La caída de la Bolsa de Hong Kong resuscitó en Brasil la Reforma Administrativa del Estado, además de provocar el ataque especulativo a la moneda que llevó al gobierno a elevar las tasas de interés e imponer un paquete de medidas fiscales.
El proyecto, presentado al Congreso Nacional por el presidente Fernando Henrique Cardoso hace más de dos años, estaba amenazado en la Cámara de Diputados hasta el "susto" provocado por la fuga de capitales desde la última semana de octubre .
La necesidad de reducir la dependencia del país en relación al aporte continuado de recursos extranjeros urgió a los parlamentarios a votar finalmente las enmiendas constitucionales que apuntan a sanear las finanzas públicas y consolidar la confianza en la economía nacional.
Bajo presión de la nueva situación y del gobierno, los diputados aprobaron la noche del miércoles la enmienda que permite al Estado central reducir sus funcionarios y reorientar sus funciones.
Por 351 votos contra 134 se aprobó el proyecto en términos genéricos.
Como se trata de enmienda constitucional, se exige el voto favorable de por lo menos 60 por ciento de los 513 diputados, es decir 308, una mayoría dificil de conseguir incluso para la coalición gubernamental, que reúne a todos los grandes partidos.
Aún asi la disposición más polémica, la supresión de la estabilidad laboral de los funcionarios públicos, será votada recién la próxima semana. Los propios líderes del oficialismo temen no mantener la mayoría necesaria.
La proximidad de las elecciones, que tendrán lugar en octubre de 1998, aumenta la resistencia de parlamentarios a aprobar medidas impopulares como ésta, que puede determinar el despido de centenares de miles de funcionarios.
"Ganamos la primera batalla, pero la lucha continúa", advirtió el diputado oficialista Luis Eduardo Magalhaes.
En el Estado trabaja un cuarto del total de los trabajadores formales del país, que suman unos 23 millones y están en decadencia. El gobierno central tiene unos 540.000 funcionarios. Los estados, municipios y empresas estatales emplean cerca de diez veces más.
La mayoría gana bajos salarios, pero es compensada por ventajas como una protección total contra despidos y una jubilación precoz con el mismo sueldo de los funcionarios activos, en contraste con los trabajadores del sector privado, que sufren una fuerte merma en sus ingresos al retirarse.
La reforma administrativa cuenta a favor la desesperación de los gobernadores estaduales, cuyo presupuesto en muchos casos es destinado casi totalmente al pago de sus funcionarios.
En Brasil hay una ley que fija en 60 por ciento de la recaudación fiscal el máximo que los gobiernos estaduales y municipales pueden destinar a gastos salariales.
Pero existen algunos que destinan más de 90 por ciento y no disponen de medios legales para cumplir la legislación, porque los funcionarios son "estables". El fin de la estabilidad definida en la Constitución permitiría reducir los gastos al límite legal.
"La reforma representará el dspido de 280.000 funcionarios municipales", estimó el diputado socialista Alexandre Cardoso.
Por la parte ya aprobada de la reforma, los gobernantes ya pueden despedir funcionarios por ineficiencia comprobada y colocar en disponibilidad a los ociosos, una especie de jubilación anticipada con remuneración proporcional al tiempo de trabajo.
Además se fijó un sueldo máximo en toda la administración estatal de 12.720 reales (11.460 dólares), para eliminar los altos sueldos que algunos funcionarios obtienen por artificios legales que permiten ir acumulando distintas remuneraciones.
Pero ése es un punto que el Senado deberá modificar o excluir de la reforma, según observadores políticos de Brasilia, porque son muchos los parlamentarios que ganan más de ese techo, acumulando jubilaciones y sueldos.
La reforma administrativa puede conducir al ahorro de 4.500 millones de dólares anuales, se estima. Otras enmiendas, como la que modifica el sistema de previsión social, prolongando la edad de jubilación, busca frenar otra fuente de déficit fiscal.
Para el Ministerio de la Administración Federal, que impulsa la reforma, el objetivo es principalmente adaptar el Estado a las funciones actuales, es decir la formulación de políticas públicas y cuestiones de soberanía.
Eso exige cambiar el "perfil de los funcionarios", ya que actualmente dos tercios de ellos son operacionales o administrativos, mientras faltan formuladores, diagnosticó Claudia Costin, secretaria ejecutiva del Ministerio. (FIN/IPS/mo/dg/ip- lb/97
