La liberación por parte de China del disidente político Wei Jingsheng, en principio considerada como una medida oportunista, podría ser parte de una estrategia de Beijing para mejorar su imagen de derechos humanos en el exterior mientras disminuye su peso internacional, según analistas.
Wei, exiliado en Estados Unidos tras su liberación condicional el 15 de este mes por razones de salud, fue el primer prisionero político puesto en libertad como reacción a la presión internacional desde que Beijing fracasara en sus intentos de 1993 y 1994 por convertirse en sede de los Juegos Olímpicos del 2000.
"En 1993, cuando se estaba eligiendo la sede de las Juegos del 2000, el gobierno chino decidió que la liberación de disidentes sería una buena política. Pero a partir de 1994 adoptó una actitud mucho más dura", afirmó Xu Liangying, profesor de la Universidad de Beijing.
Numerosos grupos disidentes, descreídos sobre los motivos de China, consideraron la liberación de Wei como una medida aislada y oportunista, con pocas consecuencias para la situación general de derechos humanos.
Los grupos sostienen que la oportuna liberación de importantes prisioneros políticos revela que los disidentes son meros peones para asegurar concesiones en las relaciones con los países industrializados, en este caso, posiblemente por la sede de las Olimpíadas del 2004.
"El envío de uno o más disidentes al exilio no representa la mejoría de la situación de derechos humanos china", declaró el grupo Derechos Humanos en China, de Nueva York.
"Los disidentes son utilizados como rehenes políticos", dijo Yeung Sum, del Partido Democrático de Hong Kong, considerado "subversivo" por sus críticas contra los líderes chinos durante las manifestaciones en la plaza de Tiananmen, donde cientos de estudiantes murieron en 1989 por la represión del ejército.
"En primer lugar, Wei no tendría que haber sido puesto en prisión", aseguró.
No obstante, algunos activistas creen que la liberación de Wei refleja una actitud más flexible de parte de Beijing, luego de varios años de intransigencia. Otras medidas menos conocidas también indican un cambio.
Beijing anunció en abril que firmaría la Convención de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que garantiza la no discriminación, igualdad de derechos para la educación y la salud, protección ambiental, empleo, seguridad social y el derecho a la sindicalización.
Un portavoz de Beijing declaró que China accedió a la Convención poco antes de la visita que el presidente Jiang Zemin realizara en octubre a Estados Unidos. Pero el gobierno chino aún no firmó el instrumento, añadió.
Abogados por los derechos humanos señalaron que la firma de la Convención exige gran preparación legal y administrativa, a diferencia de la publicitada liberación de disidentes conocidos. En los últimos años, China aprobó numerosas leyes y normas en terrenos cubiertos por el instrumento.
La aceptación de la Convención es especialmente importante para las garantías de Hong Kong tras la transferencia a China de la soberanía de Gran Bretaña, signataria de la misma.
El arreglo permitiría a China y la comunidad internacional "tener una mejor comprensión de la evolución en Hong Kong", expresó el portavoz de la cancillería china Shen Guofang.
Cuando se le preguntó si China había accedido a la firma de la Convención debido a las críticas por la situación de los derechos humanos en el país, Shen replicó: "Por supuesto que no se debe a la presión externa. Hemos estudiado el tema seriamente".
Pero la desconfianza hacia Beijing sigue siendo grande debido a las ocasiones pasadas en que violó las garantías de la propia constitución china.
"Nos gustaría que Beijing ratificara la Convención. Algunos países siguen retrasando el proceso de ratificación formal", manifestó Ho Heiwah, presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, de Hong Kong.
Beijing, en un gesto significativo, anunció este mes que seguiría entregando un informe anual exigido por la Convención de la ONU y que Gran Bretaña había proporcionado anualmente en nombre de Hong Kong.
El gobierno chino también anunció que los funcionarios de Hong Kong redactarán el informe anual y hablarán por la delegación de Beijing ante la ONU.
Se espera que Beijing saque partido del informe de Hong Kong, que seguramente no será controvertido.
Al permitir su redacción por parte de funcionarios de Hong Kong, China podrá decir que las posibles omisiones fueron cometidas por funcionarios locales, aunque los activistas afirman que no es probable que Beijing permita críticas indebidas de los redactores.
Algunos temen que Beijing describa en forma idealista la situación en Hong Kong, pero el gobierno chino podrá argumentar con facilidad que Gran Bretaña hizo lo mismo durante la época colonial.
Pero China no dio señales de que firmará la Convención de la ONU de derechos individuales, civiles y políticos. Es evidente que sería mucho más difícil para Beijing adherirse a los términos de este acuerdo, que trata de la libertad política.
"China debe hacer mucho más para demostrar su sinceridad en el intento de mejorar su pésima situación de derechos humanos", dijo la ex legisladora de Hong Kong Emily Lau. El próximo paso será la liberación de prisioneros políticos y la aprobación de la convención de la ONU sobre derechos políticos, añadió.
De todas maneras, muchos se preguntan la razón por la que China está dispuesta a dialogar sobre los derechos humanos. Una explicación refiere a la caída en los últimos dos años de la inversión extranjera por lo que Beijing ya no cuenta con tanto peso económico como a principios de la década de 1990.
El comercio es un tema importante, sobre todo ahora que China deberá esforzarse más para vender sus productos en el extranjero debido a la devaluación de las monedas en el resto de Asia.
Beijing presiona a Estados Unidos para obtener el estatuto permanente de Nación Más Favorecida (NMF), lo que pondría fin a la ronda anual de disputas con Washington sobre su renovación. China no desea que Hong Kong se convierta en este momento en un obstáculo adicional de la discusión.
El legislador estadounidense Jim Kolbe dijo este año en Beijing que Estados Unidos quería supervisar el cambio de soberanía en Hong Kong durante un año, antes de considerar el cambio de la concesión del estatuto de NMF a China.
El año pasado, el cónsul general de Estados Unidos Richard Mueller declaró que Washington brindaría un tratamiento distinto a Hong Kong y China luego de 1997, considerándolos miembros separados del foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico y la Organización Mundial de Comercio.
También señaló que se le concedería a Hong Kong concesiones en el área del comercio y la aviación. Pero "sólo lo podremos hacer si Hong Kong continúa siendo una auténtica entidad separada del resto de China", agregó.
La situación también dependerá de si los ciudadanos de Hong Kong podrán "tener actividad en asuntos políticos y cívicos, para que puedan expresarse sobre el gobierno de su territorio", dijo Mueller.
Grupos disidentes en el exterior sostienen que es probable que Hong Kong se convierta en un importante foco de atención para los gobiernos industrializados preocupados por la situación de derechos humanos en China.
Si Beijing no entrega el informe anual a la ONU, otros países, incluyendo el bloque de la Unión Europea, declararon que vigilarían la evolución de Hong Kong por su cuenta y considerarían la redacción de un informe anual sobre derechos humanos.
En otras palabras, sostienen los activistas de Hong Kong, la actitud de China con respecto a los derechos humanos responde tanto al interés por proteger sus intereses económicos como a la necesidad de vigilar celosamente su soberanía de la "intervención" extranjera indebida. (FIN/IPS/tra-en/ys/js/aq-lp/hd-ip/97
