El ministro de Hacienda de Venezuela, Luis Matos, sobre quien pende una amenaza de censura parlamentaria, propuso que dos "economistas extranjeros" decidan si benefició a su país un reciente canje de bonos de deuda externa.
"Propongo que el Congreso escoja y traiga a dos economistas del exterior para que digan si el canje fue positivo o no. Me acojo a ese dictamen y tomaría la decisión que haya que tomar", dijo Matos al replicar a los presidentes de las comisiones de finanzas del Senado y la Cámara de Diputados.
Pero "si el dictamen me da la razón, debe sancionarse a quienes están realizando todo este sainete, que gracias a Dios todavía no ha comenzado a hacer daño", agregó.
En septiembre, Venezuela cambió 4.000 millones de dólares de su deuda externa en bonos Brady por títulos globales (internacionales) a 30 años, con voraz demanda de los tenedores de papeles y presentada como un éxito del gobierno hasta que el Congreso cuestionó la operación.
Opositores en el parlamento primero llegaron a plantear la nulidad de la operación, lo que habría desplomado el crédito internacional de Venezuela según analistas financieros, pero luego orientaron el debate a pedir la cabeza de Matos.
Responsables parlamentarios en el área de finanzas de los partidos socialcristiano Copei y socialdemócrata Acción Democrática (AD), promueven el voto de censura. Si reúnen dos tercios de votos en Diputados -posible si se suman fuerzas menores- Matos deberá ser destituido.
En los pasillos del Congreso se daba por seguro este viernes que la moción no prosperará, al desentenderse de ella el jefe máximo de AD, Luis Alfaro, concentrado en el problema de la candidatura presidencial para las elecciones de 1998.
La figura más popular de AD, Claudio Fermín, rompió con la dirección nacional y fue expulsado este viernes. El panorama preelectoral venezolano está sacudido y el partido al borde de un cisma.
Matos, militante de AD hasta que rompió con el partido para apoyar en 1993 la candidatura del independiente socialcristiano Rafael Caldera -quien le hizo ministro en 1995- habría lanzado la propuesta del arbitraje internacional a sabiendas de que Alfaro no librará dos batallas a la vez.
Venezuela, cuya deuda pública externa se ubica en 27.000 millones de dólares, refinanció en 1991 los 17.000 millones en manos de 400 bancos mediante la fórmula que acuñó el ex secretario del Tesoro estadounidense Nicholas Brady.
Esa deuda la servía a una tasa de 6,5 por ciento anual con respaldo de bonos del Tesoro estadounidense a su vez apoyados en colaterales del Banco Central de Venezuela, y con amortizaciones crecientes del principal a partir de 1997.
El canje lanzado por Matos significó una reducción del principal y la liberación de obligaciones de su despacho con el Banco Central por 1.300 millones de dólares, a cambio de pagar ahora intereses de 9,3 por ciento hasta el 2027.
Matos invocó al escritor mexicano Carlos Fuentes, según quien "las deudas no se pagan sino que se reestructuran".
El gobierno distanció en el tiempo pagos por el segmento de deuda canjeado y se libró de parte de sus obligaciones con el Banco Central.
Tenedores de Bradys por hasta 7.000 millones de dólares solicitaron su canje por bonos globales porque, con la apertura económica que transita Venezuela, el factor seguridad que ofrecen los colaterales pierde vigencia ante el atractivo de ganar más intereses, con los nuevos papeles.
Pero la operación dividió a los economistas venezolanos. Los catedráticos Alexander Guerrero y Chi Yi Chen la consideraron apropiada, pero para sus colegas Emeterio Gómez y Gustavo García es incorrecto presentar como ganancia para el país el cambio de bolsillo de los papeles, del gobierno al Banco Central.
Los defensores aseguran que la deuda se redujo nominalmente en 441 millones de dólares y fortaleció al Banco Central al liberar activos no disponibles, además de que disminuyen en 120 millones de dólares, cada año, los pagos por concepto de intereses.
El Congreso, con base en un estudio de García, estimó en cambio que la deuda externa de Venezuela, en un plazo de 30 años, se incrementará en 8.500 millones de dólares.
Ante la imposibilidad de que esa guerra de cifras abra paso a algún acuerdo, Matos ha propuesto un inédito arbitraje por expertos financieros internacionales. Esa aparente opción para reabrir el debate podría, más bien, contribuir a cerrarlo. (FIN/IPS/jz/dg/if/97
