Los 9.500 reclusos que pueblan las 31 cárceles de Ecuador viven en condiciones infrahumanas por el hacinamiento, la falta de infraestructura, educación y servicios médicos, concluyó el Observatorio Internacional de Prisiones (OIP) en su reciente visita a este país andino.
Según un informe preliminar de esta organización consultora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los centros de rehabilitación social de Ecuador "violan las leyes nacionales sobre los derechos humanos y los acuerdos y convenios internacionales" que este país ha ratificado.
Lorena Espinosa-Barry, delegada de la OIP para América Latina, comentó a IPS que el estudio de la realidad carcelaria en Ecuador se realizó "tomando en cuenta las condiciones de vida de los reclusos y no el sistema de administración de la justicia", pues "eso será materia de otro análisis".
Los resultados finales de la investigación, anotó Espinosa- Barry, se darán a conocer el día 20, cuando se entregue un informe a la ONU y a la Organización de Estados Americanos.
Según la OIP, los problemas que padecen la mayoría de las cárceles de América Latina, como la corrupción entre autoridades y prisioneros, drogadicción y alcoholismo, falta de atención médica y psicológica y sobrepoblación, en Ecuador se ven agravados por la ausencia de políticas estatales.
Uno de los fenómenos más complejos en las cárceles nacionales es la profunda brecha que existe entre pobres y ricos, "que aumenta cada vez más, pues cuando no hay un mantenimiento periódico subsisten los que tienen más recursos económicos".
"Los que tienen dinero, pueden mantener su celda en condiciones higiénicas, comer mejores alimentos y sobornar a los guardias para su seguridad, mientras que los pobres están más expuestos al abuso y a las enfermedades", apuntó Jorge Crespo, presidente de la Cofraternidad Carcelaria.
La única observación que realizó la OIP sobre la actuación de la policía y las autoridades judiciales fue la referente a las detenciones provisionales, donde detectaron casos de abusos y tortura.
De acuerdo al código penal ecuatoriano, una detención provisional no puede ser mayor de 48 horas, "pero hay gente que es detenida por más de cuatro semanas sin justificación alguna", anotó Espinosa-Barry.
Otros de los aspectos que llamó la atención del OIP fue la presencia de cientos de niños en las cárceles de mujeres adultas, que comparten las habitaciones con sus madres.
Las leyes ecuatorianas, con el objeto de proteger la unión familiar, "permiten que las madres que estén cumpliendo una condena se hagan cargo de sus hijos, pero dadas las condiciones de las cárceles esto es contraproducente para los menores que crecen en un ambiente de violencia", apuntó Espinosa-Barry.
Según cifras de la Dirección Nacional de Rehabilitación, actualmente 1.500 niños viven en las cárceles ecuatorianas.
Un avance de las autoridades en este aspecto es la implementación de un plan de emergencia para ubicar a esos niños en "hogares sustitutos", donde recibirán gratuitamente educación, atención médica, alimentación y vestimenta.
Ese plan asciende a unos 13 millones de dólares y será financiado por el gobierno de España.
"Las observaciones de la OIP son certeras pero creo que falta analizar el verdadero problema, que radica en el sistema judicial", apuntó Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
Según Ponce, 75 por ciento de la población carcelaria aún no tiene sentencia "y muchos han pasado más tiempo en la prisión del que deberían estar por el delito que cometieron".
Si se logra agilizar a la justicia "y se ponen en vigencia algunas leyes de condonación, que ya existen, la situación carcelaria sería muy distinta", concluyó. (FIN/IPS/mg/dg/ip-hd/97
