El gobierno de Camboya debe mejorar su tratamiento a los derechos humanos antes de la realización de elecciones libres y justas el próximo año, señaló Thomas Hammarber, representante de derechos humanos de la ONU en ese país.
Hammarberg, quien esta semana presentó su último informe sobre Camboya a la ONU (Organización de las Naciones Unidas), arguyó que la pasividad de la justicia ante las atrocidades cometidas desde el golpe de Estado del 6 de junio y antes de él "es un grave obstáculo para la celebración de elecciones libres y justas el próximo año".
El gobierno del viceprimer ministro de facto Hun Sen y su Partido del Pueblo Camboyano (PPC) aún no detuvo a los responsables del ataque con granadas contra una manifestación del Partido de la Nación Jemer (PNJ), el pasado marzo, donde murieron 16 personas.
Tampoco hubo investigación alguna del presunto asesinato bajo custodia policial de decenas de líderes del partido monárquico del Funcinpec (que compartía el poder con el PPC antes del golpe) tras el derrocamiento del primer ministro Norodom Ranariddh.
"Se cometen actos criminales y nadie es responsable. Nadie ha sido detenido ni juzgado", lamentó Hammarberg.
El enviado estadounidense señaló que las normas actualmente vigentes para las elecciones del próximo mayo no garantizan a todos los partidos igual acceso a los medios de comunicación, una "comisión electoral realmente independiente" ni la devolución de equipos y registros tomados de las oficinas del PNJ y el Funcinpec tras el golpe.
En un informe presentado a la Asamblea General, Hammarberg dijo que "se necesita con urgencia una ley de partidos políticos para ofrecer garantías a todos los grupos, incluso los opositores".
"Hace 12 meses que está en consideración un proyecto de ley sobre este asunto, pero aún no ha sido aprobado", añadió.
El informe sostiene que el gobierno de Phnom Penh todavía no aceptó el derecho de los partidos políticos a la protección legal, de modo que puedan constituirse y mantener oficinas.
Además, un proyecto presentado por el régimen de facto establece que cada partido debe contar con un mínimo de 5.000 miembros y depositar el equivalente a 3.300 dólares para poder participar de las elecciones, normas que la ONU considera "injustificadas".
El gobierno de Hun Sen, que eligió a Ung Huot -líder de una facción separada del Funcinpec- como primer ministro, intentó en los últimos días mejorar su tratamiento a los derechos humanos.
Tras amenazar durante meses con encarcelar a Ranariddh por el cargo de conspiración con el rebelde Jemer Rojo, Hun Sen garantizó en octubre al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que el primer ministro expulsado podrá retornar con seguridad al país si desea presentarse a las elecciones.
Posteriormente, Annan escribió a Ranariddh diciéndole que, según la opinión del departamento jurídico de la ONU, existen suficientes garantías a su seguridad en caso de que decida volver a Camboya.
Sin embargo, el líder del Funcinpec permanece en el extranjero y duda de las garantías ofrecidas. Según Hammarberg, la ONU está dispuesta a designar observadores para acompañar a Ranariddh.
"Si el proceso es bien conducido, será un buen comienzo para las elecciones, pero si fracasa, será un mal presagio", dijo el enviado del foro mundial.
Por ahora, sin embargo, Hammarberg está satisfecho por el cambio de discurso del régimen de Hun Sen con respecto a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Camboya. El gobierno ya retiró sus críticas de parcialidad contra el equipo de 50 miembros.
Tras un verano en el que Hun Sen solicitó la renuncia de algunos miembros de la Oficina, la ONU y Camboya cooperan desde hace varios meses en asuntos de derechos humanos, señaló Hammarberg. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/ml/hd-ip/97
