino para las elecciones nacionales en abril de 1999. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-mj/ip/97
