Un nuevo llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a involucrarse en el conflicto de Argelia se encontró con el obstáculo de siempre: la exigencia argelina de que el foro mundial se mantenga al margen.
Amnistía Internacional, el Consejo de Mujeres Arabes, el Instituto Arabe-Estadounidense, el Consejo Estadounidense Musulmán, Ayuda Estadounidense a los Refugiados de Medio Oriente, la Asociación Nacional de Arabe-Estadounidenses y el Comité Antidiscriminación Arabe-Estadounidense urgieron a la ONU a celebrar una sesión especial sobre las masacres de Argelia.
"La violencia en Argelia… alcanzó niveles sin precedentes, con miles de civiles muertos y otros miles forzados a abandonar sus hogares", destacaron los siete grupos en una declaración conjunta publicada el lunes.
"El alcance y la brutalidad de las recientes masacres son incomprensibles. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados, decapitados, mutilados y quemados vivos en sus casas. Algunas de las matanzas, que duraron horas, ocurrieron al lado de barracas del ejército y puestos de fuerzas de seguridad", añadieron.
Abderrahim Sabir, presidente del Grupo de Coordinación de Africa Septentrional de Amnistía Internacional/Estados Unidos, explicó que el objetivo del pedido de sesión especial consiste en "descubrir quién está matando a quién".
La determinación de las responsabilidades en las masacres no sólo beneficiaría al gobierno de Argelia, sino que contribuiría a poner fin al conflicto, arguyó.
"Esperamos que Argel acepte nuestro llamado a una investigación sobre derechos humanos", manifestó Sabir. Pero el gobierno recela de toda intervención foránea y rehusó varias veces las ofertas de ayuda del foro mundial en los últimos meses.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, señaló en septiembre que las masacres "no pueden considerarse un asunto interno" y exhortó a una mayor participación internacional en la crisis.
Mientras el Frente Islámico de Salvación (FIS) de Argelia aprobó la oferta de Annan, el gobierno del presidente Lamine Zeroual la rechazó.
"El presidente Zeroual afirmó que su país cuenta con los medios, la capacidad y las instituciones necesarias para manejar la situación por sí mismo", declaró Annan tras discutir sobre la crisis con el mandatario argelino.
Sin embargo, "se precisan dos para bailar el tango", concluyó el secretario general.
A la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, no le fue mejor cuando trató de convencer a las autoridades argelinas de la necesidad de una intervención internacional en la crisis.
Robinson admitió que tiene "claras diferencias sobre el concepto de soberanía" con el gobierno de Zeroual, el cual rechazó sus esfuerzos por promover una investigación de derechos humanos en el país norafricano.
"En este mundo tan complejo e interrelacionado, una crisis como la de Argelia no puede considerarse un asunto nacional. Muchos maestros son matados a hachazos en frente a los estudiantes, numerosos niños sufren traumas irreparables, y esto debe ser causa de preocupación internacional", dijo Robinson.
"Es hora de que el gobierno de Argelia se dé cuenta de que la protección de los derechos humanos no es un 'asunto interno', y que ningún país, incluido el suyo, está por encima de la seguridad internacional", dijeron los siete grupos en su declaración.
"En un momento en que sus ciudadanos son asesinados en masa semana tras semana, el gobierno debería aprobar con beneplácito, y no rechazar, la atención internacional destinada a proteger esas vidas", exhortaron.
La respuesta de Argelia a las varias ofertas de apoyo internacional ha sido invariable: luego de cada propuesta, la cancillería emite una declaración oficial en la que atribuye las matanzas al terrorismo, afirma que la situación está bajo control y exhorta a los gobiernos extranjeros a no interferir en sus asuntos soberanos.
El embajador de Argelia ante la ONU, Mohamed-Salah Dembri, dijo en su más reciente declaración que "en ningún momento" su país consideró la posibilidad de permitir a un equipo de derechos humanos de la ONU investigar las masacres, mientras el gobierno reiteró que "la situación está bajo control".
El gobierno de Argelia ha luchado contra los radicales islámicos durante cinco años con el respaldo de los militares tras la anulación de la segunda ronda de elecciones en 1992, en la que el FIS, entonces un partido legal, obtuvo la mayoría.
Desde entonces, al menos 20.000 personas murieron, tanto a manos de las fuerzas del gobierno como del Grupo Islámico Armado. Cientos más fueron asesinados desde el pasado verano. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/ml/ip-hd/97
