El Estado está perdiendo en Brasil una de sus funciones históricamente más importantes, la de ofrecer empleos en gran cantidad y contribuir así a la organización y la unidad nacionales.
El golpe decisivo a ese carácter empleador ocurrió la noche de este miércoles, cuando la Cámara de Diputados aprobó que los funconarios dejaran de gozar de inamovibilidad, el punto más polémico de la enmienda constitucional que abre paso a la reforma administrativa estatal.
Con esa medida, los gobiernos estaduales y municipales podrán reducir su personal para que sus gastos salariales no superen el 60 por ciento del presupuesto.
Ese límite fue fijado por una ley ordinaria hace varios años pero no se aplica hasta ahora porque la Constitución asegura a los funcionarios estabilidad en las plantillas.
No se conoce con exactitud el total de trabajadores del sector estatal, pero se estima que superan los seis millones, más de la cuarta parte del total de empleos formales existentes el país, que alcanzan unos 23 millones y están en descenso.
El diputado Alexandre Cardoso, del opositor Partido Socialista Brasileño, estima que la enmienda aprobada por los diputados llevará al despido de 280.000 funcionarios municipales.
Ello se debe a que 4.000 de los 5.506 municipios brasileños gastan en sueldos cerca de 75 por ciento de sus presupuestos.
El gobierno federal ya anunció que despedirá a 33.000 de los 55.000 funcionarios que tiene contratados sin concurso, es decir que no son protegidos por el estatuto de la estabilidad.
En los 27 estados del país, con pocas excepciones, también los gastos salariales superan el máximo legal.
Hay casos en que exceden el 90 por ciento del presupuesto, como Espíritu Santo, en el centro-este, cuyo gobernador Victor Buaiz rompió con la izquierda para defender la reforma y los despidos.
La Red Ferroviaria Federal, por ejemplo, llegó a emplear más de 90.000 funcionarios en los años 80 y los redujo a 22.000 al prepararse para la venta de sus ferrocarriles al sector privado en los tres últimos años.
La Compañíia Energética de Sao Paulo, que será privatizada en 1998, tenía 20.000 empleados hace dos años. Los bajó a 9.300 y planea reducirlos a 7.000 en enero. Casos de ese tipo son una constante en el casi centenar de estatales ya transferidas a privados desde 1991.
El comentarista político Villas-Boas Correa se dijo sorprendido por la aporbación de una medida impopular como el quiebre de la estabilidad del funcionario público diez meses antes de las elecciones.
La enmienda depende aún de la aprobación del Senado, pero en esa casa legislativa el oficialismo disfruta de una mayoría más segura. Entre los diputados fue necesario un gran esfuerzo del gobierno y de líderes partidarios para alcanzar los 326 votos necesarios, contra los 154 que se opusieron.
Para modificar la Constitución se exige una mayoría de 60 por ciento de diputados y senadores. En la Cámara eso representa un mínimo de 508 votos favorables, sobre un total de 513, meta dificultada por la usual ausencia de muchos diputados.
Este triunfo del gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso puede ser acreditado a la crisis financiera de Asia. El proyecto, en debate hace casi tres años, enfrentaba resistencias que tienden a ampliarse al acercarse las elecciones de octubre.
Reducir gastos y déficit públicos para hacera la economía nacional menos vulnerable a ataques especulativos se convirtió en necesidad inaplazable ante los efectos de la caída de las bolsas asiáticas, que provocaron en Brasil la pérdida de 8.309 millones de dlares de reservas cambiarias en octubre.
Esta nueva situación de emergencia permitió al gobierno presionar a los parlamentarios por una rápida votación y la aprobación de la enmienda. En febrero el Senado concluirá el proceso, prometió el presidente de ese órgano, Antonio Carlos Magalhaes.
El ministro de Administración y Reforma del Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, estimó a su vez en 10.000 millones de dólares la reducción de gastos estatales que se logrará en las nuevas condiciones.
La justificación de la reforma administrativa que se esgrimía antes era la necesidad de modificar el Estado, para llevarlo a un papel de mero formulador de políticas y regulador, lo que exige mayor capacitación.
Con menos funcionarios y con las privatizaciones la presencia del Estado se verá fuertemente reducida, especialmente en los rincones del interior del país, donde es factor de organización social y sus empleados una referencia del poder. (FIN/IPS/mo/dg/ip- if/97)
