Las dos principales televisoras de México anunciaron que sacarán del aire sus noticieros de crónica roja, tras recibir críticas del gobierno, políticos y asociaciones de padres pero también de alcanzar una audiencia sin precedentes.
Se trata de un decisión correcta, señalaron algunos observadores, para quienes los noticieros pecaron de sensacionalistas. Otros calificaron la medida de atentado contra el derecho a la información y un intento por ocultar parte de la realidad.
Televisa, una de las más poderosas cadenas de televisión de América Latina, y TV Azteca, la segunda más importante en México, anunciaron por separado que a mediados de mes suspenderán sus programas "Fuera de la Ley" y "Ciudad de Desnuda", cuyas emisiones comenzaron en 1995.
La audiencia que alcanzaron esos programas, que se transmitían entre las 19.00 y las 21.00 horas, osciló entre siete y 20 millones de televidentes.
Los dos noticieros se caracterizaban por la exhibición sin cortes de cuerpos mutilados, peleas callejeras y personas detenidas en flagrante delito, la crónica detallada y a veces dramatizada de actos delictivos, el juicio de los reporteros sobre los hechos y la presentación de casos insólitos.
Televisa explicó en un comunicado que retiraba de su programación a "Fuera de la ley", pues su contenido se apartó "del propósito informativo que le dio vida" y de la política general de noticieros de la empresa.
Azteca dijo por su parte que "Ciudad desnuda" sale del aire tras haber cumplido "el objetivo de realizar labor social" y en atención de las inquietudes expresadas por "algunos comentaristas, intelectuales y actores políticos".
La suspensión de los noticieros policiales, que incluían secciones en las que transmitían peleas familiares desde los hogares de los protagonistas, fue una decisión unilateral de las televisoras "que el pueblo de México sabrá agradecer", declaró el jueves el presidente Ernesto Zedillo.
Zedillo había exhortado el 17 de octubre, en el marco de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, a los dueños de los medios a poner punto final a la "cultura de la violencia".
"Dejemos tanta obstinación por la violencia que sólo puede ser ejemplo de violencia, dejemos de conferir a la violencia tantos acentos que parecen querer exaltarla y alentarla", expresó.
Estudios de la Universidad Nacional Autónoma y de la Universidad Iberoamericana indican que cada niño mexicano pasa en promedio 2.000 horas al año frente al televisor, mientras a la escuela le dedica 600.
Cuando un mexicano cumple 15 años se calcula que ya habrá visto más de 7.300 crímenes en los canales de televisión.
"Si consideramos el total de horas semanales dedicadas expresamente a 'notas rojas' encontramos que Televisa ocupa 60 por ciento de su programación y TV Azteca 35 por ciento", apuntó un estudio realizado en 1996 por la investigadora en comunicación Ligia Fadul.
Según Guillermo Orozco, profesor de la la Universidad Iberoamericana, los programas de televisión no son influencia determinante en el comportamiento delictivo de las personas pero sí pueden ser detonante de actitudes agresivas.
Los noticieros de crónica roja que pronto saldrán del aire habían roto con el veto no escrito impuesto las últimas décadas a los medios televisivos en México por parte de sus dueños.
Cuando terminó la prohibición, influida al parecer por un afán de captar mayor audiencia, la Unión de Padres de Familia demandó al gobierno de Zedillo obligar a las cadenas de televisión a cambiar de actitud para evitar que "dañen a la sociedad".
El fin "por decreto" de los noticieros policiales "debe considerarse como una violación al derecho a la información", opinó en cambio la actriz Carmen Salinas.
Aunque los programas merecían modificaciones, como suprimir las escenas brutales, debe reconocerse que cumplían la tarea de denunciar la corrupción existente en la policía, mostrar cuál es la realidad del país e identificar el rostro de los delincuentes, sostuvo.
En los últimos meses algunos reporteros de los noticieros policiales de televisión y de las páginas de crónica roja de varios diarios fueron detenidos, amenazados y golpeados, aparentemente por supuestos policías corruptos, en acciones que el gobierno prometió investigar. (FIN/IPS/dc/dg/pr-cr/97
