Los trabajadores del sector energético y magisterial de Ecuador anunciaron hoy que un paro para este miércoles en rechazo a reformas constitucionales que facilitan la privatizacón de firmas estatales y limitan del derecho de huelga en sectores estratégicos.
La medida contará con apoyo de otras organizaciones civiles del país, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupa a unas 300 agrupaciones a nivel nacional.
El viernes pasado entraron en vigencia tres leyes aprobadas por el parlamento, "que permiten la inversión privada en áreas que antes eran controladas por el Estado y dan seguridad a los empresarios", según el presidente del Congreso, Heinz Moeller.
Dos de esas leyes facilitan la inversión de capitales privados en las llamadas áreas estratégicas (hidrocarburos, electricidad) y la tercera prohibe las paralizaciones de estos sectores y establece que aquellos trabajadores que incurran en este delito o lo promuevan, serán sancionados penalmente.
Según el jurista Alberto Wray, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la ley que prohibe las paralizaciones en los sectores estratégicos "ya estaba en vigencia desde hace más de diez años".
En Ecuador, todos los paros en esas áreas "son ilegales e incluso están penados, sólo que no se han aplicado estas normas, pues se ha optado por la concertación", dijo Wray a IPS.
Luis Villacís, presidente del Frente Popular, conformado por diversas organizaciones gremiales, consideró que "las reformas constitucionales son una irresponsabilidad del presidente del parlamento, principal promotor de estas leyes".
Según este líder, la actuación parlamentaria "es un intento por confrontar al cuerpo legislativo con la Asamblea Nacional" que se instalará el 20 de diciembre, con el objeto de reformar la Constitución política.
La Asamblea Nacional, idea que surgió tras la destitución por el parlamento del presidente Abdalá Bucaram, en febrero, estará integrada por 70 miembros que serán elegidos el próximo domingo.
Luis Ordóñez, dirigente de los trabajadores del Instituto de Electrificación, recordó que en un referéndum de 1995, el segundo que se realizó bajo el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-96), "el pueblo se manifestó por la no privatización de las áreas estratégicas".
Por esta razón, según Ordóñez, el parlamento "está violando un mandato popular que sólo puede ser reformado mediante otro referéndum".
La Asamblea Nacional "debe dejar sin efecto todas las resoluciones parlamentarias de los últimos días", consideró Luis Macas, dirigente de la Conaie y diputado por el movimiento Pachakutik.
"Si el Congreso persiste en este tipo de actitudes, la Asamblea, necesariamente, tendrá que disolver al parlamento", concluyó el líder indígena. (FIN/IPS/mg/dg/ip-lb/97
