Empresarios pesqueros, marinos mercantes y ambientalistas de Argentina, con diferentes intereses entre sí, coinciden en un punto: la captura de merluza Hubbsi, principal especie marítima, está al borde del colapso.
Hasta tal punto la especie más común en aguas argentinas está siendo sobreexplotada, que muchos temen que ni siquiera la ley de pesca que fue aprobada este mes por la Cámara de Diputados y espera ser reglamentada consiga detener la avidez por su captura.
La merluza representa 50 por ciento del total que se obtiene en el mar argentino y sus principales destinos son la Unión Europea y Japón. Su carne blanca se convirtió en uno de los alimentos más comunes de la mesa nacional, y más baratos.
Sin embargo, el exceso de pesca sobre los límites permitidos durante siete años consecutivos está amenazando al recurso, símbolo del caladero del Atlántico sur. Allí también subsisten otras especies amenazadas como el calamar, el langostino y la merluza negra.
Emiliano Ezcurra, experto en pesca de la organización ambientalista internacional Greenpeace, dijo a IPS que para este año la captura máxima recomendada de merluza Hubbsi era de 395.000 toneladas, pero la pesca declarada ya llegó a 500.000 toneladas sin que nadie ponga freno.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca admitió en octubre su preocupación por el fenómeno y tomó una serie de medidas como vedas, control de capturas, penas más severas a los infractores e inspectores a bordo, además de inspecciones sorpresivas.
Pero las medidas no fueron suficientes. "La Secretaría debería cerrar el caladero en cuanto se pasa el límite", sostuvo Ezcurra que promovió una protesta frente a esa sede oficial con militantes de Greenpeace disfrazados de merluzas lagrimeantes.
Más aún, las estimaciones no incluyen lo que se descarta. Si lo hicieran, el cálculo de merluzas pescadas ascendería a 800.000 toneladas, aseguró Ezcurra, alarmado porque ya hay menos de 30 por ciento de la biomasa total que aún no llegó a la etapa de desove.
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero considera que para mantener un recurso se necesita 30 por ciento de ejemplares jóvenes. La merluza hoy no llega a ese porcentaje, por lo que debería frenarse la pesca para que no desaparezca la especie en el corto plazo.
"La merluza está mostrando signos de colapso. Cada vez hay que ir más lejos a buscarla y permanecer por más tiempo a la espera de llenar los depósitos" de los barcos congeladores, fresqueros y costeros, que son los que hacen el trabajo, explicó Ezcurra.
Lo mismo opinó el ex director del Instituto de Investigación Pesquera, Antonio Malaret, quien observa que la merluza, un recurso en expansión hasta hace pocos años, "está ahora al borde del colapso" por la caída en los rendimientos y la edad de los ejemplares pescados.
El director del Centro de Capitantes de Ultramar, Horacio Angriman, también dijo a IPS que el personal de los barcos observa que hay menos pesca y que los ejemplares son más pequeños porque no se les da tiempo a desarrollarse ni, por tanto, a reproducirse.
"Hay un descontrol tácitamente consentido por las autoridades que este año nos llevó al borde del colapso", aseguró Angriman.
La preocupación es generalizada y coincidente entre todos los sectores vinculados de una u otra forma a la actividad. Pescadores, empresarios, armadores, ambientalistas y sindicatos temen que lo que fuera el recurso más abundante de la costa termine desapareciendo.
La captura máxima permitida está en 395.000 toneladas desde 1989, cuando los permisos eran irrestrictos y la flota no se había desarrollado como lo hizo en los años 90. Entre 1989 y 1997, las capturas declaradas se duplicaron y aumentó constantemente el abuso de pesca.
En 1991, se sobrepasó por primera vez el mínimo recomendado y desde entonces se pescó cada vez un poco más. Hoy, las capturas ilegales duplican el número de toneladas fijado como tope.
Los niveles de sobrepesca preocupan seriamente a los empresarios, que desde hace meses piden al gobierno que intervenga para frenar la depredación. La industria local tiene 1.000 barcos y 150 plantas en tierra, suficiente para pescar todo lo que hay.
No obstante hay numerosos barcos extranjeros que pescan dentro de las 200 millas marítimas o en el límite, donde desovan las especies.
Todos los que intervienen en la actividad reclamaban una ley y celebran que se haya aprobado una, pero no los conforma. Capitanes y ambientalistas temen que el artículo que crea un sistema de cuotas individuales transferibles aumente la concentración.
Ese sistema, que se aplicó en distintos países, plantea que cada barco tiene una cuota y la suma equivale a la captura máxima permitida. "El problema es que hay grupos financieros que pueden comprar 30 por ciento de los permisos de pesca de una especie", dijo Ezcurra.
Con este sistema se favorece el descarte porque para que la cuota rinda al máximo se tiran los ejemplares que no sirven.
Los expertos como Malaret consideran que es necesario desarrollar artes de pesca que liberen a los más pequeños o promover el crecimiento de una industria con mayor valor agregado para la exportación, y no aumentar la actividad en la etapa extractiva. Pero no son escuchados.
El Código de Conducta para Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), recomienda que para legislar sobre pesca se consulte a todos los que intervienen en el proceso, pero eso no ocurrió en el caso de la ley argentina.
Angriman observó no sólo el problema de la eventual concentración de la actividad que podría producirse con el sistema de cuotas, sino que también advirtió sobre un asunto que se plantea dentro de los buques donde se inhibe la actuación de quienes deberían controlar.
En los barcos congeladores y arrastreros, donde operan los capitanes argentinos, la mayoría de los tripulantes que son técnicos de pesca son extranjeros, casi todos españoles. "En ellos reside el poder real sobre el buque, por encima de los capitanes", afirmó.
"En un contexto de alto desempleo como el que vive Argentina, donde de los 2.000 afiliados al Centro de Capitantes sólo 700 trabajan, se tiende a cuidar más el empleo que el recurso natural", dijo Angriman para explicar este fenómeno de insubordinación.
A su juicio, la nueva ley debería considerar que en los buques disminuya el personal extranjero en favor de los nacionales que no sólo son pasibles de sanciones si depredan sino que tienen un interés mayor en que sobreviva el recurso para que la actividad continúe. (FIN/IPS/mv/ag/dv-en/97
