Cerca de 33.000 funcionarios públicos despedidos, aumento de los combustibles y del costo de los viajes al exterior y de las importaciones, son algunas de las 50 medidas anunciadas el lunes por el gobierno de Brasil, para reducir su déficit fiscal.
El gobierno despedirá a 33.000 de los 55.000 funcionarios de la administración central que no gozan de la garantía constitucional de estabilidad en el empleo y ya presiona a empresas estatales y gobiernos estaduales y municipales para que reduzcan costos.
El resultado final será un importante aumento del desempleo.
El paquete constituye una "respuesta indispensable a la turbulencia financiera internacional que no es de corta duración", señaló el ministro de Hacienda, Pedro Malán.
El alud de iniciativas administrativas, legales y tributarias que afectan a casi todos los sectores representa un total de 20.000 millones de reales (18.000 millones de dólares) en reducción de gastos y aumento de recaudación, algo cercano a 2,4 por ciento del producto interno bruto.
Ese es el costo mínimo del ajuste dispuesto, ya que hay medidas cuyos efectos aún no se calcularon en términos monetarios y que podrán abultar el total, puntualizó el ministro de Planificación, Antonio Kandir.
Otro gran ahorro procederá de la interrupción del pago a unos 100.000 jubilados estatales, que no se presentaron a la última renovación de nóminas. Además, serán suprimidos diez por ciento de los 17.000 cargos de confianza que los gobernantes pueden llenar.
El ahorro de personal se traducirá en unos 1.400 millones de dólares al año, estimó el secretario de Planificación, Marcos Tavares. La austeridad se profundizará con el reemplazo de sólo dos tercios de los funcionarios que se jubilen o mueran, y con la reducción del pago de horas extraordinarias.
También se resolvió el recorte de 20 por ciento de los contratos de servicios hechos por el gobierno y de 500 millones de dólares en los incentivos fiscales.
Pero la mayor reducción del déficit de la administración federal se logrará mediante el aumento de la recaudación, vía alza de tarifas públicas y de impuestos y por la venta de patrimonio estatal. Ese conjunto de decisiones rendirá unos 6.200 millones de dólares.
Los derivados del petróleo de mayor consumo se encarecerán cerca de cinco por ciento. El aumento de la gasolina y del diesel repercutirá en el transporte y en toda la economía, y la suba de precio del gas de uso doméstico afectará especialmente a la población más pobre.
El impuesto a la renta se incrementará a partir de enero de 25 para 27,5 por ciento en el caso de los más ricos, y también se eleverá el impuesto industrial sobre vehículos y bebidas, gravando el consumo principalmente de las capas medias y altas.
A las empresas estatales y a los gobiernos provinciales también se exigirá recortes del gasto, del endeudamiento y de sus inversiones por 7.000 millones de dólares.
Pese a las duras medidas dispuestas, que encarecen el consumo, provocarán mayor desempleo y aumentarán la pobreza, los ministros y sus auxiliares directos descartaron una recesión económica en el próximo año, cuando entrarán en vigor la mayor parte de las decisiones adoptadas.
Los ministros admitieron que se reducirá "el ritmo de crecimiento". El secretario de Política Económica, José Roberto Mendonza de Barros, calculó que el crecimiento será de dos por ciento en 1998, frente a casi cuatro por ciento este año, aunque aclaró que no se trata de ninguna "previsión".
El recorte resuelto se concentra en gastos corrientes, un rubro en que alcanzará a 15 por ciento del presupuesto de 1998, y menos en inversiones, que perderán sólo seis por ciento, destacó el ministro de Planificación.
El ajuste es fuerte en área fiscal, al punto que los empresarios y los sindicalistas temen una verdadera recesión. Es decir, una caída de la producción por tres trimestres consecutivos como mínimo. Pero las medidas para reducir el déficit de la cuenta corriente externa son de efectos limitados.
La tasa de embarque cobrada en los aeropuertos para viajes al exterior se quintuplica, hasta 90 reales (81 dlares), el límite de compras exentas de impuestos en los aeropuertos baja de 500 a 300 dólares y se anuncia un mayor rigor en la fiscalización del equipaje de los turistas.
Adí mismo, Brasil negociará con sus socios del Mercosur (Mercado Común del Sur) el aumento de aranceles a las importaciones.
Mientras, la principal medida de estímulo a las ventas al exterior consiste en extender el crédito preferencial a los productores de insumos incorporados a bienes de exportación y a las pequenas y medianas empresas.
Las cuentas del gobierno serán también mejoradas con la ampliación del programa de privatizaciones. El gobierno venderá inmuebles del Estado y aumentará la concesión a operadores privados de carreteras y servicios de saneamiento básico.
En algunos casos, se podrán captar importantes recursos externos. La venta del patrimonio de Eletrobrás, holding del sector eléctrico estatal, proporcionará 10.000 millones de dólares, en gran parte del exterior, anunció Mendonza de Barros. (FIN/IPS/mo/ff/if/97
