Los niños en Venezuela corren alto riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y tortura, maltrato y detención arbitraria, denunció un informe de Amnistía Internacional.
"En el contexto de operativos policiales y del ejército supuestamente dirigidos a reducir el crimen y controlar las fronteras, menores de los sectores más pobres se convirtieron en víctimas silenciosas", sostuvo la organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres.
En lo que va de este año, Amnistía recibió información de al menos 10 casos no confirmados de asesinato y tortura de menores de edad por parte de agentes de las fuerzas de seguridad en Venezuela.
A menudo los menores son retenidos junto a adultos en estaciones de policía debido a la falta de espacio en los centros de detención juvenil.
Durante una visita a uno de esos centros, una delegación de Amnistía encontró a decenas de niños de 12 años que desde hacía hasta dos meses vivían en condiciones degradantes, sin agua, saneamiento ni alimentación adecuada, y sin acceso a atención médica ni asistencia legal.
"Todos los niños fueron víctimas de golpizas brutales de parte de los guardias. Muchos presentaron señales de tortura e incluso huesos fracturados", dijo un experto forense de la delegación.
Amnistía señaló que las autoridades más frecuentemente acusadas de tales abusos son la Policía Metropolitana, la Policía Municipal, la Policía Técnica Judicial, la Guardia Nacional, el ejército, guardias de prisión y otras unidades especiales de seguridad.
Durante operaciones policiales y del ejército, los niños socialmente marginados son objetivos al azar de "violencia extrema" por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
A menudo, los policías colocan armas de fuego en manos de las víctimas o acusan falsamente a éstas de haber iniciado un tiroteo contra los agentes de seguridad.
"El alcance de tales abusos podría ser mucho mayor que de lo que sugieren las cifras disponibles, dado que numerosos casos no son denunciados a las autoridades. Las víctimas más pobres, que viven al margen de la sociedad, permanecen anónimas y son olvidadas", señaló Amnistía.
Además, los intentos por enjuiciar a los asesinos son obstaculizados por la falta de investigaciones independientes y el hecho de que los casos que involucran a fuerzas de seguridad son sometidos a una pesquisa interna antes de presentarse ante la justicia.
El Relator Especial de las Naciones Unidas solicitó en diciembre de 1996 a las fuerzas policiales información estadística detallada "para tener una idea de cuántos agentes fueron castigados por el maltrato de detenidos y qué sanciones recibieron, pero la información fue nula o incompleta".
Las investigaciones también son obstaculizadas por alteraciones de pruebas o intimidación de los involucrados en el proceso.
El presidente de la Corte Suprema de Venezuela dijo al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura que "un juez que recibe una denuncia contra un órgano policial podría fácilmente ser intimidado por el 'esprit de corps' de la policía y no dar trámite a la denuncia".
"Si la policía estuviera auténticamente interesada en purgarse a sí misma, los jueces se sentirían más seguros", comentó el Relator.
Aunque Amnistía señala continuamente su preocupación sobre la inmunidad de que gozan los violadores de los derechos humanos en Venezuela, la situación es "mucho más grave" en el caso de los niños, que en general no pueden acudir a la justicia.
A menudo, se detienen menores arbitrariamente y se les niega el derecho a una defensa apropiada y a una audiencia justa y rápida.
Por ejemplo, el 9 de noviembre del año pasado, dos agentes de la Policía Técnica Judicial que no presentaron una orden de allanamiento revisaron una vivienda familiar en una comunidad indígena en Morichalito, en la región de Guayana, en el estado de Amazonas, para luego detener arbitrariamente a un menor.
Pero la policía en la estación se negó a permitir que un abogado de una organización local de derechos humanos entrevistara al detenido, y aunque el jefe de policía de Guayana fue informado, no se recibió una respuesta, dijo Amnistía.
"La incapacidad del gobierno de Venezuela para dar pasos efectivos y detener las violaciones de los derechos humanos contra los menores es indicio de una negligencia equivalente a la responsabilidad total", afirmó Amnistía Internacional.
La organización urgió al presidente Rafael Caldera a honrar los compromisos de su país con la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. (FIN/IPS/tra-en/dds/lp-ml/hd-pr/97
