En Bolivia se debate una ley que sancionará el acoso sexual como delito penal, aunque para ello habrá que resolver antes ambigüedades conceptuales que podrían dar lugar al chantaje y convertirla en un arma de doble filo.
El documento borrador será discutido en varias regiones del país entre organizaciones de mujeres y otros representantes de la sociedad civil, antes de ser presentado al parlamento, a iniciativa de la viceministra de Género, Zulema Alanes.
El debate sobre el acoso sexual se inició en Bolivia a principios de octubre, por el caso de un centro educativo donde cinco maestros fueron acusados -y más tarde encontrados culpables por un tribunal disciplinario interno- de acosar a sus alumnas.
En las primeras mesas de discusión, efectuadas en las últimas dos semanas en La Paz, el debate se centró en la definición del concepto de acoso sexual, a fin de evitar interpretaciones confusas.
Uno de los primeros acuerdos consistió en que el concepto debe enfatizar que sólo puede haber hostigamiento sexual en una relación de jerarquía, subordinación laboral, dependencia o de ventaja del acosador respecto de su víctima.
Algunos sectores quieren reivindicar la futura ley como un derecho propio de las mujeres y definir el acoso sexual como un atentado contra la dignidad y la libertad sexual de las personas.
La segunda gran discusión se refiere a la tipificación del ámbito donde ocurre. La ley considerará al acoso como un delito que ocurre no sólo en el ámbito institucional y la mayoría de los participantes proponen sancionar también el acoso sexual que sufren las trabajadoras del hogar y las trabajadoras sexuales.
La tercera discusión se refiere al tipo de sanciones que se establecerán contra el acoso sexual. Una corriente dominante de opinión coincide en que el hostigamiento sexual debe ser sancionado como delito penal porque atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad mental y física de las personas.
En América Latina, países como Argentina, Costa Rica, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay tienen leyes que contemplan la figura del acoso sexual, aunque sólo para casos que ocurren en el medio laboral y no en espacios de educación o en el hogar.
En Bolivia, existe una tendencia a fijar sanciones penales contra el acoso sexual y considerar que el ámbito donde ocurre no sólo es el laboral, sino también el educativo, el hogar y gremial.
"El acoso sexual debe ser conocido como delito, igual que el narcotráfico", dijo Waldo Albarracín, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. "El que incurra en este tipo de hostigamiento se convierte en delincuente susceptible de una acción penal".
Una opinión similar manifestaron las enfermeras bolivianas, que suelen ser víctimas de hostigamiento, aunque los casos no salen a la luz por temor a represalias.
"Si vamos a hacer una ley, hagámosla lo suficientemente fuerte y no castigando al delito con simples multas", dijo Eunice Zambrana, asesora del Colegio de Enfermeras de Bolivia.
En tanto, representantes de las trabajadoras del hogar, que suelen ser víctimas de hostigamiento sexual y abusos por parte de sus empleadores, piden la pena de 30 años de cárcel para los casos graves de acoso y violación.
Victoria Pérez, de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, pide esa sanción bajo amenaza. En caso contrario, "tendremos que hacer justicia por nuestras propias manos", advirtió.
La pena de 30 años de prisión es la máxima y no acumulativa que contemplan las leyes bolivianas para los delitos más graves, como el asesinato.
La discusión del anteproyecto de ley sobre el acoso sexual ha despertado objeciones en medios parlamentarios, aunque no se han hecho públicas por temor a la crítica de organizaciones feministas.
Un parlamentario oficialista que pidió anonimato dijo a IPS que la discusión actual se está realizando de "puertas para adentro" entre organizaciones de mujeres.
El documento borrador estaría adquiriendo un tono radical que podría convertir los ambientes laborales en lugares acondicionados para futuras "cazas de brujas", afirmó.
El legislador se manifestó de acuerdo con sancionar drásticamente el acoso sexual, pero para ello se debe recoger antes la experiencia de otros países y definir claramente las formas de comprobar la veracidad las denuncias.
El ministro de Educación, Tito Hoz de Vila, opinó que no se debe repetir la experiencia de algunos países europeos y Estados Unidos, donde las leyes sobre acoso sexual se han convertido en "armas de doble filo".
"El acoso sexual, no tanto en las escuelas pero sí en las oficinas, ha sido utilizado para chantajes: 'Yo le voy a denunciar de acoso si no me da tal cosa', dicen", afirmó el ministro Hoz de Vila. (FIN/IPS/jcr/ag/hd/97)
