El veto del presidente de Chile Eduardo Frei al ascenso a general de un oficial involucrado en crímenes represivos dejó en situación de desmedro al ex dictador Augusto Pinochet como jefe del ejército, según fuentes castrenses.
Trascendidos del entorno del ejército señalaron que existe "incertidumbre y preocupación" por el veto de Frei al ascenso a brigadier general del coronel Jaime Lepe, implicado en el secuestro y asesinato en 1976 del diplomático español Carmelo Soria.
Es probable que el cuerpo de generales sea citado para tratar esta situación que, según las fuentes militares, "deja en desmedro" a Pinochet en sus últimos meses como comandante del Ejército, un cargo que dejará el 10 de marzo para jurar al día siguiente como senador vitalicio.
Lepe fue miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la primera fase de la dictadura de Pinochet (1973-90) y su ascenso a brigadier general, anunciado el 30 de octubre, provocó indignación en medios políticos y humanitarios.
El ascenso ahora vetado de Lepe coincidió el jueves último con la decisión de Frei de designar al general Ricardo Izurieta, octavo por antigüedad entre los generales, como sucesor de Pinochet a partir de marzo en la jefatura del ejército.
El ministro de Defensa, Edmundo Pérez, dio a conocer este martes la determinación presidencial de vetar a Lepe, luego de que su ascenso fuera rechazado por los cuatro partidos de la gobernante Concertación por la Democracia, de centroizquierda.
Carmen Soria, hija del funcionario de la Organización de las Naciones Unidas asesinado por la DINA, entregó el lunes una carta de protesta a Frei, pero expresó ahora su agradecimiento por el revocamiento del ascenso de Lepe.
Sin embargo, cuestionó la declaración de Pérez, quien fundamentó el veto en "situaciones públicas y notorias que afectan negativamente su imagen (de Lepe) ante el país o ante sectores importantes de la ciudadanía".
Carmen Soria advirtió que ese argumento implica que el gobierno bloqueó la promoción de Lepe por un problema de "alarma pública", en lugar de decir claramente que no se le asciende por su participación en un crimen represivo.
Agregó que un segundo acto de justicia sería la expulsión de Lepe de las Fuerzas Armadas, al igual que la del actual coronel Pablo Belmar, quien también integró la brigada "Mulchén" de la DINA, que secuestró y torturó a Soria hasta causarle la muerte.
La participación de ambos oficiales en la brigada fue señalada por tribunales civiles que, no obstante, se abstuvieron de procesarlos y finalmente sobreseyeron (cerraron) el caso, aplicando la ley de amnistía de 1978.
Carmen Soria calificó a Lepe de "criminal" y advirtió que él y Belmar no fueron enjuiciados debido a la "cobardía" del Poder Judicial, que en la mayoría de los casos de derechos humanos ha avalado la impunidad para los culpables.
Las organizaciones humanitarias aplaudieron la decisión de Frei y coincidieron con Carmen Soria en que el veto al ascenso de Lepe fue un logro del movimiento de derechos humanos y de partidos políticos, y de los medios de prensa que divulgaron las denuncias.
Fuentes de la oposición derechista, en cambio, acusaron al gobierno de ceder a las presiones de la coalición oficialista y consideraron arbitrario el veto a Lepe, cuya hoja de servicio en el ejército calificaron de "intachable".
En 1990, el entonces presidente Patricio Aylwin (1990-94) impugnó el ascenso al grado de mayor general de los brigadieres generales Carlos Parera y Ramón Castro Ivanovic, involucrados en violaciones de derechos humanos.
Pero el actual caso adquiere connotaciones más conflictivas, ya que Lepe es considerado uno de los oficiales protegidos de Pinochet, quien lo mantuvo varios años como secretario general del ejército y luego le encomendó misiones en el exterior.
El veto de Aylwin a Parera y Castro se produjo además en el mismo momento en que el ejército presentó al Presidente la propuesta de ascensos y retiros de la junta anual de calificaciones. En cambio, la promoción de Lepe fue revocada seis días después.
El coronel Juan Miguel Fuentealba, jefe del Departamento de Comunicaciones del ejército, recordó este miércoles que el ministro Pérez revisó y aprobó el jueves último el comunicado en que se anunciaba el ascenso de Lepe y de otros oficiales.
Luis Francisco Reyes, de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que la "consecuencia lógica" de la impugnación presidencial de la promoción de Lepe "sería que renunciara el ministro de Defensa".
Pero más allá de la suerte de Pérez, las preocupaciones y expectativas apuntan a la reacción de Pinochet y del ejército ante un hecho que reactualiza el conflicto no resuelto entre la transición democrática y la impunidad de los violadores de derechos humanos. (FIN/IPS/ggr/ff/hd-ip/97
