El parlamento de Colombia aprobó la extradición de nacionales para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, pero el presidente Ernesto Samper consideró el resultado "una honrosa derrota", pues se mantuvo una cláusula de no retroactividad de la norma.
Samper afirmó el miércoles que el Congreso dio "un paso fundamental" al reformar la constitución para permitir la entrega de colombianos a tribunales del exterior, aunque agregó que lo ideal habría sido evitar todo condicionamiento.
La Cámara de Diputados votó el martes a favor de la reforma promovida por el gobierno, pero ignoró el pedido del Poder Ejecutivo y la presión de Estados Unidos contra la cláusula que impide la aplicación con retroactividad de la ley aprobada
En un debate que se prologó cerca de 10 horas, la Cámara acogió por 119 votos a favor y 38 en contra la propuesta del diputado Jairo Chavarriaga, del gobernante Partido Liberal, de poner en vigor el instituto de la extradición a partir de la promulgación de la ley.
La cláusula de no retroactividad pone a salvo de la extradición a Estados Unidos a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del narcotraficante cártel de Cali, hoy encarcelados.
En opinión de la diputada Ingrid Betancur, la no retroactividad "tiene nombre propio: los hermanos Rodríguez Orejuela, que desde la cárcel tienen poder no solamente para financiar campañas, sino para intimidar".
Mientras tanto, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Esguerra, advirtió el miércoles que la decisión del parlamento de excluir la retroactividad de la norma votada traerá "consecuencias graves" para el país en sus relaciones internacionales.
Algunos críticos advirtieron que el gobierno no hizo lo suficiente para volcar su mayoría en el Congreso a favor de la extradición sin condicionamientos. El presidente replicó que el Poder Legislativo tiene autonomía en materia de decisiones.
"Colombia es un estado de derecho, es una democracia en la que los poderes públicos funcionan de manera autónoma y armónica", dijo Samper en una rueda de prensa en la que pidió a la comunidad internacional respeto ante la decisión del parlamento.
La posición del gobierno colonbiano ha sido "consistente" en la lucha contra el tráfico de drogas, agregó. Al respecto, destacó la reforma de la policía, la captura de los jefes del cártel de Cali, el aunento de las penas por narcotráfico y las leyes que autorizan la expropiación de bienes a los traficantes.
"El gobierno está satisfecho" y ahora presenta "un importante instrumento" a la comunidad internacional, declaró el presidente.
La canciller María Ema Mejía calificó la decisión del parlamento de "triunfo amargo". Triunfo, porque la aprobación de la extradición de colombianos parecía impensable hace poco tiempo, y "la parte amarga" es la condición de la no retroactividad, explicó.
Mejia anunció que el gobierno presentará "una ley fuerte" para reglamentar y ordenar la aplicación de la reforma constitucional aprobada.
El texto votado señala que "la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley".
Se establece igualmente que la extradición de colombianos se concederá "por delitos cometidos en el exterior considerados como tales en la legislación penal colombiana" y que su aplicación será reglamentada por la ley. Además, no se hará lugar a extradición por delitos políticos.
Con la decisión, la extradición de colombianos a cualquier país queda incorporada al ordenamiento jurídico, tras haber sido prohibida por la constitución de 1991.
La diputada Betancur aseguró que el pedido del gobierno al parlamento de extradición sin condicionamientos fue un puro formulismo, y por esa razón, Samper no presionó a las mayorías que tiene en el Congreso para que le respaldasen.
Betancur lidera una corriente de oposición del gobernante Partido Liberal que se unió a las denuncias relativas al financiamiento de la campaña electoral de Samper con dinero del cártel de Cali. Pero apoyó la solicitud del gobierno de extradición sin condicionamientos.
La justicia de Estados Unidos solicitó el 26 de junio de 1996 la extradición de los Rodríguez Orejuela y de otros miembros del cártel de Cali. Pero el gobierno colombiano rechazó la petición, porque la constitución lo prohibía.
Según el embajador en Washington, Esguerra, el Congreso se equivocó "de manera grave" al descartar la retroactividad en el proyecto de extradición.
"Estoy frustrado, porque es deprimente que no se haya incorporado la posibilidad de aplicar la extradición a delitos anteriores", afirmó Esguerra a la redioemisora colombiana Caracol desde Washington.
Estados Unidos ha señalado la extradición con retroactividad, commo una de las condiciones para evaluar este año el desempeño de Colombia en su lucha contra el narcotráfico.
Los empresarios colombianos temen que una nueva evaluación negativa, que sería la tercera en tres años consecutivos, decida a Wasghington a aplicar sanciones económicas a este país. (FIN/IPS/yf/ff/ip/97
