Cuatro presos en una cárcel de alta seguridad de la capital de Ecuador comenzaron hoy una huelga de hambre para exigir su pronta liberación, un año después de haber sido declarados inocentes por los jueces de este país andino.
Esta medida de presión es una de las tantas que se han registrado en los últimos tres meses para llamar la atención de agrupaciones defensoras de los derechos humanos y organismos internacionales dedicados a la observación de los sistemas carcelarios.
Por lo general, quienes emprenden este tipo de medidas son reclusos que ya recibieron la absolución judicial pero aún están en prisión, u otros que ya cumplieron el tiempo de la condena establecido por las leyes para el delito por el que fueron detenidos aunque no fueron sentenciados.
La gubernamental Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) estimó que 6.300 de los 9.500 presos que viven en las 33 cárceles de Ecuador aún no tienen sentencia.
En muchos casos, el proceso se ha estancado por excesiva burocracia, y en otros los juicios ni siquiera han comenzado, según la DNRS.
"El sistema judicial de nuestro país es uno de los más lentos, no sólo de América Latina, sino del mundo entero", dijo Jorge Ontaneda, uno de los presos que se declaró en huelga de hambre.
Ontaneda, médico veterinario, fue detenido en junio de 1992 junto con otras personas en un operativo antinarcóticos por un aparente error de la policía ecuatoriana.
Cuatro años después, Ontaneda y tres detenidos más fueron declarados inocentes, pero hasta ahora permanecen en la sección de alta seguridad de la cárcel García Moreno, en Quito, a la espera de que se dé el visto bueno a la sentencia absolutoria.
Este procedimiento es común en Ecuador en casos de narcotráfico. El visto bueno no puede demorar más de 24 horas, de acuerdo con las leyes.
"Hemos agotado casi todos los medios legales. El último fue un recurso de hábeas corpus que presentamos ante el Tribunal Constitucional de Ecuador", comentó Alejandro Ponce, abogado defensor de los cuatro presos.
Es poco probable que el Tribunal acoja el recurso, por lo que "estamos pensando en presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", con sede en Costa Rica, agregó Ponce.
Uno de los requisitos para que la Comisión Interamericana inicie un proceso es que los demandante hayan agotado todas las vías legales ante la justicia de su país. En ese caso, se inicia un juicio contra el estado en cuestión, explicó el abogado.
Sin embargo, las resoluciones adoptadas por la Corte Interamericana "sólo tienen carácter moral, pues no pueden ser impuestas en ningún país", comentó a IPS Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Alexis Ponce, quien también es abogado, ha planteado con éxito algunos casos ante la Comisión Interamericana. "Lo que importa en casos particulares es la presión internacional sobre las autoridades, que de esta manera se ven obligadas a actuar con celeridad", opinó.
En este caso "está en juego la mayor carta de presentación de la policía antinarcóticos de Ecuador: el Operativo Ciclón de 1992", agregó.
El Operativo Ciclón fue el golpe más grande contra el narcotráfico en la historia de Ecuador, pues se capturó al cártel "de Los Reyes Magos".
De este operativo "surgieron innumerables denuncias contra las fuerzas policiales por abuso de autoridad y detención indebida", sostuvo Alejandro Ponce.
Ontaneda y sus cuatro compañeros "son víctimas de este operativo, y las personas que más tiempo han pasado en la cárcel sin justificación alguna ", dijo.
Las autoridades capturaron en el Operativo Ciclón a 51 presuntos narcotraficantes y se incautaron de bienes por un monto de 500 millones de dólares, pero apenas 20 kilogramos de cocaína base.
Iván Suárez fue uno de los detenidos en ese operativo que presentó su caso ante la Comisión Interamericana "y se convirtió en la primera persona en rendir un testimonio" ante el organismo, explicó Alexis Ponce, defensor del demandante.
El caso de Suárez pasó a manos de la Corte Interamericana, que lo encontró inocente "y obligó a las autoridades ecuatorianas a reconocer una detención ilegal cuatro años después de haberlo puesto en prisión", dijo Ontaneda.
Esta resolución fue la primera emitida por la Corte Interamericana contra Ecuador por violaciones a los derechos humanos y la onceava dictada contra un país de América Latina.
Actualmente se tramitan otras 80 demandas contra Ecuador en esta instancia.
"Todo ha cambiado, hasta nuestras exigencias. Al principio queríamos una disculpa, una indemnización y el reconocimiento del estado, pero ahora solo queremos seguir con nuestra vida y olvidar lo más posible". (FIN/IPS/mg/mj/hd/97
