La oleada privatizadora de los servicios públicos domiciliarios en América Latina es uno de los temas de interés para el 15 congreso de la organización mundial Consumers International (CI), que se realiza en Santiago de Chile.
La oficina de CI para América Latina y el Caribe, con sede en esta capital, realizará en enero un seminario regional que marcará la tercera fase de un proyecto a cargo de la abogada argentina Andrea Botto, especialista en Desarrollo y Cooperación.
Los 550 delegados de todo el mundo que asisten al congreso de CI inaugurado este lunes y que culmina el viernes, intercambian experiencias sobre la participación activa de las organizaciones de consumidores en la regulación de los mercados.
El ejercicio de la ciudadanía en el ámbito del consumo es planteada como una dimensión de los derechos humanos, en que la población debe demandar transparencia, reglas claras y calidad tanto a los proveedores como al Estado.
Esta premisa se aplica ahora también a los servicios públicos de electricidad, agua potable, telecomunicaciones y gas, que desde 1990 comenzaron a ser privatizados a distinto ritmo en casi toda América Latina, señaló Botto a IPS.
"Estamos viviendo un cambio de la filosofía dentro del tema. Hemos pasado de un Estado proveedor de estos servicios públicos domiciliarios a una situación en que los privados prestan el servicio y el Estado sólo regula", explicó la experta.
Las implicaciones y consecuencias de este cambio constituyen un tema nuevo, que CI comenzó a investigar en octubre de 1996 con un programa piloto sobre Consumidores y Servicios de Utilidad Pública en América Latina (Consupal).
El programa incluye un completo estudio en el terreno de los procesos privatizadores y de los sistemas de regulación de los servicios públicos domiciliarios en cinco países de la región: Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.
La energía, el agua potable y las telecomunicaciones fueron desde sus orígenes monopolios naturales del Estado en América Latina, con servicios que, pese a cuestionarse su calidad, tenían como principio la cobertura para toda la población.
Las privatizaciones, señaló Botto, conllevan el criterio de que ahora acceden a estos servicios sólo quienes pueden pagarlo, aún cuando se supone que el Estado establece normas de interés público para negociar su traspaso a los particulares.
"Pero el interés público en estos casos no siempre coincide con el interés del consumidor", señaló la abogada, ya que los procesos privatizadores tienen generalmente como objetivo reducir el déficit fiscal y atraer inversiones.
El ingreso de inversionistas extranjeros, como los chilenos en las empresas eléctricas argentinas y últimamente los españoles en el sector eléctrico de Chile, torna más complejo el cuadro, por la internacionalización, que se da también en las telecomunicaciones.
"Los marcos regulatorios establecidos por los gobiernos en el proceso de privatización no prevén la participación de los consumidores, cuyas organizaciones deben por tanto tomar el tema y crear formas de participación", dijo Botto.
El programa que realiza la oficina regional de CI en los cinco países escogidos permitió ya estudiar los marcos regulatorios, en términos de la cobertura que brindan las empresas, sus niveles de precios, la calidad y la transparencia de su gestión.
En una segunda fase de Consupal se están elaborando recomendaciones tanto en lo que respecta a calidad y precio de los servicios, como a la organización de los usuarios a través de redes de consumidores.
"Los que estudian el tema de la privatización de los servicios públicos domiciliarios lo hacen más bien desde las empresas y no desde la perspectiva del consumidor", comentó la experta.
"Nuestro objetivo es promover que las organizaciones de consumidores se apropien del tema y se capaciten en él, para que comiencen poco a poco a dar pasos ante el Estado y las empresas para tener participación e incidencia", explicó Botto.
Hasta ahora, la relación habitual del usuario con el proveedor de un servicio de energía o teléfono es de carácter individual, en que se reclama por fallas en la calidad del servicio o irregularidades en el cobro de las tarifas.
"Para nosotros, este no es un problema de reclamos individuales, sino de participación de los ciudadanos en las políticas regulatorias. Se deben definir las reglas del juego contemplando los intereses de los consumidores", señaló la experta de CI.
Los criterios que emanen del congreso de CI y de la conferencia de enero permitirán un diagnóstico regional sobre el tema, que incorpore los aspectos de interés para las comunidades, así como el trazado de las futuras líneas de acción.
Las experiencias mundiales de privatización de servicios, como en el caso de Gran Bretaña, demuestran que los precios aumentan y el acceso se limita, mientras los mecanismos de regulación y fiscalización enseñan falencias.
Botto subrayó que, en materia de servicios, el usuario es un consumidor cautivo, y en este sentido las organizaciones de consumidores deben levantar la bandera de la responsabilidad social, para exigir transparencia, calidad y precio justo a empresas monopolicas que han heredado un patrimonio estatal. (FIN/IPS/ggr/ff/dv-if/97
