El juez español Baltasar Garzón visitó esta semana de incógnito Ciudad del Este, en Paraguay, denunciada por Argentina como santuario de terroristas islámicos, piratas de marcas y contrabandistas.
Invitado por la Contraloría General de la República de Paraguay, el Consejo de la Magistratura y la Asociación Americana de Juristas, Garzón ofreció una exposición pública sobre la experiencia española en materia de lucha contra la corrupción tras la dictadura de Francisco Franco (1936-1975).
El contralor general de Paraguay, Daniel Fretes, había anunciado que Garzón visitaría el inhóspito Chaco, pero el juez español reconoció que, en cambio, se dirigía a Ciudad del Este. "Quería conocer" la localidad "por interés profesional", declaró a IPS.
El magistrado español consideró que Ciudad del Este, fundada con el nombre de Puerto Stroessner, es similar "a otros enclaves en distintos puntos del mundo, donde se producen comportamientos que llaman la atención, quizás con más insistencia que en otras partes".
Garzón negó, aunque "sin elementos para decir lo contrario", que existan en esa zona conexiones con la organización separatista vasca ETA.
El ministro del Interior de Argentina, Carlos Corach, sostuvo el día 20 ante sus pares del Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que Ciudad del Este es un "santuario del delito único en el mundo".
Corach sostuvo en la reunión de ministros celebrada en Punta del Este, Uruguay, que los delincuentes de la localidad paraguaya cuentan con el respaldo la organización islámica Hezbollah, a la que vinculó con el atentado contra un edificio de la comunidad judía en Buenos Aires en el que murieron 89 personas en 1994.
El ministro argentino también aseguró que en Ciudad del Este se procesan operaciones finacieras "irregulares" por 12.000 millones de dólares y que en los alrededores de esa localidad hay un centenar de aeropuertos sin control.
Además, denunció la falsificación de documentos y pasaportes y el tránsito sin identificar de unas 60.000 personas entre Paraguay y Uruguay.
Esas actividades "ponen en riesgo no sólo a la región sino a toda América Latina", reclamó Corach, tomando como base informes del servicio de inteligencia de su país.
El presidente de Uruguay, Julio Sanguinetti, advirtió al clausurar la reunión de ministros que el crimen representa una clara amenaza contra la democracia. "Que la delincuencia transnacional sepa que si ellos traspasan las fronteras, nosotros no nos quedaremos detrás de esas fronteras", advirtió.
Garzón aprovecha su asistencia a un seminario sobre "Lucha Legal contra la Corrupción", que finalizará este jueves, para visitar el "Archivo del Terror", registro de los servicios de inteligencia de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954- 1989).
El magistrado procurará recoger información sobre el destino de los 600 españoles desaparecidos en Argentina durante la última dictadura en ese país (1976-1983), uno de los casos a su cargo.
Garzón logró que las instituciones en Asunción le remitieran este año las actas del "Archivo del Terror" que se refieren a "algunos ciudadanos españoles" apresados en Paraguay en la denominada "operación Cóndor" y trasladados a Argentina.
No obstante, el juez español insistirá con el pedido porque algunas informaciones "quedaron pendientes", y se negó a adelantar si citará desde su país a algún testigo residente en Paraguay.
Como "operación Cóndor" se conoce la coordinación de organismos represivos de las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70.
Garzón dijo que promoverá "una convergencia legislativa" para que se instaure en todo el mundo "el principio de persecución universal", que permitiría el juzgamiento de acusados de violaciones a los derechos humanos "donde las las pruebas estén, con independencia del lugar donde se detenga".
Sin embargo, dos banqueros españoles prófugos de la justicia de Paraguay desde 1995 por quiebras fraudulentas, están residiendo en su país. Garzón explicó que el tratado de extradición bilateral impone "limitaciones" que impiden el trámite en este caso.
Si existiese "una responsabilidad penal de ciudadanos españoles que estén en España, se tendrían que denunciar los hechos en España y juzgarlos ahí" resumió.
Consultado sobre posibles conexiones entre su popularidad en España y la de Di Pietro en Italia, Garzón rechazó que "pueda haber un gobierno de los jueces". Pero si su aporte "ha contribuido a que el ciudadano recupere la confianza en que las instituciones funcionan, pues bienvenido sea", agregó. (FIN/IPS/cm/mj/ip/97
