Unos 2.600 detenidos en los 33 centros penitenciarios de Ecuador serán beneficiados con un proyecto que permitirá la excarcelación de los consumidores de drogas.
El proyecto, que se extenderá a lo largo de un año, apunta a "dar un tratamiento especial a los detenidos por consumo de estupefacientes bajo el amparo de leyes que no entendían al problema de la drogadicción como un problema de salud pública", indicó el procurador general del Estado, Milton Alava.
Para la ejecución de este proyecto, "fue necesario reformar la ley de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y, lo que es un avance mayor, la mentalidad de la justicia", consideró Alava, uno de los impulsores del proyecto.
En Ecuador, la penas por consumo de drogas son similares a las que se aplican a los narcotraficantes, "pues se ha considerado que el problema de las drogas es homogéneo", dijo Alava. Ambas son muy elevadas, de 25 años de prisión.
"Los problemas de consumo de drogas, de tráfico y de producción tienen raíces distintas y así deben ser contemplados por las leyes", apuntó el procurador.
Según el procurador, en 12 meses 2.628 prisioneros serán trasladados a centros terapéuticos locales, que brindarán servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y funcionarán en las 21 provincias del país.
Para cumplir con sus objetivos el proyecto tiene un presupuesto de 1,5 millones de dólares.
"Lo interesante es que aquí participan tanto instituciones privadas como públicas en el tratamiento y rehabilitación de los pacientes, lo que habla de un verdadero esfuerzo de la sociedad por entender el problema de la drogadicción", dijo a IPS Alexis Ponce, de la Asociación Permanente para los Derechos Humanos.
El proyecto de rehabilitación "tiene un alcance muy importante, ya que beneficia a 26 por ciento de la población carcelaria, a la que ayudará a solucionar otros problemas, como el de higiene en los centros penitenciarios y el de hacinamiento, que es el más grave", destacó.
Hugo Venegas, del Centro de Atención para Víctimas de la Violencia, comentó a IPS que en las cárceles de Ecuador "actualmente viven unas 9.500 personas", mientras que el espacio "es para 6,000 como máximo".
"Si este proyecto entra en marcha y se cumple, gran parte del problema de sobrepoblación estará solucionado aunque aún tendrá que ponerse en práctica la ley de rebaja de penas, que está vigente desde 1995", consideró Venegas.
En el proyecto de excarcelación de drogadictos también participa el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la policía antinarcóticos y la Dirección de Rehabilitación Social.(FIN/IPS/mg/dg/ip/97
