El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Julio Arango, solicitó el martes 28 al gobierno investigar el supuesto surgimiento de un escuadrón de la muerte.
La organización armada ilegal Justicia, Sentencia y Ejecución envió este lunes un comunicado a medios de prensa informando sobre su nacimiento para "eliminar" a secuestradores, violadores y narcotraficantes ante la ineficacia de la policía.
"Terminar con los pícaros criminales, capturados o no, enjuiciados o no, sentenciados o no" es el objetivo del grupo, que dice estar seguro que recibirá apoyo de la población.
"La ley claramente establece en qué casos debe aplicarse la pena de muerte y en eso nos basamos, no en burocratismo, incapacidad y complicidad", agrega el comunicado.
Según el texto, el grupo está conformado por empresarios de diversas ramas industriales, agricultores, comerciantes, profesionales y ex miembros de la guerrilla, pertenecen a la clase media y alta y sus edades oscilan entre 34 y 57 años.
La organización dice no ser un comando "caza secuestradores, criminales o delincuentes, sino un grupo muy bien conformado de ciudadanos conscientes de sus deberes cívicos".
"Hemos optado por hacer que las leyes se cumplan de manera ágil. Para los criminales, sus días están contados. Ya no importa lo que hagan, pronto dejarán de existir, ya que no podrán continuar dañando más al ciudadano indefenso", advierte.
Arango llamó a los guatemaltectos a "rechazar esas locuras".
En Guatemala no es la primera vez que se habla de un resurgimiento de los escuadrones de la muerte, que actuaron en los años 70 en la lucha contra la guerrilla.
Este año se registraron decenas de ejecuciones extrajudiciales, por lo general de jóvenes con antecedentes delictivos que aparecen muertos en baldíos con manos y pies atados y con el tiro de gracia característico de este tipo de asesinatos.
Las autoridades niegan la existencia de escuadrones de la muerte y de las llamadas operaciones de "limpieza social" y atribuyen las ejecuciones a "ajustes de cuentas entre bandas de delincuentes".
A esos hechos se ha sumado una ola de linchamientos, que sólo la semana pasada cobró siete víctimas en el interior del país, donde turbas enardecidas capturaron a supuestos ladrones, los golpearon, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.
La vocera del Ejército, Bertha Edith Vargas, dijo que cualquier grupo que actúe al margen de la ley será combatido y neutralizado.
Angel Conte, director de la nueva Policía Nacional Civil, aseguró a su vez que de confirmarse la existencia del grupo clandestino se perseguirá a todos sus integrantes hasta ponerlos a disposición de la justicia.
Hellen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, que lleva el nombre de su hermana, una antropóloga asesinada por militares en 1990, dijo a IPS que estos grupos deberían ser parte del pasado.
"Es un retroceso en el proceso democrático", señaló, destacando que las deficiencias de los organismos de seguridad para asegurar el orden "no justifican la existencia" de organizaciones de este tipo.
Jorge Soto, más conocido como comandante Pablo Monsanto, de la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, descartó que en la organización ilegal participe algún miembro de la ex insurgencia de izquierda.
Agregó que la situación de inseguridad que vive el país no justifica la existencia de ninguna organización clandestina.
Fiscales del Ministerio Público coincidieron en señalar que los escuadrones de la muerte generan mayor delincuencia y ponen en peligro a todos los funcionarios involucrados en la administración de justicia. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/97
