Perú es uno de los países más denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un reciente fallo de la Corte Interamericana de Justicia, adverso al Estado peruano, podría provocar otra serie de denuncias.
María Elena Loyza, una profesora condenada a 20 años de prisión por alojar en su casa a una militante del grupo armado Sendero Luminoso, recobró la libertad en octubre por disposición del tribunal con sede en San José de Costa Rica, que revisó su caso por mandato de la comision humanitaria de la OEA.
Se presume que en los próximos días esta corte internacional, que inició la semana pasada su 38 período ordinario de sesiones, emita otro fallo contra Perú, por la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez, ocurrida el 21 de septiembre de 1990.
Las denuncias sobre infracción a los derechos humanos son planteadas primero a la comisión de la OEA que, luego de evaluarlas, trata de resolverlas en negociaciones con el estado infractor y, si no lo consigue, las transfiere a la Corte Interamericana de Justicia.
Hasta ahora hay alrededor de 300 demandas contra Perú ante el organismo de la OEA y, según la Asociación Pro Derechos Humanos, en la mayor parte de estos casos el gobierno del presidente Alberto Fujimori no ha hecho los descargos correspondientes.
Por otra parte, se estima que más de mil reclusos acusados de terrorismo, presuntamente inocentes e impulsados por la liberación de Loayza, recurrirían también a la comisión de la OEA para que pida su libertad ante alto tribunal interamericano.
El caso de Loayza significó la primera intervención de la corte internacional ante el Poder Judicial peruano para que modificara su sentencia y, como tal, sienta un precedente.
Luego de algunas semanas de incertidumbre en las que se temió que el gobierno de Perú desacatara el fallo, al que está obligado por ser firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Loayza finalmente fue puesta en libertad.
Loayza estudia ahora la posibilidad de recurrir nuevamente a la Corte Interamericana para que su gobierno la indemnice por los cinco años de cárcel que sufrió.
Según un reciente informe de la procuraduría general, entre 1992 y 1997 los llamados "jueces sin rostro" (tribunales civiles o militares constituidos por magistrados de identidad encubierta) sentenciaron a 3.297 personas acusadas de terrorismo o "traición a la patria", y absolvieron a otras 2.502.
Los tribunales anónimos fueron eliminados recientemente, en coincidencia con el acatamiento del fallo de la Corte Interamericana de Justicia en favor de Loyza, como parte del esfuerzo de Fujimori por mejorar la imagen de su gobierno en la espinosa cuestión de los derechos humanos.
El congresista Daniel Espichan, ex procurador de Perú, defendió la formación de los tribunales anónimos en 1992, "porque los jueces ordinarios estaban siendo intimidados por los terroristas", pero admitió que en muchos casos cometieron errores y condenaron a algunos acusados sin pruebas suficientes.
En 1996 Fujimori admitió que hay presos que fueron sentenciados sin más pruebas que las denuncias formuladas por otros acusados y formó una comisión independiente para que estudie los casos que deberían ser indultados.
"El indulto es la vía más rápida; la revisión judicial de cada uno de los casos podría demorar años", comentó Fujimori al crear la comisión encargada de revisar y proponer el perdón.
Hasta julio de este año, 246 "presos inocentes" fueron puestos en libertad mediante indultos y otros 400 aguardan que la comisión estudie sus casos, aunque las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de los derechos humanos sostienen que hay más de 1.000 en esa condición.
Las primeras denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA datan de 1980, cuando Sendero Luminoso inició sus actividades armadas y gobernaba el presidente Fernando Belaúnde Terry, período en el cual el ejército fue acusado de eliminar aldeas enteras sospechosas de simpatizar con los guerrilleros.
Posteriormente, durante el mandato del presidente socialdemócrata Alan García, se produjo el asesinato de más de 400 presos que se habían amotinado en las cárceles de Lima y de El Callao, ejecutados después de haberse rendido.
Según Hans Landon, representante en Lima de Aministía Internacional, "la situación de los derechos humanos en este país ha cambiado favorablemente, ya que hasta hace algunos años se documentaban centenares de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de presos".
Sin embargo, Landon puntualizó que "aún persisten otras violaciones, como las torturas que se han conocido recientemente".
"También preocupa la impunidad concedida por este gobierno a los infractores de los derechos humanos a quienes este mismo régimen encausó", añadió.
Para Landon, la impunidad de los violadores de los derechos básicos de las personas es un tema central para la comunidad mundial, "y prueba de ello es la convocatoria a la Conferencia Internacional de Plenipotenciarios, que se efectuará en junio de 1998, para crear una Corte Penal Internacional"
"Dicho tribunal, explicó, tendría por primera vez en la historia la facultad de juzgar a individuos responsables de violar los derechos humanos"
"Esto demuestra que el mundo avanza claramente hacia el reforzamiento del sistema de justicia internacional y hacia un estado de derecho que confiera garantías plenas para toda la población", concluyó Landon. (FIN/IPS/al/dam/hd/97
