Grupos defensores del medio ambiente acusaron al gobierno de Nicaragua de permitir ilegalmente a una corporación asiática devastar la mayor selva de América Central en tierras propiedad de comunidades indígenas.
"Demandamos que el gobierno respete los derechos legales de los miskitos, sumu, rama y otros pueblos indígenas de la costa caribeña de Nicaragua, y detenga la devastación de una selva irreemplazable", exigió Soren Ambrose, de la Red Nicaragua, con sede en esta capital.
Tras una creciente tendencia en América Latina de otorgar concesiones a empresas madereras asiáticas, en particular en la Amazonia, el gobierno nicaragüense permitió a Solcarsa, subsidiaria de la corporación sudcoreana Kum Kyung, cortar madera de la selva a lo largo de la costa atlántica del país centroamericano.
A cambio de la promesa de invertir 20 millones de dólares en el área, Solcarsa puede talar 62.000 hectáreas de selva situadas en tierras históricas de la comunidad Awas Tingni, acusó Ambrose.
Según activistas, el gobierno nicaragüense pasó por alto una decisión de 1997 de la Suprema Corte de Nicaragua según la cual las concesiones son ilegales.
Grupos ambientalistas en Nicaragua como JA! y Estados Unidos como Native Forest Network y Rainforest Action Group, urgen a Managua a que haga cumplir la ley.
La tala "viola las leyes de exportación de caoba y el derecho de los pueblos indígenas de la región a determinar el uso de los recursos naturales bajo la Ley de Autonomía de 1987", dijo a IPS Armstrong Wiggins, abogado nicaragüense del Indian Law Resource Center, con sede en Estados Unidos.
Bajo la ley de Autonomía, la tierra concedida a Solcarsa no puede ser vendida y el "estado natural del país debe ser preservado" porque es propiedad de las comunidades indígenas locales.
Ambientalistas alegan que la concesión destruirá áreas irreemplazables de selva, cursos de agua y hábitats necesarios para la vida silvestre cerca de la reserva nacional Bosawas.
Avram Lee, gerente coreano de las operaciones madereras de Solcarsa, dijo en una entrevista a la prensa el año pasado que estaba interesado en hacer negocios de largo plazo en el área, y que no quería reunirse con los líderes indígenas. "Hicimos un acuerdo con el gobierno", destacó.
"Aunque Solcarsa está haciendo el daño, el gobierno nicaragüense es en gran parte responsable de las violaciones de los derechos indígenas", acusó Wiggins. "Solcarsa nunca fue notificada por el gobierno cuando la Corte Suprema estableció que las concesiones eran ilegales".
Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) investiga la supuesta omisión del gobierno nicaragüense de hacer cumplir la decisión judicial.
El Ministerio de Medio Ambiente de Nicaragua impulsó la aprobación de la concesión a pesar de la decisión de la corte, sostuvo Jennifer Fenner, de CEPAD, una organización de la iglesia nicaragüense que trabaja con comunidades indígenas en la zona autónoma.
CEPAD sostiene que el Consejo de la Zona Autónoma debe "considerar la necesidad de estabilizar el desarrollo en la nación, en especial la costa atlántica".
Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente no estuvieron disponibles para hacer declaraciones a IPS.
Solcarsa, también conocida como Sol del Caribe, comenzó a construir carreteras dentro de la selva. Una comunidad indígena llamada Fenicia ya fue reubicada cuando la compañía instaló una planta de procesamiento de madera, dijo Ambrose.
Grupos afirman que la empresa hará su camino por sobre muchas otras comunidades en la selva.
Cada familia Fenicia recibió la oferta de 150 dólares para reubicarse, y si se negaron, como muchas hicieron, autoridades locales y miembros del ejército los obligaron a trasladarse, dijo Wiggins.
Otra comunidad indígena, la Awas Tingi, también testificó que fue presionada para aceptar contratsos con Solcarsa.
Comunidades sumu, ya afectadas por la contaminación con mercurio y cianuro en el río Bambana, se encuentran ahora en el área vendida a Solcarsa, dijo Ambrose.
La consesión incluye el área de Wakamby, un gran trozo de la antigua selva tropical rica en caoba situada entre la localidad minera de Rosita y la Reserva Bosawas.
Gente indígena que vive en la reserva denuncia que también es talada ilegalmente con consentimiento no oficial del gobierno, dijo Ambrose.
Tras haber destruido gran parte de sus propias selvas con la tala indiscriminada, corporaciones multinacionales de Indonesia, Malasia, Filipinas, Birmania y Corea del Sur llegan a América Latina, donde aún hay árboles en pie.
Estas multinacionales de la madera, sobre la ola de la liberalización económica, aceleraron con éxito la privatización de las selvas tropicales, destacó Fenner.
Nicaragua, agobiada con una deuda externa que supera en seis veces su producto interno bruto, se vio obligada a abrir la extracción de recursos naturales a empresas extranjeras bajo programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los programas de ajuste esructural, según Fenner, "facilitan la explotación de corto plazo de recursos naturales valiosos en beneficios de inversores multinacionales".
La semana próxima, grupos de Nicaragua y América Latina celebrarán un día de acción internacional contra las concesiones. En una declaración, los grupos solicitaron al presidente nicaragüense, Alberto Alemán, que detenga de inmediatamente la tala en el área.
El propósito de la medida de acción es hacer saber a Alemán que la comunidad internacional sabe que su gobierno actúa en violación de una decisión de su propia corte, destacó Ambrose. (FIN/IPS/tra-en/dk/lp/en/97
