Un plan para liberalizar las inversiones y dar más poder a las corporaciones multinacionales dañará el medio ambiente en Africa y erosionará la soberanía de los países pobres, advirtieron el viernes 28 grupos ambientalistas en esta capital.
El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), negociado por países industrializados de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a ser firmado en abril, causará más perjuicios a Africa, dijo Jagjit Plahe, economista de la organización no gubernamental (ONG) EcoNews.
El acuerdo "implica que cualquiera puede entrar a nuestro país, contaminar el medio ambiente y salirse con la suya", aseveró la activista, quien participa en Nairobi en una reunión de 27 ONG para discutir el proyecto.
Las negociaciones del AMI comenzaron en 1995. Bajo la propuesta, los inversores extranjeros tendrán derecho a instalar negocios en países en desarrollo sin supervisión, y a ser tratados en pie de igualdad con los inversores locales.
Además, sugiere que los países anfitriones deben proteger a los inversores prohibiendo exportar activos de las empresas sin compensación, y eliminar las restricciones a la repatriación de las ganancias a otros países, según una copia del borrador del acuerdo distribuida en la reunión.
Si un país miembro no logra cumplir con estos términos, cualquiera sea la causa de la disputa, la corporación afectada podría buscar justicia ante una corte, según la propuesta.
Las ONG afirman que el acuerdo propuesto está lejos de respetar la declaración de la Cumbre de la Tierra de 1992, la cual hace un llamado a integrar las políticas ambientales al desarrollo económico, un factor que emergió como requisito clave para todas las inversiones.
Un artículo de Nick Mabey en el boletín del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sostiene que el acuerdo presiona a favor de los intereses de las corporaciones más que del desarrollo sostenible, y, que, "a la vez, pasa por alto muchos temas ambientales".
"El AMI utiliza las 'dificultades técnicas' de incorporar material ambiental significativo y disposiciones de derechos humanos como excusa para dejar al medio ambiente fuera del acuerdo", alega Mabey en su informe de cuatro páginas.
ONG temen que el AMI sea utilizado por países de la OCDE para acceder a fuentes de materia prima baratas en Asia, Africa y América Latina.
Plahe planteó que, como los términos del AMI son vinculantes, los inversores extranjeros pueden utilizarlos para pasar por alto las leyes ambientales.
Con la excepción de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que obliga legalmente a sus países miembros, los demás tratados ambientales no son vinculantes, dijo Plahe.
Un resumen del borrador del AMI presentado por Oxfam, con sede en Gran Bretaña, revela que la Unión Europea, Estados Unidos y otros países industrializados pretenden reglas más amplias bajo las Disposiciones de Inversión Relacionadas al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El AMI busca desregular por completo la inversión extranjera.
Las ONG denuncian que las negociaciones del AMI han sido conducidas en secreto desde 1995 hasta febrero de este año, cuando el acuerdo-borrador apareció en Internet.
Los grupos defensores del medio ambiente también alertan que la mayoría de los países de la OCDE, como Estados Unidos y Canadá, no asumieron importantes compromisos ambientales como la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero.
Cuando la confernecia internacional sobre cambio climático comience en Kioto el 1 de diciembre, la mayoría de los miembros de la OCDE, en particular Estados Unidos, Canadá y Francia, serán reconocidos como países que producen niveles inaceptables de emisiones de gases invernadero, estimadas en más de 14 toneladas métricas anuales por persona en cada país.
Según Plahe, las ONG y otros miembros de la sociedad no fueron los únicos dejados a un lado de las negociaciones del AMI, ya que incluso los puntos de vista de ministros de comercio de los países de la OCDE no fueron incluidos.
Sin embargo, el libro "Corporaciones Transnacionales" publicado por la OCDE en diciembre del año pasado sostiene que la organización mantuvo extensas consultas con ONGs y la sociedad civil.
Atsango Chesoni, integrante de la sección en Kenia de la Federación Internacional de Mujeres Abogadas (FIDA), dijo que el AMI viola leyes laborales y de bienestar social garantizadas en las Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Si es ratificado, el acuerdo pondrá los derechos de las corporaciones por encima de los derechos de la gente, dijo Chesoni. (FIN/IPS/tra-en/ja/mn/pm/lp/97
