Los extranjeros detenidos en Japón sufren discriminación y corren serios riesgos de recibir maltrato de parte de las autoridades, denunció un informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Tao Yaping, ciudadana china que trabajaba como camarera en un bar del centro de Tokio, formaba parte de un grupo de nueve compañeros detenidos en 1994 por carecer de visas de trabajo.
Desde entonces, su vida fue una pesadilla, relató. Funcionarios de inmigración atacaron a Tao físicamente luego de su detención, lo que hizo que la trabajadora entablara una demanda judicial en su contra.
"Luego de ponerme las esposas me patearon y abofetearon porque me negué a obedecer algunas de las instrucciones de mis interrogadores", narró en una entrevista con Amnistía Internacional.
En 1995, la Autoridad de Inmigración de Tokio llegó a un acuerdo extrajudicial con Tao y le otorgó una compensación de 10.000 dólares por el ataque físico que dañó su salud.
La experiencia de Tao no es rara. Su caso es uno entre muchos conocidos a través de entrevistas que Amnistía Internacional realizó en Japón en los últimos dos años.
"Mi investigación revela que aquí se está estableciendo una tendencia " de maltrato, aseguró Pierre Robert, investigador de la organización y autor de un informe que se divulgó este mes sobre extranjeros detenidos en Japón.
"La policía, los funcionarios de inmigración y los guardias de prisión no respetan los derechos humanos de los extranjeros, aunque en muchos casos los cargos sean menores", añadió.
El informe investiga el sistema de detención japonés, donde los extranjeros sospechosos de delitos, por ser visitantes ilegales o haber permanecido en el país luego de que sus visas expiraran, por ejemplo, sufren reclusión en solitario o ataques sexuales.
Japón permite la detención de sospechosos hasta por 23 días en instalaciones bajo supervisión policial, un sistema que puede fomentar las violaciones de derechos, según sus detractores.
A algunos extranjeros detenidos se les negó el acceso a un abogado o intérprete, o se los obligó a firmar documentos que no pueden leer debido a dificultades con el idioma.
Robert, quien entrevistó a cerca de 50 ex prisioneros y abogados que trabajan para corregir el sistema, precisó que aunque las leyes de detención se aplican tanto a japoneses como a extranjeros, el sufrimiento de estos se agrava porque están solos y no pueden comprender qué es lo que se exige de ellos.
El abogado Yuichi Kaido explicó que las leyes japonesas de detención se mantienen en secreto del público así como de los prisioneros, lo que dificulta aun más que los sospechosos eviten cometer durante su reclusión infracciones que justifiquen más castigos.
Kaido representa a Kevin Mara, ciudadano de Estados Unidos que cumple una sentencia en la prisión de Fuchu por narcotráfico. Mara entabló una demanda judicial contra el gobierno por castigos que recibió luego de violar una norma de la cárcel que prohibe abrir los ojos antes de que todos se sienten a comer.
Por ello, en 1993 se le desnudó y esposó durante 20 horas y luego fue puesto en reclusión solitaria durante 10 días. Finalmente, fue transferido a una celda de protección durante dos días, donde tuvo que ponerse un chaleco de fuerza y pantalones con una apertura en la parte trasera para defecar.
Los prisioneros de Fuchu, la prisión más antigua de Japón, son controlados con reglas muy severas que les impiden hablar o mirar hacia los costados mientras trabajan, comen o caminan.
El ejercicio dentro de las celdas está prohibido y los guardias realizan inspecciones periódicas en las que oligan a los reclusos a desnudarse. Así mismo, el rostro de estos debe ser visible mientras duermen.
"La política en Japón es humillar a los prisioneros de manera que no se sientan humanos. La policía piensa que los reos se lo merecen", explicó Kaido. Mara, que pide 83.300 dólares en compensación del gobierno, se encuentra en reclusión en solitario.
Amnistía Internacional exhortó al gobierno japonés a firmar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Como signatario, Japán debería someter sus leyes de detención al control internacional.
El Ministerio de Justicia argumenta que no existe la tortura en Japón por lo que no es necesario cambiar las leyes nacionales para adaptarlas a los requisitos de la convención de la ONU.
El ministerio declaró la semana pasada que el informe de Amnistía era "parcial", exagerado y a favor de los sospechosos.
Pero no se puede negar la cantidad de víctimas, con frecuencia extranjeros con estadía ilegal en Japón, que sufren o mueren mientras se encuentran bajo custodia policial. También es muy difícil conseguir información sobre este tipo de incidentes.
En agosto, un hombre iraní fue detenido por quedarse en el país luego que expirara su visa y murió durante una refriega con los funcionarios de inmigración. El informe oficial indicó que el sospechoso resbaló y se golpeó la cabeza.
En junio de 1994, la policía informó de la muerte en detención de otro iraní, arrestado por no tener pasaporte. El hombre, según las autoridades, murió luego de golpear su cabeza en forma intencional contra una barra de metal.
Amnistía Internacional afirmó que la policía japonesa manifestó que los derechos humanos no son importantes en el tratamiento de los delincuentes.
Los analistas señalan que las autoridades podrían tomar una actitud más severa con las personas sospechosas de quedarse en forma ilegal en Japón, porque hace años que enfrentan el problema de la inmigración ilegal.
Algunas autoridades también plantearon inquietud frente al aumento de extranjeros en Japón, un país que se enorgullece de su sociedad, en gran medida homogénea.
La cantidad de ciudadanos extranjeros detenidos o arrestados por sospecha de ingreso ilegal al país en la primera mitad de 1997 ascendió a un total de 906, casi cuatro veces la cifra para el mismo período del año pasado, informó la policía.
En junio, el gobierno aprobó una ley que incluye sentencias más severas para los extranjeros que residen en el país en forma ilegal.
A la vez, la cantidad de residentes extranjeros aumentó a 1,5 millones, en una población de 126 millones. Ciudadanos de Corea, China y América Latina son los más numerosos.
"No existe voluntad política para cambiar el sistema, razón por la cual es importante que organizaciones como la nuestra revelen el tratamiento inhumano que se practica en las prisiones japonesas", concluyó Robert. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/aq-lp/hd/97)
